Una paz constitucional

Esa Constitución fue una apuesta audaz pues respondió a la gravísima crisis de los años 80, no con autoritarismo, sino con un esfuerzo de profundización democrática y de mayor protección de los derechos y de la diversidad. Y esa osadía constitucional dio frutos: la ciudadanía legitimó y asumió ese proyecto constitucional, provocando lo que nuestro recordado colega y amigo Juan Jaramillo llamó una “revolución de los derechos”. Las personas, por medio de más de cinco millones de tutelas, han logrado una mejor protección de sus derechos. Y hoy tenemos una Colombia mejor, más pluralista, más democrática y más pacífica que en 1991.

Es obvio que esos avances no se deben sólo a la Constitución y que muchas de sus promesas, por ejemplo en materia de igualdad social, no han sido cumplidas. Y que esa Constitución tuvo errores de diseño institucional que deben ser corregidos, como por ejemplo la inadecuada regulación del tema electoral. Pero su impacto democrático y modernizador es claro.

Sin embargo, esta exitosa Constitución ha estado atravesada por una profunda paradoja.

La Constitución surgió en parte de un proceso de paz exitoso con el M-19 y el Epl, y fue por ello pensada como un tratado de paz entre los colombianos. Por ello incorporó a la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento y previó, en sus normas transitorias, que pudieran otorgarse curules en el Congreso a las Farc y al Eln si se reincorporaban a la vida civil. Pero durante estos 25 años no sólo no alcanzamos la paz, sino que el conflicto armado persistió e incluso creció en intensidad en ciertos años. Y algunos analistas sostienen que ciertos diseños institucionales, como una descentralización sin controles adecuados, favorecieron la persistencia de la guerra.

La Constitución de la paz coexistió entonces con un conflicto armado por momentos intensificado, lo cual explica en gran medida sus promesas incumplidas, pues es difícil, por ejemplo, garantizar adecuadamente el derecho a la vida cuando la confrontación armada crece, o satisfacer los derechos sociales cuando el gasto en seguridad se ve incrementado y los recursos para la política social se ven menguados.

Hoy tenemos la gran oportunidad de eliminar esa cruel paradoja. El acuerdo de paz con las Farc es imperfecto, pero es razonable y realista y puede encaminarnos a la superación del conflicto armado. Y esta paz negociada se lograría además sin rupturas institucionales pues los mecanismos previstos para refrendar, incorporar jurídicamente e implementar el acuerdo de paz, como el llamado plebiscito para la paz, son nuevos, originales y creativos, pero compatibles con la Constitución, como lo mostramos en un artículo con Diana Isabel Güiza en Ámbito Jurídico. Tenemos entonces la posibilidad de lograr una paz constitucional para vivir en paz en esta Constitución de la paz. Sería la mejor forma de celebrar estos primeros 25 años de nuestra Constitución