Una masacre inexplicable

Esta columna fue transmitida en RCN Radio Cartagena. Puede escucharla a continuación:

El “plan pistola” que el Clan del Golfo ha ejercido contra la Policía Nacional es deplorable y, sin distinción alguna debe ser condenado por toda la población colombiana. En Cartagena y Bolívar la Policía ha recibido cerca de 12 ataques en menos de 25 días, y 3 de sus miembros han sido víctimas del sicariato. Situación que se extiende a nivel nacional y en todo el Caribe.

Sin embargo, hay un hecho reciente que tiene conmocionada a toda la región, relacionado con la masacre de 3 jóvenes civiles en el corregimiento de Chochó, en Sincelejo. Este hecho, al parecer, sucedió en medio de un operativo que la Policía de Sucre desarrollaba en contra del Clan del Golfo por el asesinato de un joven patrullero que se encontraba en una concurrida panadería en el municipio de Sampués. Posteriormente, los fallecidos fueron encontrados con impactos de bala y tortura, presuntamente ocurridos en dicho operativo. La hermana de una de las víctimas, que presenció el operativo, relató los angustiantes y confusos hechos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su más reciente informe, expresa la preocupación de que las autoridades, en ocasiones, tildan de cómplices de grupos criminales a las personas y comunidades que viven en los lugares que están bajo su afluencia. Corriendo el riesgo de revictimizar a los ciudadanos que necesitan de la protección del Estado. En lo que va del año 2022, la oficina ha recibido cerca de 45 denuncias por estos hechos.

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Asimismo, el informe revela que, si bien ha habido un aumento del pie de fuerza en las zonas afectadas, y como parte de ello han logrado incrementos en el número de capturas y de muertes a cabecillas de grupos criminales, esta no ha sido una política de seguridad con resultados eficaces, pues los cabecillas resultan rápidamente reemplazados. También, en el marco de esta violencia territorial, se presenta un aumento desmedido en el uso de la fuerza por parte de policías y militares. Sin embargo, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos el uso letal de la fuerza debe ser empleada en casos extremos, es decir, sólo puede ser utilizada cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida cuando esté amenazada. En el caso de la masacre de los 3 jóvenes sucreños surge la pregunta: ¿se cumplieron estas condiciones extremas?, por cuanto, según los testigos, hasta uno de ellos estaba herido.

Hoy las familias de las víctimas exigen justicia y verdad, y aunque por estos hechos la Policía Nacional ha suspendido del cargo a 8 de sus integrantes, es urgente realizar un cambio de estrategia para la recuperación del orden público. Por supuesto que el Estado debe seguir actuando contra el Clan del Golfo, pero como ciudadanos debemos rechazar enérgicamente esa idea terrible que a la sombra hace carrera en el imaginario de nuestra sociedad: ¿si no dejan a la Policía torturar o matar, entonces cómo van a enfrentar al Clan del Golfo? La Policía ante todo tienen que entender que una persona que ha sido detenida por sospechas de haber cometido un delito, sin importar las circunstancias, están en la obligación de garantizarle todos sus derechos.

Es por ello, que el cambio de estrategia debe empezar por tener una fuerza pública garantista y respetuosa de los DDHH. Aunque a corto plazo puede resultar difícil realizar ciertas operaciones policiales teniendo en cuenta las restricciones a estos derechos, en el largo plazo resultará ser lo más eficaz, pues lograrán reestablecer la confianza en la institución, al tiempo que ganarán legitimidad y colaboración ciudadana.