Como el tiempo Wayuu, la mediación es lenta y la búsqueda del acuerdo no solo se da entre los asistentes y el palabrero; además, el putchipuü debe caminar la palabra, llevando la propuesta del arreglo hasta la otra comunidad. Es un ir y venir en el que la palabra fluye por el territorio y, en el que el conflicto, se va armonizando a través de las reglas de derecho propio. Cuando llegamos a la comunidad, antes de las 8 de la mañana, la palabra ya recorría el territorio y cuando terminamos la jornada, alrededor de las 6 de la tarde, la palabra seguía transitando entre las comunidades vecinas.
Habíamos llegado desde Uribia, capital indígena de Colombia, junto al equipo de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai): Zulma Rodríguez, Pablo Berty y Fernando Acosta, quienes además, hacen parte del cuerpo docente del Diplomado en Gobierno Propio y Control Ciudadano. Se trata de un programa creado para fortalecer a las comunidades del pueblo Wayuu en el que, junto a Julián Gutiérrez, colega de Dejusticia, participamos en el módulo de transición energética justa y cambio climático en la Guajira.
En el camino de Uribia a Walakali II, Pablo y Fernando, de troncos Wayuu y Nasa respectivamente, dialogan con dos niñas que acompañarán el taller. Pablo, traductor versátil entre el mundo Wayuu y el arijuna, cuenta que acompañó como intérprete a un equipo británico que estaba grabando un documental sobre productos ultraprocesados y, premonitoriamente, plantea la tesis que condensará las conclusiones de los grupos focales del taller: no es posible entender la transición energética sin referencia a la crisis humanitaria del pueblo Wayuu y, por tanto, sin leerla en el contexto más amplio tanto del extractivismo carbonífero que ha azotado a la Guajira por décadas; como a través de la declaración del estado de cosas inconstitucional (ECI) de la Corte Constitucional en la Sentencia T-302.
El viaje fue de aproximadamente una hora y al llegar a la comunidad nos recibe Maritza Pushaina, quien lidera los procesos comunitarios y su hijo, John Jairo Pushaina, un líder joven que sobresale por tener el respeto tanto de las rancherías y sus familias, de quien es traductor, y de las nuevas generaciones Wayuu, quienes le consultan las decisiones del día a día. El enfoque del diplomado al que estamos asistiendo es intercultural y le da amplia cabida a los saberes bioculturales de las comunidades. Se trata de una apuesta pedagógica que pasa de las rancherías Wayuu, donde llega este centro de estudios itinerante, a la Universidad de la Guajira, que recibe entre otras figuras de los clanes de la Alta y la Baja Guajira, a lideres de los clanes que solo hablan wayuunaiki, intelectuales Wayuu, que de acuerdo a los estándares occidentales, son analfabetas.
Estas lideresas, versadas en las fuentes del derecho Wayuu, gestan una traducción intercultural en la que los conocimientos bioculturales de los clanes le hablan horizontalmente a los saberes técnicos y especializados de los profesores visitantes. Se trata de una apuesta educativa silenciosa que nos recuerda, que tal como la literatura Wayuu, hoy traducida a idiomas occidentales, la investigación acción participativa tiene historia y precedentes de largo aliento en las comunidades más marginadas y excluidas de los llamados centros de producción de conocimiento.
El diplomado está en su tercer año y la idea de sus promotoras es que en este ciclo de cierre se pase de la teoría a la práctica. Después de instalar capacidades, primero, trabajando en los planes de vida de las comunidades y luego en el análisis de la vulneración de los derechos socioambientales que aparecen en la Sentencia T-302, es el momento de operativizar la implementación de la sentencia a través del control ciudadano que se le puede hacer a los planes de desarrollo territorial de los nuevos alcaldes. En este sentido, no es gratuito que se haya incluido un módulo sobre transición energética, pues las comunidades han comprendido que la forma en que se implementen los proyectos de energía eólica tendrán un impacto decisivo en los derechos al agua potable, la alimentación y la salud de las comunidades.
Esto es así, según señalan los participantes en el diplomado, porque si las comunidades no son consultadas ni sus planes de vida tenidos en cuenta a la hora de implementar los proyectos eólicos; entonces, se repetirá la historia de las afectaciones estructurales de los proyectos extractivos que llevan décadas en la región, como la mina del Cerrejón. Y, además, se agravará la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que llevaron a decretar el ECI en la Guajira.
