El derecho a vivir y morir sin dolor en las Américas
Lucía Ramírez abril 9, 2018
Vivir y morir sin dolor es un componente muy importante del derecho a la salud. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden a los pacientes acceder a medicamentos paliativos. | Hush Naidoo, Unsplash
Vivir y morir sin dolor es un componente muy importante del derecho a la salud. En consecuencia, los Estados tienen la obligación no sólo de remover los obstáculos que impiden a los pacientes acceder a medicamentos paliativos, sino de promover programas y políticas más flexibles que faciliten el acceso a estas medicinas.
Vivir y morir sin dolor es un componente muy importante del derecho a la salud. En consecuencia, los Estados tienen la obligación no sólo de remover los obstáculos que impiden a los pacientes acceder a medicamentos paliativos, sino de promover programas y políticas más flexibles que faciliten el acceso a estas medicinas.
Carlos tenía 26 años y estudiaba en la Universidad de Maracay en Venezuela. Un día empezó a sentir fuertes dolores en sus brazos y piernas y después de muchos exámenes y visitas al médico le diagnosticaron cáncer. Aunque al principio Carlos recibió el tratamiento que necesitaba, los últimos años de su enfermedad tuvo que sufrirlos sin tratamiento y sin medicamentos, como la morfina, que le ayudaran a soportar los fuertes dolores. Conocí la historia de Carlos a través de Mary, su tía, quien llegó a Bogotá hace un par de meses empujada por una tragedia común por estos días en Venezuela: la escasez de medicamentos. Mary tuvo que migrar pocos días después de la muerte de su sobrino debido a la necesidad de conseguir medicinas para su hijo que sufre de un trastorno mental.
Así como Carlos, muchas personas con enfermedades terminales en Venezuela, viven con terribles dolores que deterioran considerablemente su calidad de vida y la escasez de analgésicos opioides les impide sobrellevar este proceso con dignidad. Según datos de la Asociación Americana contra el Cáncer, más de 23.000 personas mueren de esta enfermedad cada año en ese país. A pesar de ser una cifra considerable, la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa (SOVEMEPAL) calcula que sólo el 10% de los pacientes que requieren cuidados paliativos tienen acceso a estos medicamentos.
La falta de disponibilidad de medicinas en el sistema de salud venezolano hace que quienes las necesitan deban buscarlas fuera del país o en el mercado negro donde los precios son exorbitantes. A pesar de que la morfina tiene un costo relativamente bajo – 2 USD por miligramo, una sola ampolla de morfina de contrabando puede costar entre 12 y 40 USD, mientras que el salario mínimo mensual es de 26 USD. Así, los esfuerzos de amigos y familiares por aliviar el dolor de sus seres queridos son insuficientes pues un paciente con dolor severo puede necesitar entre 3 y 4 ampollas de morfina diarias. En esta situación, muchos pacientes tienen que escoger entre el hambre y el dolor.
Aunque el caso de Venezuela podría parecer excepcional debido a la grave crisis económica por la que atraviesa, el limitado acceso a analgésicos opioides es una de las principales barreras para la garantía del derecho a la salud en muchos países de Centroamérica y Latinoamérica. El estudio “Cuidados Paliativos: el abordaje de salud desde un enfoque de Derechos Humanos”, argumenta que el uso de analgésicos opioides en estas dos regiones sigue siendo relativamente bajo. Para 2015, el promedio de consumo de morfina en el continente fue de 2,21 mg per cápita, excluyendo a Estados Unidos y Canadá donde fue de 89,35 mg per cápita. Así mismo, la Comisión Lancet encontró que los países de ingresos medios y bajos tienen menor acceso a estos medicamentos en comparación con regiones como América del Norte, Europa Occidental y Oceanía, lo que deja a 25 millones de personas en el mundo cada año muriendo con dolores evitables.
A pesar de que muchos de los analgésicos opioides más comunes en el manejo de dolores severos están incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS y que tanto los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud como contra la tortura han afirmado que las fallas de los estados en asegurar el acceso a estos medicamentos vulneran los derechos a la salud y la protección contra tratos crueles, inhumanos y degradantes de los pacientes, persisten múltiples barreras. En una encuesta realizada a autoridades nacionales de medicamentos y profesionales de la salud, se encontró que las principales barreras para acceder a analgésicos opioides en estas regiones son la falta de recursos financieros, las restricciones normativas, sociales y culturales, y la insuficiente educación de los profesionales para prescribir y administrar estos medicamentos.
En Centro América y Latinoamérica los tres países con menor consumo de morfina per cápita son Honduras, Guatemala y Nicaragua antecedidos por Venezuela y Bolivia. En el caso de Guatemala además del desconocimiento y la opiofobia tanto de médicos como de pacientes, una de las principales barreras de acceso son los trámites para la entrega de los medicamentos. Cada formula médica debe ser autorizada por el Ministerio de Salud que está ubicado en la capital del país, lo que evidentemente restringe el acceso para quienes residen en zonas apartadas.
Países como Argentina y Costa Rica cuentan con mejores indicadores de acceso a medicamentos para el manejo de dolor en pacientes con enfermedades terminales y crónicas. Por ejemplo, Argentina cuenta con un programa de provisión de opioides que incentiva la producción nacional y que nace de una alianza “entre las autoridades del Gobierno en materia de salud, autoridades de vigilancia y control de medicamentos, especialistas en cuidados paliativos y farmacéuticos, con el propósito de diseñar presentaciones farmacológicas que fueran de utilidad para el manejo de dolor crónico y severo”.
Costa Rica, por su parte, cuenta con uno de los consumos más altos de morfina en la región —4 miligramos per cápita— lo que se debe a que cuenta con sistema de distribución amplia de analgésicos opioides a través de la red pública de hospitales y farmacias y a la existencia de lineamientos para la prescripción de los mismos. Adicionalmente, estos medicamentos pueden ser administrados en hospicios y a nivel residencial lo que facilita el acceso para los pacientes.
Estos dos países ratificaron la Convención Interamericana sobre personas mayores, la cual establece que los estados deben garantizar la disponibilidad y el acceso a los medicamentos fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. A pesar de la importancia de esta norma internacional y de la incidencia de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Dejusticia, a través de guías y cajas de herramientas para promover su ratificación e implementación, muchos estados aún están en mora de hacerlo.
Vivir y morir sin dolor es un componente muy importante del derecho a la salud. En consecuencia, los Estados tienen la obligación no sólo de remover los obstáculos que impiden a los pacientes acceder a medicamentos paliativos, sino de promover programas y políticas más flexibles que faciliten el acceso a estas medicinas en todos los niveles de atención en salud y con la menor tramitología posible teniendo en consideración las condiciones particulares de quienes sufren enfermedades terminales o crónicas. Para ello, entre otras medidas, es necesario repensarse las políticas nacionales de fiscalización de medicamentos; controlar los precios de los mismos; promover la formación del personal de salud en el manejo de opioides, y fortalecer las asociaciones de pacientes para que exijan el acceso a estos analgésicos. Así, a diferencia de Carlos, muchos pacientes podrán vivir el proceso de su enfermedad más dignamente y morir sin dolor.
