Sustituir antes que erradicar, erradicar antes que fumigar

El 26 de junio, la sociedad civil que trabaja por la reforma a la política de drogas celebra el día de acción global de #ApoyeNoCastigue, con la propuesta de resignificar el día de la ONU contra las drogas y a favor de una transformación del paradigma de la prohibición. En Colombia la fecha ha coincidido con la publicación de los resultados del censo de cultivos ilícitos por parte de las Naciones Unidas (UNODC). Los cultivos de coca se redujeron en un 9%, pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019. Reducción que el Gobierno atribuyó a los operativos antinarcóticos más que a la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), a pesar que otro documento de la UNODC declara que el PNIS es una estrategia que tiene una resiembra inferior 0.2%, a diferencia de los datos victoriosos que presentan, la sustitución piensa menos en hectáreas y más en las personas detrás de la coca

El PNIS es el primer plan de sustitución que involucra medidas de reforma rural y no se queda sencillamente en reemplazar la coca con otra cosa. Esta es su principal audacia, pues no se trata sólo de entregar 36 millones de pesos a cada familia para que abandonen la recolección o el cultivo de la coca, además,  al ser un componente de la reforma rural integral del Acuerdo Final de Paz (AFP), el PNIS propone acceso a tierras para población campesina, construcción de infraestructura comunitaria y un aumento de la oferta en derechos sociales. Sin embargo, en la actualidad el programa enfrenta una serie de retos presupuestales y políticos a los que el Gobierno parece no estar dando la respuesta adecuada.

El primer reto es la financiación de la estrategia integral de sustitución. La Dirección para la sustitución declaró que para atender a las 99.097 familias que actualmente están inscritas en el programa, se requieren 3.5 billones de pesos, de los cuales 2,3 billones deben ejecutarse entre el 2020 y 2021. Dentro de estas cuentas no se habla de cuánto dinero se va a destinar para financiar otros programas como “Formalizar para Sustituir”, las pequeñas obras de infraestructura comunal y las demás iniciativas impulsadas desde los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo alternativo. El Estado colombiano adquirió un compromiso con miles de familias, y no cumplir implicaría incumplir una obligación jurídica. Pero para evitar el riesgo de que sólo sea un subsidio a familias, y no una transformación territorial, se deben enlazar las acciones al desarrollo de las obras que necesitan las comunidades para garantizar la sostenibilidad de la sustitución.

El segundo desafío es la situación de las familias que estando en dependencia de los ingresos de la coca, no alcanzaron a ingresar o fueron excluidas del programa. Ya sea porque no hubo un acuerdo regional en las zonas donde viven, porque no superaron los filtros establecidos por la UNODC y la Dirección de sustitución, o porque tuvieron problemas en la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el formulario de vinculación. No sólo preocupa el hecho que sean familias que no están recibiendo en igualdad de condiciones los beneficios del PNIS y de la paz, además, son personas que están enfrentando la violencia de los operativos de erradicación forzada e incluso el eventual retorno de las aspersiones aéreas.

Lo que el gobierno no puede hacer con estas familias, cuyo número es de entre 30 mil y 100 mil, es saltarse el criterio de última herramienta que contiene el AFP sobre las estrategias de reducción de la coca. Es decir, si se toma al AFP como un documento de política pública, que el Gobierno debe implementar buena fe, la prioridad debe ser sustituir en vez de erradicar, y es prioritario erradicar manualmente antes que fumigar con glifosato. El gobierno tendría que demostrar que las estrategias de sustitución definitivamente no se pudieron implementar para estas familias, antes de avanzar con cualquier otra estrategia para eliminar los cultivos ilícitos.

A partir de esta exclusión y violencia sobre las comunidades, surge el tercer reto que es la falta de diálogo para tomar decisiones sobre el programa. El contexto político en el que el Gobierno opta por el discurso y las acciones de guerra contra las drogas junto con la parálisis de las instancias de participación del PNIS y su interinidad institucional, lleva a un punto de perdida de legitimidad para los actores que deben implementar la estrategia. No se entiende por qué la Consejería para la Estabilización sigue hablando a nombre del PNIS, cuando la Dirección de sustitución fue trasladada a la Agencia de Renovación del Territorio.

Es fundamental que el Gobierno reduzca sus acciones belicistas y que abandone los esfuerzos por fortalecer las estrategias más represivas para abrazar decididamente la implementación del punto 4 del AFP. Preocupa que los esfuerzos de la Dirección de sustitución no alcancen un grado de interlocución con las organizaciones sociales que en los territorios se han jugado la vida, lo que ha significado la muerte de muchos liderazgos, por implementar la sustitución.

En el día en que la sociedad civil grita #ApoyeNoCastigue, en alusión a un cambio cualitativo en la política de drogas, hago un llamado público al Gobierno nacional a suspender las acciones de erradicación y mejorar la comunicación, no sólo de los resultados sino de los recursos y procedimientos relacionados con el programa. También es importante que se reactiven las instancias de participación del PNIS para hablar de los retos y ajustes que se requieren, para ello es necesario suspender las acciones de erradicación y el uso de la violencia, ya que mientras haya violencia contra el campesinado será difícil rehacer el diálogo. Quizá una forma muy poderosa de quitar la presión sobre el campesinado cocalero es dejar de medir los éxitos de la política de reducción de la coca a partir de indicadores de la guerra contra las drogas.

Al campesinado cocalero no se le puede castigar por las debilidades en la implementación del acuerdo de paz. Ya pasó una vez y si el gobierno no quiere revivir las marchas cocaleras tiene que aprender de la historia. Es hora de entender que apoyar es cumplir los acuerdos y no castigar es garantizar el acceso a la salud, educación, propiedad o tenencia de la tierra como derechos humanos.

Luis Felipe Cruz es investigador de Dejusticia y miembro de la Coalición de Acciones Para el Cambio – @lfcruzo