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LA CARTA FIRMADA POR EL FISCAL general y los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo de la Judicatura, en donde critican ácidamente la reforma a la justicia contenida en el proyecto de equilibrio de poderes y piden su hundimiento, tiene tanto de bueno, como de malo y feo.  

LA CARTA FIRMADA POR EL FISCAL general y los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo de la Judicatura, en donde critican ácidamente la reforma a la justicia contenida en el proyecto de equilibrio de poderes y piden su hundimiento, tiene tanto de bueno, como de malo y feo.  

Es bueno que las cortes analicen la reforma y algunas de sus preocupaciones tienen fundamento. Por ejemplo, hacen un cuestionamiento que merece ser examinado, que es si la nueva figura del director de la magistratura puede concentrar un poder excesivo sobre la carrera judicial que afecte la independencia judicial. 

Lo malo es que la carta, a pesar de un lenguaje jurídico sofisticado, contiene muchas inexactitudes e inconsistencias. Para la muestra dos botones. 

La carta argumenta que la nueva comisión de aforados, que reemplazaría a la superflua comisión de acusaciones, sería ineficaz y banal, pues “la investigación colegiada es inútil e inoperante”. Pero que las cortes hagan esa afirmación resulta sorprendente pues la investigación penal que realiza la Corte Suprema contra los congresistas es también colegiada. E igualmente lo son las investigaciones disciplinarias del Consejo de la Judicatura o del Consejo de Estado en caso de pérdidas de investidura. ¿Son entonces las investigaciones de las altas cortes inútiles e inoperantes?

La carta igualmente arguye que esta nueva comisión de aforados es un atentado tan grave a la independencia judicial que acabaría con un elemento esencial del Estado de derecho en Colombia. El argumento es que las cortes se sentirían intimidadas de tomar decisiones contra el Congreso, como es a veces su deber hacerlo, por cuanto el Congreso intervendría en el nombramiento de los magistrados que integrarían esa comisión, a la cual le correspondería investigar y acusar a los magistrados de las cortes. Pero ese argumento es sorprendente por cuanto hoy el Congreso directamente puede investigar y acusar a los magistrados de las cortes y eso no les parece intimidante. Pero claro, la comisión de acusaciones es inoperante y de pronto la comisión de aforados funciona. 

Estas inconsistencias e inexactitudes de la carta parecen tener un propósito: generar la imagen de que la reforma en curso es un monstruo que va a aniquilar la independencia judicial, por lo cual sólo procede hundirla. Y por ello la carta no propone nada para mejorar esta reforma.

He sido crítico del proyecto de equilibrio de poderes por ser una reforma multitemática sin norte claro. Y creo que el componente judicial de esa reforma, aunque esté bien orientado, tiene problemas, que si no se corrigen, sería mejor hundirla, como lo explico en un texto más largo en la Silla Vacía. Pero de ahí a decir que el proyecto es un atentado a la independencia judicial hay un enorme salto, por lo que queda la impresión, y eso es lo feo de esta carta, de que la oposición a la reforma por las cortes deriva de su rechazo a cualquier reforma que les ponga controles o les reste privilegios. 

 

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