En este sentido, uno de los puntos de discusión más recurrente entre las lideresas que atendieron el diplomado es el de la planeación de estrategias políticas y jurídicas que garanticen que el plan de vida de las comunidades se pueda reflejar en el plan de desarrollo de los municipios. Los lideres Wayuu son conscientes de la diferencia entre su concepción de vida y la de las autoridades municipales. Ello en sí mismo, constituye una brecha traductiva enorme, en la medida que pueden terminar hablando del mismo tema, pero comprendiéndolo desde significados radicalmente diferentes. En este contexto, el lema de Fucai “nuestro centro es la periferia”, se alinea con la necesidad de la coordinación intergubernamental e interjurisdiccional que reclaman las colectividades Wayuu en la implementación de los proyectos de energía eólica. Pues solo así, señalan, se podrá hacer una ejecución de los proyectos eficiente y culturalmente adecuada.
En medio de la traducción simultánea de Pablo y John Jairo, aparece un nuevo símil propiciado por las familias asistentes, para comparar el desabastecimiento de agua y la implementación de los proyectos de energía eólica. Hablan de los 40 carrotanques que compró la Unidad de Gestión de Riesgo para que repartieran agua en las comunidades del municipio de Uribia. La conclusión a la que llegan es tajante: hay carro tanques pero no hay agua, lo que evidencia desde otro ángulo, la distancia entre Bogotá, donde se produce la noticia, y la Guajira, donde el desabastecimiento de agua sigue igual. Comparando este caso con los proyectos de energía eólica, las comunidades anticipan, que se trata de una advertencia respecto a la necesidad de realizar veedurías comunitarias a las inversiones del Estado.
“La inversión hay que dejarla hacer pero las comunidades deben estar atentas a esa inversión. Está bien que lleguen los carrotanques porque eso podría garantizar el cumplimiento de la Sentencia T-302, sin embargo, los carrotanques no llegan a la mayoría de comunidades, entonces, se requieren soluciones interculturales. Si se coordina con las comunidades se podrían encontrar soluciones culturalmente adecuadas a los problemas del agua o de los parques eólicos, en caso contrario, su implementación no se va a lograr”, argumenta con sabiduría una autoridad tradicional, mientras nos traduce John Jairo.
De esta forma, se coincide en que el Estado debe garantizar los derechos, pero al mismo tiempo, en que su implementación debe ser vigilada por las comunidades. En consecuencia, se necesita capacitación para que las comunidades puedan hacer veeduría y entender la lengua del Estado. “Dijeron que saliendo Duque el 70% de comunidades iba a tener agua pero los avances siguen siendo lentos”. Así, la dificultad de coordinación entre el gobierno nacional y el regional es enorme, más aún, considerando que en la Guajira lo regional también supone tener en cuenta la autodeterminación de los gobiernos indígenas. Es un balance muy complicado, incluso, si hay buena voluntad, anota Zulma Rodríguez, cuyo diagnóstico es que muchas veces es mejor mantener lo que hay (micro acueductos, pilas públicas etc.) que hacer nuevas obras, incluyendo, los parques eólicos inconsultos, que no consideran los conocimientos bioculturales de las comunidades.
Tal como el racismo que es una práctica que es estructurada y estructurante al mismo tiempo, en la medida que es una imposición colonial que construye la identidad racializada de ciertos sujetos; la desposesión estructura a los territorios a través de proyectos que naturalizan la desigualdad. Los liderazgos Wayuu concluyen que las lecciones aprendidas de proyectos como el Cerrejón deberían propiciar una mejor implementación de los proyectos de energía eólica, sin embargo, son también conscientes de que los efectos estructurales de la desposesión han propiciado que se reproduzca la lógica que empobreció y dejó en crisis humanitaria a sus comunidades.
Por tal razón, la transición energética debería tener el potencial estructurante de evidenciar que es justa y respeta los derechos de los pueblos indígenas. Para los lideres y lideresas, ello solo será posible palabreando el territorio, tal como lo hizo el putchipuü en nuestra llegada a Walakali II. Es decir, consultando a las comunidades que lo han habitado ancestralmente y obteniendo su consentimiento mediante procesos que se tomen en serio sus saberes bioculturales y su derecho propio.
Sin embargo, el camino de la interculturalidad, no se puede traducir en la romantización de los pueblos indígenas. Por tal motivo, un tema tan complejo como el de la transición energética, precisa la promoción de análisis críticos y reflexivos respecto a las diferentes posiciones de los clanes Wayuu. Este último tema, seguramente, ameritará un nuevo escrito.