Uruguay y Guantánamo

En cambio Uruguay, al recibir a seis detenidos liberados de Guantánamo, ofrece un ejemplo de solidaridad democrática para poner fin a esta injusticia extrema que ha sido Guantánamo.

Todo Estado democrático tiene no sólo el derecho, sino el deber de enfrentar las amenazas terroristas. Los terribles atentados del 11 de septiembre representaron para Estados Unidos no sólo un choque humano brutal, sino además la conciencia de que era un país vulnerable a los atentados. Estados Unidos tenía el derecho y el deber de reforzar sus políticas de seguridad para enfrentar ese tipo de amenazas.

Pero ni siquiera la lucha contra el terror permite que una democracia, como lo es Estados Unidos, recurra a métodos incompatibles con los propios ideales democráticos, como la tortura o la detención indefinida. La razón es simple: la democracia tiene en su corazón una ética de la moderación en el uso de los medios para alcanzar ciertos fines. Así como hay fines que por su perversidad no justifican ningún medio, existen medios que por su crueldad no pueden ser justificados ni siquiera por los fines más nobles. La democracia debe ser defendida frente al terrorismo, pero existen medios injustificables para su defensa.

Estados Unidos desconoció en Guantánamo esas restricciones. Unas 700 personas alcanzaron a estar presas por años, sin ser llevadas a juicio ni condenadas, lo cual ya es en sí mismo un grave atentado a la libertad. Un Estado puede detener a una persona si considera que cometió un delito, pero está obligado a juzgarla o a liberarla. Lo que no puede es mantenerla presa en forma indefinida, como se ha hecho en Guantánamo, pues muy pocos detenidos han sido juzgados.

Esos presos sin condena fueron además sometidos a torturas, que no dejaron de serlo porque el gobierno Bush las llamara, eufemísticamente, formas de “interrogatorio reforzado”.

Guantánamo es una vergüenza para la democracia estadounidense y para el mundo. Obama prometió cerrar ese centro de detención, pero ha sido lento en cumplir ese compromiso. Hoy quedan aún unos 140 detenidos sin condena, de los cuales el gobierno ha planteado la liberación de unos 70, al considerar que no representan ninguna amenaza real. Pero unos 50 no pueden retornar a sus países de origen, por los riesgos que tendrían en ellos. Y como la derecha ha logrado que el Congreso prohíba que puedan ser liberados en Estados Unidos, es necesario que otros países acepten recibir a esos presos sin condena.

Es aquí donde gobiernos como el de Mujica en Uruguay han mostrado sus quilates democráticos al acoger en su territorio a algunos de esos presos liberados. La medida no ha sido popular en ese país. Pero los buenos presidentes deben muchas veces hacer lo que es correcto, aunque no sea popular. Y es difícil encontrar algo más humano y correcto que acoger refugiados para contribuir a acabar esa vergüenza democrática que ha sido Guantánamo.