Una sobredosis de insensatez II

En mi pasada columna examiné dos supuestos del decreto del presidente Duque que autoriza a la policía a destruir cualquier cantidad de droga encontrada en requisas: que la represión lograría reducir el abuso de sustancias psicoactivas y que todos los consumidores de estas sustancias tienen o causan graves problemas. Mostré que ambos son prejuicios sin fundamento empírico. En esta columna señalo otro prejuicio de este decreto y sus graves efectos negativos en la práctica.

El Gobierno y quienes apoyan la medida suponen que se trata de una novedosa estrategia para incrementar la seguridad ciudadana, pues facilitaría el combate al microtráfico y protegería a los niños de las drogas. El presidente Duque ha dicho que por eso ese decreto se fundamenta en el lema: “Primero los niños”. Pero nada de eso parece cierto.

Si bien la medida no es novedosa, pues el Código de Policía ya autorizaba a los agentes a destruir la droga incautada, no se debe minimizar el impacto del decreto, porque la autorización legal del código se ha vuelto ahora prácticamente una orden presidencial de incrementar las requisas policiales para incautar y destruir droga. Y efectivamente, después de promulgado el decreto, estamos viviendo una sobredosis de ese tipo de requisas.

Algunos objetarán que eso no es malo, con el argumento de que esos operativos ayudan a desarticular el microtráfico y protegen a los niños. El presidente va en esa dirección, pues dijo que la primera semana de aplicación del decreto había permitido recuperar de “las garras del narcotráfico” 136 parques y 172 entornos educativos. Pero no es fácil entender la lógica de esta estrategia de seguridad.

Si la policía recibe información de que hay microtráfico en un parque o en un entorno escolar, puede actuar inteligentemente contra estas organizaciones, por ejemplo vigilando la zona para filmar a sus integrantes realizando ventas y eventualmente proceder a su captura en casos de flagrancia. No veo en qué ayuda el nuevo decreto a una actividad policial inteligente para controlar el microtráfico o en qué mejora la protección de los niños. Por el contrario, los incentivos que crea el decreto van en una dirección equivocada, pues invitan a la policía a intensificar requisas masivas e invasivas de la intimidad de los ciudadanos para buscar droga, incluso en cantidades mínimas: sobredosis de requisas muy invasivas para buscar dosis mínimas.

Además, como el decreto ni algún protocolo policial han señalado con claridad cuándo una requisa policial es legítima, los policías se sienten hoy autorizados a hacer más requisas a quienes tienen pinta de consumidores, según sus propios criterios, que suelen estar basados en prejuicios.

El decreto somete entonces al acoso policial y a un alto riesgo de criminalización de facto a muchos usuarios. Esto no solo incrementa los riesgos de corrupción policial sino que además es discriminatorio, ya que afecta sobre todo a los consumidores pobres que compran su droga en las calles, mientras que los consumidores pudientes usualmente logran que la droga les sea llevada a sus casas. Y todo esto debilita la seguridad, ya que la policía, en vez de estar concentrada en combatir graves crímenes, es invitada por el presidente a andar requisando a eventuales consumidores de drogas. Y muchas veces en forma intrusiva y arbitraria, como lo ilustra el testimonio publicado recientemente en Pacifista de Rodrigo Estrada, un artista escénico que fue víctima de ese tipo de requisas.

Obviamente los niños deben ser protegidos de las drogas y el microtráfico debe ser controlado, pero con medidas inteligentes y eficaces y no con esta sobredosis de insensateces.