terna fiscal

Por esa derogatoria, la elaboración de la terna para FG ha quedado en la total opacidad. Esto no solo contradice las declaraciones presidenciales a favor de la transparencia y la legalidad, sino que, además, es en sí mismo muy grave, pues los colombianos hemos perdido la oportunidad de valorar y eventualmente cuestionar los nombres de los aspirantes a ese cargo tan poderoso. | Aitor Pereira, EFE

Iván Duque Duque derogó el decreto 450 de 2016 con argumentos jurídicos que simplemente son falsos, invocando además una jurisprudencia del Consejo de Estado que no tenía nada que ver con el tema.

Iván Duque Duque derogó el decreto 450 de 2016 con argumentos jurídicos que simplemente son falsos, invocando además una jurisprudencia del Consejo de Estado que no tenía nada que ver con el tema.

El presidente Duque ha sostenido que su gobierno promueve la transparencia pública. Pero su reciente decisión sobre el procedimiento de elección del nuevo fiscal general (FG) hace dudar de ese supuesto compromiso gubernamental.

Esta elección del FG es esencial, pues es el jefe de una enorme institución, que tiene el poder de decidir qué delitos investiga, a quién acusa y, por el contrario, cuáles casos archiva. Por eso muchos expertos internacionales han hecho propuestas para garantizar la transparencia y legitimidad del nombramiento de un funcionario tan importante y poderoso. Por ejemplo, como lo mencioné en una columna reciente, la Fundación del Debido Proceso Legal en Washington (DPLF, por su sigla en inglés), basándose en los estándares sobre la independencia de los fiscales elaborados por Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana y en las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, propuso nueve principios sobre el proceso de selección de un FG, como que haya transparencia, publicidad, evaluación de méritos, posibilidades ciudadanas de cuestionar nombres, etc.

El presidente Duque debe elaborar la terna, de la cual la Corte Suprema elegirá al próximo FG, por lo cual podría aplicar esos principios para lograr una terna que nos brinde confianza a todos los colombianos. Sin embargo, dio un paso en sentido contrario, pues derogó el decreto 450 de 2016, que daba alguna transparencia a la elaboración de la terna, ya que ordenaba que la lista de los aspirantes fuera pública y de esa manera la ciudadanía pudiera formular observaciones sobre la idoneidad o no de los candidatos.

Ese decreto 450/16 tenía deficiencias; por ejemplo, no establecía que los candidatos debían explicitar sus eventuales conflictos de interés, lo cual permitió la elección de alguien como Néstor Humberto Martínez, que los tenía todos. Pero ese decreto era un paso en la dirección correcta, que el presidente Duque hubiera podido mejorar para incrementar la legitimidad y transparencia de elaboración de la terna. En vez de eso, Duque decidió derogarlo con argumentos jurídicos que simplemente son falsos, invocando además una jurisprudencia del Consejo de Estado que no tenía nada que ver con el tema.

Duque arguyó que un decreto no podía modificar la forma de selección del FG establecida en la Constitución. Y es cierto que un decreto no puede modificar la Constitución. No podría, por ejemplo, quitarle al presidente Duque la facultad de elaborar la terna para trasladarla a algún expresidente. Pero eso no hacía el decreto 450/16, que simplemente establecía el procedimiento que el presidente se comprometía a seguir para ejercer en mejor forma su función constitucional. Y esto es legítimo, pues que la Constitución atribuya al presidente la decisión sobre la terna para FG no impide que el propio presidente se comprometa con un procedimiento para incrementar la transparencia, legitimidad e imparcialidad de esa terna. Todo lo contrario: la adopción de ese procedimiento es un desarrollo de los “principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” que, conforme al artículo 209 de la Constitución, rigen la función gubernamental.

Por esa derogatoria, la elaboración de la terna para FG ha quedado en la total opacidad. Esto no solo contradice las declaraciones presidenciales a favor de la transparencia y la legalidad, sino que, además, es en sí mismo muy grave, pues los colombianos hemos perdido la oportunidad de valorar y eventualmente cuestionar los nombres de los aspirantes a ese cargo tan poderoso. Ojalá el presidente Duque reconsidere esa decisión.

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