Una cirugía profunda pero sencilla al CNE
Rodrigo Uprimny Yepes octubre 20, 2024
| Imagen EFE Servicios
Mi propuesta es minimalista: reformar el artículo 264 de la Constitución, a fin de que los integrantes del CNE no tengan origen partidista sino que sean electos en forma semejante a los de la Corte Constitucional; que, además, su período sea más largo (nueve años, por ejemplo) y su renovación se haga en forma escalonada.
Mi propuesta es minimalista: reformar el artículo 264 de la Constitución, a fin de que los integrantes del CNE no tengan origen partidista sino que sean electos en forma semejante a los de la Corte Constitucional; que, además, su período sea más largo (nueve años, por ejemplo) y su renovación se haga en forma escalonada.
La crisis provocada por la investigación del CNE al presidente Petro deriva en gran medida de la naturaleza y composición del CNE, que hacen que sea una institución desprestigiada y manipulable. Una cosa buena podría salir entonces de esta crisis: un acuerdo para reformar inmediatamente al CNE y lograr una organización electoral independiente, que brinde verdaderas garantías para el futuro. Esto es jurídicamente fácil: basta reformar el artículo 264 de la Constitución.
El CNE es formalmente una institución autónoma e independiente con una función clave: regular, inspeccionar, vigilar y controlar las elecciones y a los partidos y fuerzas políticas, a fin de garantizar que el proceso electoral sea limpio y refleje la voluntad ciudadana. El CNE hace entonces parte de una tradición latinoamericana según la cual debemos tener una organización electoral independiente para evitar fraudes y proteger la democracia.
Estos desarrollos latinoamericanos de la organización electoral fueron brillantemente analizados por el recordado colega Juan Fernando Jaramillo, el más grande especialista en el tema en Colombia, algunos de cuyos textos fueron publicados en su libro Constitución, Democracia y Derechos (existen también versiones idénticas publicadas por ese plagiador en serie que es el actual embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, nombrado y mantenido en altos cargos por el presidente Petro, a pesar del público conocimiento de sus escándalos).
Juan mostró en sus textos que algunos países, como Costa Rica y Uruguay, lograron verdaderas cortes electorales independientes. Tal vez no sea casualidad que tengan quizás las mejores democracias en la región.
El problema en Colombia es que las fuerzas políticas no han querido que la organización electoral sea realmente independiente: han buscado que esté integrada por sus alfiles. La Constitución de 1991 trató de limitar esa influencia y puso un filtro judicial: los integrantes del CNE eran elegidos por el Consejo de Estado pero de ternas elaboradas por los partidos dominantes del Congreso. Esto no les pareció suficiente a los partidos y, en una contrarreforma de 2003, decidieron que los integrantes del CNE fueran postulados por los partidos y electos directamente por el Congreso cada cuatro años.
El CNE tiene entonces un claro origen político: sus integrantes (cuesta llamarlos magistrados) son nombrados por el Congreso y se renuevan totalmente al tiempo que el Congreso, con lo cual el órgano encargado de controlar las elecciones y a los partidos es de origen partidista y político, al punto que sabemos exactamente de qué agrupación viene cada uno: Lorduy es de Cambio Radical y Prada del Centro Democrático, mientras que Márquez y Velázquez vienen del Pacto Histórico. Sorpréndanse: los dos primeros votaron a favor de investigar a Petro mientras que las dos últimas estuvieron en contra.
Este origen político no sólo priva al CNE de una capacidad real de controlar las elecciones, sino que le resta cualquier credibilidad pues se presta a manipulaciones groseras: ¿alguien puede razonablemente dudar de que los impresentables Lorduy y Prada tienen agenda política contra Petro? Mientras ese origen político se mantenga seguiremos teniendo estos escándalos electorales.
La Misión Electoral Especial surgida del Acuerdo de Paz propuso una nueva organización electoral que incluye una corte electoral. Esta propuesta es muy interesante, pero lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Por eso mi propuesta es minimalista: reformar el artículo 264 de la Constitución, a fin de que los integrantes del CNE no tengan origen partidista sino que sean electos en forma semejante a los de la Corte Constitucional; que, además, su período sea más largo (nueve años, por ejemplo) y su renovación se haga en forma escalonada.
Una reformita que tendría profundas consecuencias democráticas.
