Una interpretación sobre la economía popular

En este sentido, la academia señala que la economía popular es aquella desarrollada por individuos, familias, comunidades, asociaciones y redes de apoyo fundamentada en la producción para el autoconsumo y el intercambio.

Se trata de una economía de autoorganización de los ciudadanos para resolver necesidades a través de iniciativas económicas, cuyo desarrollo depende principalmente de su propia fuerza de trabajo y que, en su mayoría, no cumple con códigos laborales o mercantiles.

El personal doméstico, los vendedores ambulantes, los artesanos, los campesinos, los pequeños emprendedores, los comerciantes, los conductores e incluso los trabajadores independientes con salarios precarizados son trabajadores de la economía popular. Es decir, trabajadores informales, de cuenta propia o comunidades autónomas que por su cultura o su dispersión territorial producen y distribuyen sus propios bienes y/o servicios.

Su diferencia con la economía empresarial capitalista radica en que los actores no cuentan con la capacidad logística, tienen escaso capital, no cuentan con financiamiento legal o no tienen tecnologías de alta productividad. Su producción es de baja escala y no tiene el potencial para llegar a amplios mercados.

La incorporación de mano de obra calificada es escasa y surge como respuesta tanto a la imposibilidad de generar suficientes puestos de trabajo asalariado, como a la necesidad de adaptación de los territorios, en donde el comercio a grande escala no llega y es vital crear nuevas dinámicas de producción e intercambio. El sentido de la economía popular es la sobrevivencia, mientras que el de la economía empresarial capitalista es la acumulación.

Ahora bien, la visibilización de la economía popular es importante, pues profesores como César Giraldo señalan que los trabajadores de este sector carecen de derechos sociales y económicos. Los trabajadores de esta economía en general no reciben salarios fijos, están desafiliados a sistemas institucionales de protección social, no perciben garantías laborales, ni acceso a la bancarización y sobre todo viven de su actividad laboral, lo que los ubica en una posición vulnerable, pues en caso de no poder realizar su trabajo, su nivel de vida se vería seriamente deteriorada.

Adicionalmente, los mismos gobiernos han diseñado políticas públicas sin consultar con estos trabajadores debido a que su actividad es desarrollada por fuera del marco legal o esta arraigada a las costumbre de una comunidad. Así, han ignorado la participación colectiva de una gran proporción de trabajadores en Colombia.

Erróneamente, los gobiernos también han formulado políticas de “legalización”, sin tener en cuenta que esta economía subsiste gracias a que no incurre en costos de formalización. Por lo tanto, evitan la legalización.

Ahora, lo que plantea el PND respecto a la economía popular muestra una intención política de reconocer la realidad de un sector que se ha desarrollado sin legalización. Esto supone una reivindicación para garantizar que los trabajadores ejerzan sus derechos sociales y económicos. Pero primero será necesario que el gobierno concrete lo siguiente.

• Ofrecer una definición más concreta de la economía popular, y explicar cuáles son sus objetivos, criterios y características.

• Antes de crear canales de participación como el del consejo nacional de la economía popular, determinar de forma concreta cuál sería el proceso para identificar los principales actores por sector económico.

• Explicar cómo se distingue la economía popular del sector informal, y cuál es la relación entre rescatar la economía popular y proteger a los trabajadores del sector informal.

• Clasificar preliminarmente las diferentes actividades y los grupos poblacionales que se consideran parte de la economía popular.

• Señalar, conceptualmente, cuáles son los subsistemas de producción y reproducción de bienes y servicios que desarrolla la economía popular.

• Precisar las metodologías de focalización para identificar los potenciales beneficiarios de lo propuesto en el PND.

• Promover la defensa de los derechos de los trabajadores de la economía popular.

En definitiva, en una economía como la colombiana, en donde el 57,6% de los 22,4 millones de personas ocupadas son trabajadores informales los micronegocios de trabajadores por cuenta propia representan el 90% del total de este tipo de establecimientos en el país, es esencial el desarrollo de una política pública para los integrantes de la economía popular, como a buena hora lo propone el gobierno en su PND.

No obstante, es fundamental que antes de aprobar cualquier propuesta, el gobierno le explique a la ciudadanía en qué consiste esta política y por qué es importante su aplicación, para qué y, a partir de allí, la sociedad, las organizaciones civiles y la academia puedan hacer sus aportes al debate.