Tanto migrantes como campesinos

El manejo de las relaciones exteriores del gobierno Duque genera perplejidades: un día asume compromisos muy positivos en derechos humanos, pero otro día toma decisiones en sentido contrario. Eso sucedió en las últimas semanas en Naciones Unidas, pues decidió apoyar hace pocos días el Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular, que es un paso importante y en cierta forma audaz del Gobierno, dada la crisis migratoria de Venezuela. Pero pocas semanas antes, el 19 de noviembre, el gobierno Duque se abstuvo de apoyar la Declaracion de la ONU sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, que es una decisión decepcionante que el Gobierno no ha explicado suficientemente.

El pacto mundial sobre migración no es un tratado que genere obligaciones vinculantes para los Estados, pero no deja de ser un documento muy importante pues, con el apoyo de más de 150 Estados, establece un marco de acción global para enfrentar en la forma más humana e integral posible el fenómeno de las migraciones.

El pacto parte de unas ideas muy simples: en este mundo dividido en Estados nacionales, las personas no tienen un derecho a migrar a un determinado país; sin embargo, es un hecho que las migraciones ocurren, a veces en forma masiva, como lo muestra Venezuela. Y como los migrantes son personas con derechos, entonces resulta mejor para los migrantes y para los propios Estados receptores que exista un marco concertado de derechos humanos de acción global, pues los flujos migratorios son atendidos en mejor forma cuando se hace multilateralmente en vez de que la carga recaiga exclusivamente en los Estados fronterizos. Por ejemplo, la situación en Europa hubiera sido muy distinta si la migración masiva ocasionada por la guerra en Siria hubiera sido enfrentada concertadamente por la Unión Europea y no por medio de respuestas aisladas y, a veces, contradictorias de los distintos Estados europeos.

Es muy bueno entonces que el gobierno Duque haya votado favorablemente este pacto mundial migratorio y por eso merece ser elogiado. Por el contrario, es incomprensible que se haya abstenido de apoyar la Declaración de derechos del campesino pues Colombia puede y debe proteger los derechos tanto de los migrantes como de los campesinos.

Esta declaración enfatiza que el campesinado tiene condiciones particulares de vida, por sus formas de trabajo y su vínculo especial con la tierra; y que además sufre enormes vulnerabilidades. Por esa razón, la declaración, sin ser tampoco un tratado vinculante, reconoce unos derechos especiales al campesinado por su particular situación, como el derecho a la tierra para que puedan tener, con sus propias prácticas productivas, una vida digna; la protección de sus conocimientos productivos tradicionales y de sus formas culturales; o el derecho al uso de las semillas que ellos produzcan.

Es realmente decepcionante que el Gobierno no haya apoyado esta declaración, que fue votada favorablemente por 119 Estados en la comisión tercera de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues Colombia es un país en donde el campesinado juega un papel social muy importante y ha sufrido profundas injusticias y victimizaciones. Sin embargo, el presidente y su canciller tienen la posibilidad de corregir esta injusticia contra el campesinado, pues la semana entrante se hará la adopción formal de la declaración en la Asamblea General. Y si bien no habrá una votación, la delegación colombiana puede señalar que está de acuerdo con la declaración. Sería un acto mínimo de justicia con el campesinado colombiano, que ayudaría además a la paz.

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