Treinta años de la Corte Constitucional

Esta semana la Corte Constitucional celebró sus 30 años, una conmemoración justificada, pues gracias a su labor Colombia es un mejor país; o, al menos, uno menos malo.

Reconozco que mi valoración positiva de la Corte puede estar sesgada por mis profundos y largos vínculos a esta institución. Fui magistrado auxiliar de la Corte entre 1994 y 2005 y luego conjuez por muchos años. Creo, sin embargo, que mi visión positiva de su rol se funda en elementos objetivos.

La Corte ha tenido un rasgo distintivo: tomó en serio la Constitución y sus derechos, a fin de que no se quedaran en letra muerta. Y lo ha hecho consistentemente desde 1992 y en campos disímiles.

La Corte comenzó con asuntos aparentemente banales, como la posibilidad de que los estudiantes lleven el pelo largo, pero que eran claves ya que mostraron que las libertades serían protegidas también en ámbitos privados muy autoritarios, como los colegios. Esto la llevó a proteger la dignidad humana y la autonomía también en temas más dramáticos, que la enfrentaron a poderes conservadores, como la despenalización de la eutanasia y del consumo de sustancias sicoactivas. Igualmente, la Corte declaró estados de cosas inconstitucionales para amparar los derechos de poblaciones en situaciones terribles, como los desplazados o las personas privadas de la libertad. Y esta labor continúa, como lo muestra la posibilidad de que la Corte despenalice el aborto o la reciente sentencia que ampara el derecho a la vida y seguridad de los desmovilizados de las ex Farc.

La Corte ha logrado así una verdadera “revolución de los derechos”, como lo mostró bellamente el recordado colega Juan Jaramillo, en su obra Constitución, democracia y derechos, de libre acceso en la página de Dejusticia. Gracias a la Corte, la ciudadanía se apropió de los derechos fundamentales, lo cual permitió avances importantes para grupos tradicionalmente discriminados como las mujeres, las minorías religiosas, la población LGBTI, los sindicatos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y, crecientemente, el campesinado y los adultos mayores, entre muchos otros.

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La Corte ha además frenado tentaciones autoritarias. Dos claros ejemplos: i) la inconstitucionalidad de la segunda reelección de Álvaro Uribe, que si hubiera sido aprobada, hubiera minado, tal vez irreversiblemente, el Estado de derecho, como lo muestran los ejemplos de Nicaragua o Venezuela; y ii) el control al abuso de los estados de excepción por los presidentes, que permitió, como lo exponemos en un texto con Mauricio García, que Colombia pasara de vivir más del 80 % del tiempo bajo estado de sitio durante la Constitución de 1886, a menos del 20 % durante la de 1991.

Obviamente, no todo ha sido color de rosa. Por ejemplo el escándalo de corrupción del magistrado Pretelt, ternado por Álvaro Uribe, ha sido un golpe durísimo al prestigio y credibilidad de la institución, aunque conviene recordar que fueron los otros magistrados de la Corte quienes revelaron esos hechos. Y la Corte ha también tomado muy malas decisiones, como las sentencias que anularon, con argumentos débiles, las modificaciones al Consejo Superior de la Judicatura y la creación del tribunal de aforados contenidas en la reforma constitucional del llamado equilibrio de poderes.

A pesar de esos problemas, que no son menores, y de que no es bueno que una democracia dependa tanto del tribunal constitucional, lo cierto es que gracias a la labor de la Corte hoy tenemos más democracia, más derechos y menos discriminación. E incluso otra visión de la relación con la naturaleza por toda la jurisprudencia ecológica de la Corte. Y eso no es poca cosa.