Sorpresas de los decretos exprés

La controversia amainó cuando el ministro Vallejo extendió unos días el término. Pero los problemas de la reglamentación exprés van mucho más allá de la brevedad del plazo y del asunto ambiental. De hecho, el Gobierno publicó simultáneamente otros “decretos únicos reglamentarios” sobre justicia, trabajo, transporte y minería. Leerlos es encontrarse con cajas de sorpresas que deberían recibir la atención urgente de periodistas, expertos, legisladores y ciudadanos en general.

La idea misma de los decretos es encomiable: organizar en un solo documento docenas de normas dispares que los gobiernos han expedido en cada una de esas áreas, de forma que el derecho sea más coherente y accesible. Pero ahí, en el fin mismo que se proponen, comienzan a quedarse cortos los decretos. Porque en lugar de “racionalizar y sistematizar el ordenamiento jurídico”, como dice uno de ellos, parecen más una tarea escolar apresurada. A la manera de los estudiantes que cortan y pegan pasajes de un trabajo, los compiladores del Gobierno dejan a la vista las costuras de su labor. En el decreto ambiental abundan inconsistencias, como un mismo término que se define varias veces de forma distinta o un sistema de numeración tan caótico que algunos artículos son identificados como “2.2.10.1.2.221013, 2.2.10.1.1.221012, o 2.2.9.8.2.33963”.

El resultado son compilaciones sin orden ni concierto, donde no es claro qué viene de otros decretos, qué queda derogado y qué normas son enteramente nuevas. Los que deberían ser fuentes de certeza jurídica y claridad para los ciudadanos pueden terminar siendo cajas de Pandora que dejan en vilo las reglas de juego de sectores claves de las instituciones y la economía.

Hay una posible sorpresa tan desagradable que es difícil pensar que haya sido incluida en el paquete sólo por descuido. Se trata de un recurso leguleyo que podría servirle al Gobierno para defenderse de demandas en curso contra normas polémicas que ha dictado, como las que establecieron las “licencias ambientales exprés” el año pasado, o el “decreto navideño” que les quitó a los municipios la facultad de oponerse a la minería en sus territorios. A pesar de que el nuevo decreto ambiental formalmente deroga estas normas, de hecho reproduce su contenido.

El problema es que, en otros litigios, algunos abogados de los gobiernos se han opuesto a demandas similares aduciendo justamente que las normas acusadas ya habían sido derogadas, aunque en realidad habían sido recicladas. “Carencia actual de objeto por derogatoria” es como llaman los abogados ese argumento engañoso. Esperemos que no sea una de las sorpresas que salten de las cajas que apenas estamos desempacando.

Consulte la publicación original, aquí.