¿Un DANE independiente?

Los Estados autoritarios siempre han buscado manejar la producción y circulación de los datos estadísticos, a fin de manipular y controlar a los ciudadanos. La democracia supone en cambio que los ciudadanos puedan acceder a una información estadística veraz e imparcial, a fin de que puedan formarse una opinión autónoma sobre lo que está sucediendo. Sólo así la ciudadanía controla el poder y participa de manera informada en las discusiones colectivas.
Pero la mayor parte de los ciudadanos no cuentan con los recursos para ellos mismos producir información. Una buena democracia requiere entonces que existan instituciones públicas capaces de producir periódicamente estadísticas imparciales, confiables y accesibles. Estas instituciones deben por ello ser no sólo técnicamente idóneas, sino además independientes del gobierno y de otros centros de poder, como lo han recomendado reiteradamente la ONU, o en América Latina, la Cepal. En particular la ONU señala que esa institución “debería diferenciarse claramente de los sectores del gobierno encargados de las actividades de aplicación y de formulación de las políticas”.
En Colombia en general el DANE ha funcionado bastante bien y su información suele ser creíble, gracias a la buena calidad técnica de sus funcionarios y de la mayor parte de sus directores. En general confiamos en sus datos sobre inflación, crecimiento o desempleo, a diferencia de otros países, como Argentina, en donde casi nadie cree en las estadísticas oficiales. Pero el DANE no es independiente, pues es un departamento administrativo, que hace parte del gobierno. Su director es de libre nombramiento y remoción por el presidente, lo cual se ha prestado a interferencias indebidas, para buscar, como dicen, un “masajeo de los datos” para que sean más favorables al gobierno. Por ejemplo, en 2004, el entonces director del DANE, César Caballero, renunció luego de que recibió presiones de la Casa de Nariño para que no divulgara unas estadísticas sobre el impacto de la violencia en las grandes capitales.
En otros campos del Estado la cosa no es mejor. Por ejemplo, las estadísticas judiciales son producidas por el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Pero estas dos entidades tienen un incentivo a no divulgar los datos que puedan mostrar un mal desempeño de la justicia. El resultado es que hoy carecemos de estadísticas fiables y accesibles sobre la justicia colombiana, lo cual hace muy difícil debatir de manera informada sobre su reforma.
Uno de los mejores instrumentos de equilibrio de poderes sería entonces crear un instituto público de estadística independiente del gobierno y de los otros poderes del Estado, pues daría a la ciudadanía la información que requiere para vigilar y controlar a los poderes. Y de paso daría al propio Estado información creíble para una mejor formulación de las políticas públicas.