Una Corte de mujeres

Escrita junto a Andrea Arteaga Bolaños, Valeria Medina Paredes

La jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg dijo una vez: “Cuando me preguntan ‘¿Cuándo habrá suficientes mujeres en las Cortes?’ Y al decirles ‘cuando haya 9’, la gente se sorprende. Pero había 9 hombres y nadie preguntó nunca por eso”.

Treinta años han tenido que pasar desde la conformación de la Corte Constitucional en Colombia para que tuviera una mayoría de mujeres. Para nadie es un secreto que, aunque la participación de mujeres en altos cargos es cada vez mayor, todavía es reciente ver mujeres encabezando las distintas instituciones del Estado. A 2022 continuamos luchando por eliminar esta brecha de género en las carteras de los cargos más altos de dirección del país como los Ministerios, en los cuales aún no se cumple con una participación significativa de mujeres. Romper el techo de cristal no es fácil, más cuando hablamos de cargos públicos. Suena difícil de creer que mientras la Corte Constitucional se creó hace treinta años, hasta 2009 pudimos contar con la primera mujer en la magistratura.

El espíritu de la Constitución de 1991 representó la llegada de la inclusión y la diversidad como parte de la construcción de un Estado democrático, además del reconocimiento y protección de las mujeres como sujetos de derecho. El desarrollo del derecho a la igualdad y la no discriminación en razón del sexo por parte de la Corte fue innovador y nutrió de forma positiva nuestro ordenamiento constitucional.

Con la llegada de la quinta magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel Cabo, finalmente se consolida una mayoría de mujeres en la Corte —compuesta por nueve magistrados—, y se marca un cambio en la dirección correcta para una apertura a debates más democráticos. Natalia Ángel ha tenido una trayectoria académica bastante destacada como abogada constitucionalista y docente en la Universidad de los Andes.

Aunque la Corte Constitucional es reconocida por sus fallos progresistas a favor de la protección de personas y grupos socialmente vulnerables, aún estaba en deuda con la participación de mujeres en su interior. Esto es importante, pues las mujeres generalmente necesitamos aliadas en la Corte para que nuestras causas escalen. Las mujeres no somos perfectas y que ellas tengan una participación mayoritaria no implica que la jurisprudencia será progresista y más compasiva con las mujeres de forma automática. Las magistradas actuales, —y seguramente otras a futuro—, tienen diferentes compases políticos, intereses jurídicos, y formas de sustentar sus ponencias y votar a favor o en contra las ponencias de sus colegas.

Sin embargo, hay tres ventajas de contar con más mujeres en este tipo de escenarios. Primero, propone un escenario de diálogo más diverso, donde no solo haya hombres que, por muy buenas intenciones en términos de progresividad y protección de derechos, no cuentan con una experiencia material de ser mujeres. Es decir, no viven una experiencia de primera mano donde toda la vida se sometan a situaciones de discriminación constante que afectan la vida en todos los aspectos, y que se agravan cuando se intersectan con otras situaciones de vulnerabilidad como la raza o la clase social.

La profesora de Derecho de la Universidad de los Andes Isabel Cristina Jaramillo Sierra mencionaba en el XVI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que las sentencias sobre temas de género proferidas por el tribunal aumentaron significativamente con la llegada de la primera mujer magistrada y tal fenómeno se mantuvo conforme a la participación femenina en la corte iba en aumento.

En segundo lugar, la presencia de mujeres en altos cargos públicos motiva a una joven audiencia para que aspire a un cargo de esta envergadura, y promueve  las Cortes como espacios de decisión cada vez más diversos. Finalmente, un lugar en el que se eligen más mujeres en escenarios judiciales es un paso en el camino correcto, porque abre la puerta para seguir indagando sobre cuál sería una representación aún más diversa en la Corte, así como en tribunales y juzgados locales: donde haya mujeres negras, empobrecidas, con discapacidad, mujeres que hablen de los derechos como personas que viven y perciben la realidad de Colombia a través de un lente diferente.

Las actuales magistradas, independientemente de su orientación política y de fallos en otros temas de derechos humanos en los que tenemos posiciones completamente diferentes, han avanzado a pasos agigantados hacia la protección de los  derechos fundamentales de otras mujeres, a través de ponencias profundas y sustentadas que han defendido en sus salas de revisión de tutela, o incluso en la sala plena.

Por ejemplo, Cristina Pardo propuso que las autoridades judiciales deben reevaluar el uso del lenguaje en procesos de violencia contra la mujer, apreciar en conjunto la evidencia teniendo en cuenta el contexto en el que se presentó la violencia sexual y prestar especial atención al testimonio de la víctima. Gloria Stella Díaz, en una ponencia de 2018, ordenó el reintegro de una docente que denunció casos de abuso sexual y laboral dentro de una universidad, y fijó lineamientos mínimos para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo. Diana Fajardo explicó cómo la estigmatización que sufren las trabajadoras domésticas se ha dado desde una lógica de clases sociales y cómo ha permitido que existan prejuicios que atentan contra la dignidad humana de las mujeres. Por último, Paola Meneses permitió en una de sus ponencias, considerar al “escrache” como ciberactivismo feminista, al otorgarle protección constitucional.

Hoy es el turno de Natalia Ángel para nutrir el debate constitucional con su perspectiva feminista, académica y profesional. Posiblemente esto conlleve a una tendencia más garantista para las mujeres, y humanista por parte de la Corte Constitucional, a través de los fallos que tendrá a su cargo como ponente. Los retos son enormes para la magistrada y las decisiones que tendrá que tomar seguramente no serán nada fáciles. Pero nuestra confianza está puesta en que su trayectoria y profesionalismo se verán reflejados en la protección de nuestros derechos.

La llegada de Natalia Ángel Cabo es un triunfo para la igualdad y la justicia en el país.