Una reforma inequitativa y poco saludable

Una reforma tributaria democrática no debe solo preocuparse por recoger dinero para que el Estado cumpla adecuadamente sus funciones, lo cual obviamente es importante, sino que debe estar inspirada también por otros principios: debe ser además i) equitativa, distribuyendo en forma justa la carga tributaria entre los ciudadanos, y debe ser ii) “saludable”, creando incentivos apropiados para disuadir comportamientos que sean negativos para los derechos humanos y costosos para la sociedad. La propuesta del gobierno Duque fracasa en esos dos puntos no solo por su contenido, sino también por sus ausencias, como lo muestra un excelente blog en La Silla Vacía del colega de Dejusticia Alejandro Rodríguez, que inspira esta columna.

Primero, porque la reforma pierde la oportunidad de hacer más equitativo el sistema tributario colombiano, eliminando una serie de privilegios tributarios, como las tarifas más bajas y las exenciones de las llamadas zonas francas.

El sistema tributario está plagado de esos privilegios tributarios, que usualmente no favorecen a los pobres, sino a sectores pudientes y a empresas grandes, y que son casi todos innecesarios, pues no traen ningún beneficio claro al país. Son más de 250, según un inventario hecho por la DIAN en 2016. Y cuestan muchísimo. No sabemos exactamente cuánto, porque el Estado ni siquiera valora adecuadamente su monto, pero algunas estimaciones muestran que su costo fiscal es enorme. El marco fiscal de 2018 concluyó que en 2016 los privilegios tributarios solo en el impuesto a la renta costaron $10,6 billones (1,2 % del PIB), que equivale prácticamente a los recursos nuevos que se pretenden recaudar con la reforma tributaria. Pero el gobierno Duque, en vez de eliminar (o al menos reducir) esos privilegios tributarios, que le permitirían obtener cuantiosos recursos y lograr mayor equidad en el sistema tributario, se ha concentrado en atacar uno que favorecía a los más pobres, que es la exención al IVA a la canasta familiar. Aunque el Gobierno ha hablado de devolución de lo pagado a los más pobres o de no gravar la canasta “básica esencial”, es difícil pensar que la medida no será regresiva.

Segundo, la reforma se abstiene de incorporar impuestos “saludables”. Un ejemplo significativo es la resistencia a proponer un impuesto adicional a las bebidas azucaradas, para desestimular su consumo, que es especialmente alto en los sectores más pobres y tiene un impacto negativo comprobado en problemas graves de salud, como la obesidad, la diabetes y el cáncer. Pero sin ningún argumento serio, el gobierno Duque se ha negado a incorporar este impuesto, que ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha mostrado su eficacia en promover hábitos de consumo más saludables en los países que lo han incorporado, como Francia, Chile, México o algunas ciudades de Estados Unidos, fuera de que puede traer más recursos al Estado, con lo cual la ganancia es por doble vía: si ese impuesto logra disuadir el consumo de las bebidas azucaradas, es posible que no represente nuevos ingresos fiscales, pero mejora la salud pública; y si no logra disuadir esos comportamientos poco saludables, al menos trae nuevos recursos al Estado para cumplir sus funciones.

Por esos vacíos, esta reforma tributaria es, por usar una metáfora semejante a las que usa el presidente Duque, un Robin Hood, pero al revés, pues les quita dinero a los pobres (por el IVA a la canasta familiar) para no tener que tocar los privilegios de los poderosos. Y es un Robin Hood desalmado, que se abstiene de proteger la salud de los más pobres.