Universidad y apartheid educativo

Esta parece haber sido una buena semana para la universidad pública. Después del regreso del presidente Santos de Chile (donde los estudiantes protestan desde hace seis meses) el Gobierno anunció que retiraba la propuesta de crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro (algo previsto en el proyecto de reforma a la educación superior) y que destinaría recursos adicionales por 1,5 billones de pesos para financiar a la universidad pública. Son buenas noticias, sin duda, pero el problema de la educación en Colombia es de tal magnitud que se necesita mucho más que eso.

Para ponerlo en términos crudos, el problema es el siguiente: la educación en Colombia sirve más para reproducir las clases sociales (para que los pobres sigan siendo pobres y los ricos, ricos) que para permitir la movilidad y el ascenso social de los estudiantes. Eso se debe a que en este país cada clase social no sólo estudia por su lado (desde la guardería hasta el doctorado) sino que la calidad de la educación que reciben depende de su nivel económico. Eso conduce pura y simplemente a un sistema de apartheid educativo: los más ricos (que, para agravar la discriminación, también suelen ser los más blancos) reciben una mejor educación que los pobres. Semejante anomalía viola la regla de oro de la democracia liberal (ni siquiera digo de la democracia social) que es la igualdad de oportunidades. Es verdad que en Colombia ya no existen los títulos nobiliarios, ni los certificados de pureza de sangre, pero existen los diplomas de los mejores colegios y de las mejores universidades que, en la práctica, tienen un efecto similar: elegir a unos y condenar a otros.

Pero volvamos a la universidad pública. Ésta pasó por una profunda crisis a mediados de los años ochenta. Como consecuencia de ello, los ricos empezaron a matricular a sus hijos en las universidades privadas, algunas de las cuales crecieron y se fortalecieron, para bien de la educación superior (casi todas las demás son universidades de garaje que oscilan entre el negocio y la política). Durante los últimos diez años las cosas han cambiado para la universidad pública: su participación en el número total de estudiantes matriculados ha aumentado y la calidad de sus programas y de sus servicios ha mejorado.

El fortalecimiento de la universidad pública es muy importante para corregir el apartheid educativo y la desigualdad social. Tendremos un país más equitativo cuando todas las clases sociales puedan (y además quieran) enviar a sus hijos a estudiar a la universidad pública, como sucede en la mayoría de los países desarrollados del planeta (algo de eso sucedía a mediados del siglo pasado en Colombia, cuando los ricos iban a estudiar a la Universidad Nacional).

Pero de nada sirve ampliar y mejorar la universidad pública, que es la última parte del sistema educativo, si el apartheid social continúa imperando en la educación básica. Si sólo se cambia la parte superior del sistema, el resultado será poco deseable: todos querrán llegar a la universidad pública, pero sólo los hijos de los ricos, que vienen de los mejores colegios privados, podrán lograrlo. Eso sucede hoy en buena parte del Brasil, en donde el Estado termina financiando la educación superior de los únicos que pueden pagar por ella: los ricos.

Así las cosas el remedio que se necesita es triple: mejorar la calidad de la universidad pública, ampliar su cobertura y mejorar sustancialmente la calidad de la educación básica pública. El desafío es enorme, como lo es el problema.