Una cifra mágica: 65 jueces por 100.000 habitantes
Dejusticia octubre 2, 2022
Esa cifra siempre me causó sospecha por una razón obvia: si los países tienen sistemas judiciales y grados de litigiosidad muy distintos, ¿por qué deberían tener un número de jueces per cápita igual? | Wikimedia Commons
¿Cuántos jueces debería tener Colombia? ¿Acaso existe un estándar internacional? Busqué en numerosos documentos y encontré que ningún país de la OCDE, y creo que ninguno en el mundo, tiene 65 jueces por 100.000 habitantes.
¿Cuántos jueces debería tener Colombia? ¿Acaso existe un estándar internacional? Busqué en numerosos documentos y encontré que ningún país de la OCDE, y creo que ninguno en el mundo, tiene 65 jueces por 100.000 habitantes.
En junio de 2021, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al celebrar la aprobación de su propuesta de reforma a la justicia, declaró ante La FM Radio que esa modificación era importante porque permitía que Colombia, que tiene 11 jueces por 100.000 habitantes, avanzara hacia el estándar internacional, defendido por la OCDE, según el cual los países deben tener 65 jueces por 100.000 habitantes.
Hubiera sido interesante que los entrevistadores le hubieran preguntado al ministro cuál era la fuente de ese estándar de la OCDE, pues era uno de los fundamentos de su reforma a la justicia. Pero la pregunta no le fue formulada, tal vez por la condescendencia de muchos periodistas (obviamente no de todos) frente al poder, que los lleva a abstenerse de plantearles a los ministros preguntas embarazosas pero relevantes. Pudo haber, sin embargo, otra razón: ese supuesto estándar de la OCDE ha sido sostenido por muchos otros funcionarios e instituciones en los últimos años.
Por ejemplo, en mayo de 2019, el entonces contralor general, Carlos Felipe Córdoba, sostuvo exactamente lo mismo. El Consejo Superior de la Judicatura ha mencionado ese estándar de la OCDE en varios de sus informes anuales, como el de 2019. Ese mismo dato se encuentra en el documento CONPES 4024 como uno de los argumentos para justificar un préstamo de US$100 millones.
Esta cifra ha circulado tanto que ha sido asumida como una verdad incontrovertible, a tal punto que actores que muchas veces tienen posiciones enfrentadas, como el Consejo de la Judicatura o Asonal Judicial, están de acuerdo en ese punto: Colombia estaría muy mal en cuanto a número de jueces porque “sólo” tiene 11 por 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional es de 65.
El problema grave de ese argumento es que ese supuesto estándar de la OCDE no existe.
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Esa cifra siempre me causó sospecha por una razón obvia: si los países tienen sistemas judiciales y grados de litigiosidad muy distintos, ¿por qué deberían tener un número de jueces per cápita igual? ¿Deberían tener un mismo número de jueces por habitante países como Japón y Estados Unidos? No parece razonable: en el primero los ciudadanos evitan acudir a los jueces mientras que en el segundo sucede todo lo contrario.
Busqué entonces en numerosos documentos ese estándar de la OCDE y no sólo no lo encontré sino que comprobé, en cierta forma, que no debe existir, por dos razones muy simples: primero, ningún país de la OCDE, y creo que ninguno en el mundo, tiene 65 jueces por 100.000 habitantes. Por ejemplo, según el informe anual de 2020 de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), el promedio en los 47 países de la región es de 18 jueces por 100.000 habitantes, varios tienen menos de 10 y casi ninguno más de 40. Segundo, no hay relación clara entre número de jueces y calidad del sistema judicial. Por ejemplo, Dinamarca tiene un excelente sistema judicial pero sólo siete jueces por 100.000 habitantes, mientras que Serbia, con más de 30 jueces por 100.000 habitantes, tiene una justicia deficiente.
Dos posibles enseñanzas de esta historia: primero, es posible que en Colombia necesitemos más jueces para mejorar nuestro sistema judicial, pero esa conclusión debe derivar de la evidencia, esto es, de un estudio de nuestras reales necesidades jurídicas y cómo enfrentarlas, y no a partir de un inexistente estándar internacional. Por eso, los periodistas y los ciudadanos deberíamos ejercer un cierto derecho a la sospecha frente al poder y estar atentos a verificar la veracidad de algunas fórmulas, como este supuesto estándar de la OCDE, que circulan impunemente en muchos debates públicos.