Un pacto regional por la vida y los derechos

Hay un rechazo colectivo de la ciudadanía a los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales en todo el país. Una ciudad como Cartagena, apática a cierto tipo de concentraciones públicas, mostró una participación importante en la Plaza de la Paz, y también las hubo en Magangué, El Carmen de Bolívar y María La Baja. No es para menos. La Defensoría del Pueblo sostiene que 311 líderes sociales fueron asesinados entre enero de 2016 y junio de 2018. En el Caribe este año las víctimas han sido 11 (9 en Córdoba, 1 en Bolívar y 1 en Atlántico), según el Centro de Pensamiento UNCaribe.

Este pronunciamiento en contra de la violencia es clave porque lo que está en juego es la defensa de la Paz. En los últimos años y por diversos mecanismos, hemos asegurado niveles más altos de democracia, igualdad, condiciones de vida digna, tranquilidad y seguridad en zonas rurales golpeadas por el conflicto armado.

Un ejemplo de este proceso es Bolívar, aunque encontramos experiencias con distintos niveles de progreso. En el norte, en la subregión de Montes de María, se ha avanzado en mejorar las condiciones de vida de su gente, aunque falta camino. Mientras tanto, en el Sur de Bolívar hay mayor presencia estatal pero padece altos niveles de pobreza e inseguridad, proliferan actores armados ilegales, y continúa la minería ilegal y el narcotráfico.

Esta semana, los medios informaron sobre varios hechos graves en el Sur de Bolívar, donde la inseguridad mantiene paralizadas 1.153 solicitudes de restitución de tierras. También oímos aterrados el caso de la profesora Deyanira Ballestas, quién recibió amenazas y debió desplazarse para escapar de la muerte. No es la única lideresa amenazada en la zona, y su partida afecta de paso el derecho de acceder a la educación.

Retomando una propuesta de Rodrigo Uprimmy, esta semana el presidente Santos y el electo Iván Duque acordaron un documento de rechazo a los crímenes y se comprometieron a sumar esfuerzos para proteger a los líderes sociales, incluye a los presidentes de las altas cortes, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, los presidentes de los partidos Liberal, Verde, Centro Democrático, UP, Conservador y Fuerza Alternativa del Común, entre otros. Petro debe respaldarlo.

El pacto no debe quedarse en lo nacional. Ahora el balón para fortalecer este compromiso está en las fuerzas políticas locales: el Gobernador de Bolívar, los alcaldes municipales, los presidentes de los Tribunales, los representantes de los partidos, deben sumarse. Al tiempo, la sociedad debe continuar la presión: que no quede duda, crece una condena colectiva. Por supuesto, es urgente la acción de las autoridades contra la impunidad. Todas las instancias debemos defender lo alcanzado, y continuar expandiendo los derechos, especialmente en las zonas donde operó y opera el conflicto armado.