Transición energética y derechos humanos en el Sur Global

Durante las últimas seis décadas, la crisis de suministro global de energía ha sido un tema crucial en cada conferencia internacional sobre cambio climático, pues es el principal motor de cualquier economía. Todos los sectores requieren de energía para poder producir sus bienes y servicios. Sin embargo, el sistema energético global ha causado gran dependencia de la extracción de combustibles fósiles (alrededor del 80% de la demanda), cuya quema produce cerca de las dos terceras partes de los gases de efecto invernadero (GEI), así como vulneraciones de derechos humanos asociadas a desplazamiento forzado, precarización de las condiciones laborales, persecución de líderes ambientales y contaminación de fuentes de agua, entre otros problemas que carga principalmente el Sur Global.

Para mitigar la amenaza del cambio climático sobre la existencia humana, los países del mundo, en mayor o menor medida, se apresuran a cumplir su compromiso de reducir los GEI producidos por los combustibles fósiles y así transitar hacia una energía más ecológica y limpia derivada de recursos naturales renovables. A esa pretensión se han sumado los reclamos de justicia en el modelo energético al que se aspira.

La discusión sobre la transición energética surgió en la década de los setenta, entre otras cosas, como oposición al fortalecimiento de la energía nuclear. Las exigencias de justicia, sin embargo, fueron impulsadas por el movimiento sindical en la Unión Internacional de Trabajadores del Petróleo, la Química y la Energía Nuclear (OCAW) para garantizar los derechos y medios de subsistencia de los trabajadores. Lucha a la que se unieron los reclamos del movimiento ambiental sobre el modelo extractivista.

En 2015, luego de importantes avances de otros instrumentos internacionales en la materia, el Acuerdo de Paris logró que todos los países, desarrollados y en desarrollo, hagan su parte y reduzcan significativamente los GEI. Sin embargo, los compromisos sobre los objetivos de emisión que los países se establecen son voluntarios y no están sujetos a ninguna sanción. Además, si bien son mencionados, los derechos humanos han concentrado tímidamente la atención de las discusiones sobre las políticas climáticas.  

El modelo de explotación de petróleo, minerales y gas ha generado graves problemas de derechos humanos, principalmente en los países productores del sur del planeta. Por esto, mientras el planeta sigue el ritmo de la transición energética, también se debe prestar atención a que el cambio de energía derivada de la quema de combustibles fósiles a las renovables sea equitativo, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos desarrolló un indicador de seguimiento sobre la responsabilidad de las principales empresas de energía renovables en el que se advierte la ausencia de políticas para la garantía de los derechos humanos. Asimismo, han identificado 197 denuncias sobre adquisiciones ilegales de tierras, condiciones de trabajo peligrosas, intimidación, daños, falta de experiencia previa, y falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado a los pueblos indígenas y tribales, entre otras, de las cuales América Latina concentra el 61%.

Con todo, es importante tener en cuenta la matriz energética de cada país y las necesidades específicas para enfrentar los impactos del cambio climático. Por ejemplo, Colombia cuenta con importantes fuentes de energía sostenible que deben ser mantenidas y promovidas, en el marco de procesos participativos que involucren a las comunidades locales. De lo contrario, se generan y profundizan los conflictos.

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La generación de energía eólica en La Guajira es un ejemplo reciente de los riesgos que traen las nuevas fuentes de energía limpia si no se adoptan estándares de prevención y garantía de derechos. El pueblo wayúu reclama información, participación efectiva y medidas para evitar la vulneración de sus derechos por los más de 50 parques eólicos que se proyectan, dado que no han sido tenidos en cuenta. Esto se suma al hecho de que Colombia ya ha tenido en el pasado graves denuncias por las consecuencias de la construcción de centrales hidroeléctricas, como las del Quimbo, Ituango y Urrá.

Esta misma tendencia se repite en múltiples lugares del mundo. Al igual que muchos otros países productores de petróleo, Nigeria carece de una estrategia adecuada con respecto a la transición energética y los derechos humanos. Al contrario, la atención del gobierno en el país se encamina a la construcción de nuevas refinerías modulares para aumentar la producción de petróleo, según lo confirmado por el director general del grupo de la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria, pese a los conflictos locales. 

En los últimos tiempos, ha habido cierto nivel de compromiso y reformas legislativas por parte del gobierno de Nigeria hacia el desarrollo de reservas de gas para acelerar la expansión económica del país y atraer inversiones. La Ley de la Industria del Petróleo de 2021 (la “PIA”) recién firmada después de décadas de agitación por parte de grupos de la sociedad civil ha sido fundamental para este proceso. 

Tal como en Colombia, la apuesta por las energías renovables de Nigeria no ha estado libre de problemas. De hecho, se han registrado algunos casos de violaciones de derechos humanos como en la central hidroeléctrica de Jebba (JHEPS), construida entre 1981 y 1983, y que comenzó a operar en 1984. La presa está ubicada en el río Níger, a unos 350 km del estado de Lagos. Dicha hidroeléctrica es una de las tres principales centrales hidroeléctricas del país pero carga con denuncias por el desplazamiento de más de 6.000 habitantes de 42 comunidades.

La ausencia de una política sobre los derechos humanos y la generación de energía alimenta la creciente conflictividad en los territorios. Hasta que decidamos volver sobre nuestros pasos centrándonos en una transición justa, será difícil poner fin a todas las formas de violencia relacionadas con nuestra dependencia de los combustibles fósiles a cualquier precio.