Una mejor política fiscal para garantizar derechos humanos
[email protected] Julio 21, 2015
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El referendo realizado en Grecia la semana pasada mostró el rechazo mayoritario de la población griega frente a las medidas de austeridad necesarias para recibir un nuevo salvamento por parte del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea.
El referendo realizado en Grecia la semana pasada mostró el rechazo mayoritario de la población griega frente a las medidas de austeridad necesarias para recibir un nuevo salvamento por parte del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea.
Entre estas políticas, en su mayoría de carácter regresivo, estaban por ejemplo subir el IVA dos puntos porcentuales (ya lo habían hecho en 2010 de 19% a 23%) y reducir el valor de las pensiones; ambas medidas perjudicando principalmente a las personas con menos recursos del país. Escenarios como este invitan a repensar las políticas fiscales (gasto pÚblico e impuestos) de algunos países para que sean menos agresivas con los menos favorecidos y a que hayan voces divergentes desde otras organizaciones que equilibren el debate fiscal, por ejemplo, teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos.
Como se comentó en un blog anterior, algunas organizaciones han comenzado a indagar por la relación entre derechos humanos, pobreza y recaudo tributario. De igual forma, otras como Oxfam y CESR han hecho énfasis en recomendaciones hacia como deben ser las estructuras fiscales de los países del mundo. Estas segundas plantean impuestos con un carácter más progresivo haciendo énfasis en una mejoría, no solo de la distribución mediante el recaudo de impuestos, sino también a través de una buena administración del gasto público que hacen los gobiernos. En especial, parece importante rescatar y complementar dos de las propuestas que hacen estas organizaciones, que además tendrían efectos positivos sobre el calentamiento global y la salud pública.
Subsidios al petróleo
Una primera forma de mejorar las finanzas públicas de los países en desarrollo sería reducir los subsidios altos que se dan a los combustibles fósiles y que correspondieron a 550 billones de dólares en el mundo en 2013. Por ejemplo, en India se subsidia el 19.9% del precio de la gasolina, en Ecuador el 51.2% y en Egipto el 61.2%. La región donde más se usan estos tipos de subsidios es África Sub Sahariana, donde el uso de estos es tan alto que en países como Ghana llegan a un 9% del PIB, mientras su gasto en educación es del 8.1% del PIB y el gasto en salud del 5.4% del PIB.
Además, a pesar de ser utilizados por los gobiernos para reducir la inflación a través de menores costos de transporte, es preocupante que estos subsidios también resulten ser de carácter regresivo, privilegiando en su mayoría a las personas de más altos recursos. Según estudios de la Agencia Internacional de Energía (AIE) hechas en 11 países en desarrollo, en promedio tan solo el 8% de estos subsidios llegan a los dos deciles más pobres de la población, e incluso en países como Sur África solo el 2% llega al 20% mas pobre de la población.
De reducir este tipo subsidios, los gobiernos pueden mejorar su desempeño fiscal y relocalizar estos recursos de una mejor forma. En primer lugar, se puede invertir el dinero de estos subsidios en políticas publicas progresivas en educación, salud y vivienda. En segundo lugar, al eliminar los subsidios a la gasolina se incentiva la inversión y la sustitución por energías renovables , inversión que a pesar de venir en aumento en 2013, es tan solo un 42% del valor de los subsidios hechos a los combustibles fósiles. De esta manera, los países mejoran su desempeño fiscal, ayudan a atacar el calentamiento global y mejoran potencialmente la salud de sus habitantes.
Impuestos a bienes con externalidades negativas a la salud
Una segunda forma de mejorar el recaudo fiscal de los gobiernos puede ser a través de impuestos más altos a bienes que tienen externalidades negativas en la salud de las personas. Entre estos resalta el caso del cigarrillo, que a pesar de ser atacado fuertemente en países del primer mundo, aun tiene la condescendencia de muchos gobiernos en países en desarrollo.
Para reflejar este caso podemos comparar los países de Colombia, Kenya y Australia. Mientras una caja de cigarrillos en 2014 valía 16.15 dólares en Australia con un 70% de impuestos, en Colombia costaba 1.75 dólares y en Kenya 1.5 dólares con un 55% y un 37% de impuestos respecitvamente. De igual forma, mientras los precios reales del cigarrillo en el primer país crecieron en promedio 2.5% anual entre 2008-2012, en Colombia se redujeron 3.7% y en Kenya 7.7%. Esto marca el contraste en los precios de este tipo de bienes y la capacidad de los gobiernos de incidir en estos precios.
Por otra parte, según la OMS, aumentar los precios de los cigarrillos en 10% generaría una reducción del 8% en el consumo de cigarrillo en países de ingresos medianos y bajos. Así pues, implementar este tipo de políticas generaría un aumento en el recaudo tributario y a su vez una reducción del tabaquismo, el cual es una de las grandes causas de muertes en el mundo y un gran costo para los sistemas de salud de los distintos países.
En conclusión, el debate sobre impuestos no debe ser exclusivo a organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI y la OCDE, que en algunos casos tienden a defender y privilegiar los intereses impositivos de algunas industrias. Otras organizaciones, con distintos enfoques como el de derechos humanos, deben enriquecer y equilibrar el debate para mejorar el gasto, la inversión y la forma en que los gobiernos recaudan sus impuestos. La reducción de los subsidios al petróleo y el aumento en el impuesto al tabaco no son suficientes para evitar medidas regresivas en los países, pero son formas iniciales de mejorar el gasto y el recaudo para suavizar este tipo de medidas.