Una batalla crucial por el futuro financiero global

Entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025, Sevilla será la de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, convocada por las Naciones Unidas. Aunque suena como una reunión más de tecnócratas, lo que está en juego va mucho más allá de cifras o declaraciones diplomáticas y podría marcar un antes y un después en la forma cómo el mundo enfrenta sus grandes desafíos.

Esta vez, se trata de una disputa abierta entre dos visiones de mundo: quienes creen en la necesidad de construir una arquitectura financiera global más justa, solidaria y sostenible y quienes, desde gobiernos de corte extremista, quieren erosionar la cooperación global y el rol de los Estados en la movilización de recursos suficientes para financiar el bienestar y los derechos de sus poblaciones.

La agenda de la conferencia es ambiciosa. Se espera que los países evalúen los avances logrados desde los acuerdos firmados en tres citas anteriores: Monterrey (2002), Doha (2008) y Addis Abeba (2015). Pero, sobre todo, se busca pactar nuevas medidas frente a temas urgentes. Entre ellos, el aumento de la deuda externa, la necesidad de cooperación para frenar la evasión fiscal de multinacionales y grandes fortunas, el mandato de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el papel de los bancos de desarrollo y el financiamiento privado. Todas estas discusiones apuntan a movilizar los más de 4 billones de dólares que aún faltan para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desafíos que, como se ha demostrado una y otra vez, no se pueden resolver país por país.

Las conferencias previas han sido momentos clave para pensar en conjunto cómo financiar el desarrollo. En Monterrey se fijaron los principios básicos: mejorar los sistemas tributarios, aumentar la cooperación internacional y atraer inversión privada. Doha, celebrada justo cuando explotaba la crisis financiera global, reafirmó estos compromisos y puso sobre la mesa la urgencia de reformar instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Addis Abeba, más cercana en el tiempo, se alineó con la Agenda 2030 de los ODS e hizo énfasis en la cooperación fiscal entre países, el manejo responsable de la deuda y un rol más activo de la ONU en la coordinación económica mundial.

Pero a pesar de los avances, también ha sido evidente que no todos los actores están remando en la misma dirección. Algunos gobiernos siguen apostando por una lógica de debilitamiento del Estado en la provisión de los servicios públicos y una fe en que el sector privado resolverá desafíos para los que se ha quedado corto, como es el caso del financiamiento climático.

En general, se trata de un intento de erosionar el multilateralismo para evitar cualquier tipo de marco regulatorio para el capital, con lo cual se termina imponiendo la competencia entre países para atraer inversión a punta de beneficios fiscales, lo que en la práctica termina favoreciendo a las grandes corporaciones y debilitando los ingresos públicos. Bajo esta lógica, por ejemplo, el respaldo a una Convención Marco de Cooperación Tributaria Internacional, que es la mejor oportunidad para avanzar en una tasa mínima efectiva de impuestos a las multinacionales, o medidas para poner a tributar más eficazmente la riqueza, pueden quedar muy debilitadas en el texto final que se está negociando.

Esto deja a la conferencia de Sevilla en una posición delicada. Si se quiere que de allí salgan decisiones que no se queden solo en el papel, es fundamental que se establezcan compromisos claros, medibles y con mecanismos de seguimiento efectivos en temas como la tributación internacional, la deuda, el fortalecimiento de la ayuda internacional y de los bancos públicos de desarrollo, entre otros.

El llamado a adoptar convenciones marco u otros instrumentos internacionales para la reestructuración y cancelación de deudas soberanas o frente a la ayuda al desarrollo es una necesidad fundamental, pues crearía obligaciones y reglas claras para los Estados en un mundo en que la voluntad política de los gobiernos ha probado ser muy volátil o elusiva. También es urgente que se escuchen más voces, en especial las de la sociedad civil y los países del sur global, que muchas veces han quedado al margen de las grandes decisiones económicas y tributarias de índole mundial.

En ese camino, ya se están dando pasos preparatorios. En abril, representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil se reunieron en Nueva York en una sesión previa clave para alinear agendas y avanzar propuestas de cara a la conferencia de Sevilla. Dejusticia participó en este encuentro, sumando su voz a los esfuerzos por construir una arquitectura financiera global más equitativa, con reglas claras para enfrentar la evasión fiscal, fortalecer la cooperación entre países y asegurar que las decisiones financieras globales respeten los derechos humanos.

Lo que se necesita con urgencia ahora son coaliciones audaces e interregionales de países con ideas afines dispuestos a dar ejemplo, demostrando que las políticas basadas en los principios de solidaridad, derechos humanos y un multilateralismo inclusivo serán la única vía viable para el éxito a largo plazo. Un ejemplo de esto es la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe (Ptlac), en la que Colombia inició con su presidencia pro tempore entre 2023 y 2024, y donde trabaja activamente junto con países como Brasil y Chile para hacer recomendaciones sobre la progresividad de los impuestos, la tributación verde y el monitoreo de los beneficios tributarios. Están demostrando que otro enfoque es posible, uno que ponga en el centro la justicia fiscal.

Al final, lo que está en juego en Sevilla no es solo un conjunto de normas financieras. Es la posibilidad de reimaginar un sistema que sirva a las personas y al planeta, no solo a los intereses económicos más poderosos. Y aunque la resistencia existe —y hace mucho ruido—, también hay cada vez más actores dispuestos a empujar un nuevo pacto global que priorice la equidad, los derechos humanos y la sostenibilidad. Esa es la verdadera batalla por el futuro financiero global.