Si juzgamos por la visibilidad del Grupo de Asuntos Campesinos en términos institucionales, el panorama es aciago. | EFE Mauricio Dueñas Castañeda

Que los campesinos y campesinas en Colombia enfrentan menores posibilidades de acceso a la tierra, la salud, la educación, los servicios básicos y, en general, a todo tipo de oportunidades, no es una novedad y no parece estar en discusión.

Que los campesinos y campesinas en Colombia enfrentan menores posibilidades de acceso a la tierra, la salud, la educación, los servicios básicos y, en general, a todo tipo de oportunidades, no es una novedad y no parece estar en discusión.

Que los campesinos y campesinas en Colombia enfrentan menores posibilidades de acceso a la tierra, la salud, la educación, los servicios básicos y, en general, a todo tipo de oportunidades, no es una novedad y no parece estar en discusión. Llevamos décadas intentando crear entidades que trabajen directamente para cambiar esta realidad.

Uno de ellos se dio en 1993, durante los debates en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Ya en ese momento, cuando la concentración de la tierra era menos crítica, y la apertura económica no había destrozado la economía campesina, se discutió la posibilidad de crear un viceministerio de Desarrollo Social Campesino para contrarrestar la precaria situación que se vivía en el campo. Décadas después, durante el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y la Mesa Campesina Cauca (un espacio organizativo que funciona desde 2012), organizaciones campesinas desde el suroccidente exigieron la creación de una dirección de Asuntos Campesinos en el Ministerio del Interior, argumentando que esta era una manera de reconocer la cultura e identidad campesina y promover el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

Muchos años pasaron sin que se atendiera esta solicitud. Pero finalmente en noviembre de 2017 el Ministro de Interior en cabeza de Guillermo Rivera, a través de la resolución 1817, creó el Grupo de Asuntos Campesinos del Viceministerio de Participación e Igualdad de Derechos. Este se pensó como un espacio institucional que, si bien no tiene el rango de una dirección -como sí ocurre con los indígenas, rom y comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, e incluso con la dirección de asuntos religiosos- significó para el campesinado una buena señal desde la institucionalidad en el reconocimiento y garantía de sus derechos.

En el acto de creación se reconoció la necesidad de contar con una instancia en el Ministerio encargada de apoyar la formulación y seguimiento de la política pública de atención a la población campesina para la materialización de sus derechos. También se mencionó que este espacio tiene dentro de sus funciones dirigir y participar en mesas técnicas que permitan la participación de la población campesina y sus organizaciones, así como atender peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.

La expectativa que se generó dentro de las organizaciones campesinas con la creación de este grupo, derivó en desilusión. Su existencia no ha significado la apertura de ningún espacio de participación para las comunidades y organizaciones campesinas, por el contrario, las organizaciones siguen acumulando acuerdos incumplidos logrados en las mesas de negociación que ya traían con el Gobierno.

Tampoco ha significado el impulso y liderazgo que se requiere para materializar la formulación de la política pública a favor del campesinado que quedó contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque (art. 253). Pese a que el plan dispuso que una vez sancionada la ley se iniciaría su formulación, lo único que hoy se conoce es que las entidades encargadas de dar cumplimiento a esta obligación (Ministerio del Interior, Agricultura y DPS) aún se encuentran en fase de alistamiento, y que no existe hoja de ruta, ni cronograma, ni un plan de acción para que se empiece a ejecutar su formulación.

Tampoco ha significado ayudar en poner en marcha la directiva 07 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación que insta a todas las autoridades administrativas competentes a crear planes, programas, estrategias y políticas públicas a favor del efectivo reconocimiento de los derechos del campesinado. Aun cuando las alcaldías y gobernaciones están congestionadas con demandas sociales, políticas, y de inversión a favor de esta población.

Si juzgamos por la visibilidad del Grupo de Asuntos Campesinos en términos institucionales, el panorama es aciago. Si alguien desea saber sobre su existencia, sus funciones, o actividades, no podrá tener una respuesta a partir de su búsqueda en la página web del Ministerio, allí no hay ninguna mención a su existencia, e incluso resulta imposible rastrear virtualmente la resolución que le creó.

Incluso la gestión del Grupo de Asuntos Campesinos es cuestionable cuando se evalúa su obligación de dar respuesta a peticiones y consultas que son de su competencia. La Mesa Campesina Cauca, la misma que luchó por su creación, le pidió al Ministerio del Interior en julio de 2019 información sobre el estado de cumplimiento de los Acuerdos logrados entre la Mesa Campesina y el Gobierno Nacional. Hoy siguen esperando una respuesta.

Si este es el panorama, ¿qué función esta cumpliendo el Grupo de Asuntos Campesinos, y a quién le es útil? Ojalá el cambio ministerial le dé al campesinado el lugar que requiere.

De interés: Campesinos / Dejusticia / Tierras

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