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La llamada reforma para el reequilibrio de poderes, impulsada por el gobierno Santos, es una macrorreforma, pues busca modificar muchos aspectos de la Constitución, pero carece de una orientación clara.

La llamada reforma para el reequilibrio de poderes, impulsada por el gobierno Santos, es una macrorreforma, pues busca modificar muchos aspectos de la Constitución, pero carece de una orientación clara.

Esta reforma nació de la promesa electoral de Santos de eliminar la reelección presidencial y reequilibrar los poderes del Estado. Pero el Gobierno no explicó claramente desde el inicio cuĆ”les eran los supuestos desequilibrios institucionales que pretendĆ­a corregir; si se trataba Ćŗnicamente de eliminar las distorsiones generadas por el ā€œarticulitoā€ de la reelección presidencial, su derogatoria era suficiente. Pero no ha sido asĆ­. Ahora aparecen desequilibrios por todos lados.

El resultado ha sido que a la supresión de la reelección presidencial se le ha agregado una reforma política, con la modificación de la circunscripción nacional del Senado o la propuesta de listas cerradas para los partidos.

Igualmente le han incorporado una reforma judicial, parcial pero profunda, con el reemplazo del Consejo Superior de la Judicatura por otros órganos encargados de la administración de la Rama Judicial y del control disciplinario de jueces y abogados. El Congreso también pretende regular el juzgamiento de los altos funcionarios estatales, como los magistrados o el fiscal, con la propuesta de un tribunal de aforados, que reemplazaría a la ineficiente Comisión de Acusación. Y se han planteado otros cambios importantes, como la ampliación del período de los gobiernos locales o la prohibición de la reelección de otros funcionarios, como el procurador o el defensor del pueblo.
Algunos de los cambios propuestos son positivos, como la modificación del Consejo Superior de la Judicatura, pero otros son problemÔticos, como la idea de la cooptación plena en las altas cortes, que estuvo en la propuesta inicial del Gobierno. Pero mÔs allÔ de la discusión sobre la bondad o no de cada reforma individual, no aparece realmente con claridad cuÔles son los propósitos centrales que articulan todas esas modificaciones parciales. Es pues una reforma sin un norte claro, lo cual es problemÔtico al menos por dos razones.

Primero, porque es razonable pensar que una reforma constitucional, si pretende lograr un impacto duradero positivo, debe ser coherente, lo cual supone una visión clara del problema que quiere enfrentar. Por ejemplo, la reforma de 1910 buscó y logró quebrar el autoritarismo de la Constitución de 1886, lo cual permitió que Colombia viviera entre 1910 y finales de los años cuarenta unas décadas relativamente pacíficas.

Segundo, porque la falta de una visión nuclear posibilita que a la reforma terminen colgÔndole micos de toda suerte, que la vuelvan contradictoria y riesgosa, como sucedió hace dos años con la infortunada reforma a la justicia.

¿No serÔ entonces mejor que el Gobierno y el Congreso se concentren en suprimir la reelección presidencial, que es una idea positiva y que ha generado gran apoyo político, en vez de embarcarse en un cúmulo de reformas poco articuladas y de resultados inciertos?

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