Vergüenza y esperanza

Una de ellas fue la audiencia que realizó la Corte Constitucional el pasado lunes sobre desplazamiento forzado.

Hace más de diez años, con la conocida sentencia T-025 de 2004, la Corte declaró que el desplazamiento forzado era un “estado de cosas inconstitucional” i) porque la situación en que vivían los desplazados violaba masivamente sus derechos más básicos y su dignidad, y ii) porque las políticas para atender esa tragedia humanitaria eran muy deficientes.

La Corte ordenó entonces al Gobierno que mejorara sus políticas a fin de sacar a los desplazados de su dramática situación. Durante estos años, la Corte ha realizado un seguimiento cuidadoso de los pasos que han tomado o dejado de tomar los gobiernos, reconociendo avances cuando los ha habido, pero igualmente criticando severamente los estancamientos o los retrocesos.

La Corte no se ha limitado a revisar burocráticamente documentos gubernamentales, sino que ha puesto en marcha formas muy creativas de seguimiento, como la construcción de indicadores específicos sobre la situación de los desplazados. Pero sobre todo, la Corte ha promovido que en este seguimiento haya la activa participación de otros actores, como los organismos estatales de control, la academia, organizaciones de derechos humanos y los propios desplazados.

Este seguimiento cuidadoso y participativo ha permitido avances en las políticas públicas frente al desplazamiento y mejoras en la condición de los desplazados, aunque no suficientes, pues su situación sigue siendo dramática. Además, ha dado lugar a una novedosa forma de “activismo judicial dialógico”, como lo llaman los colegas de Dejusticia Diana Rodríguez y César Rodríguez, en el excelente libro que lanzamos la semana pasada, Juicio a la exclusión, que combina una protección vigorosa de los derechos por los jueces, pero sin debilitar la deliberación democrática. Es más, gracias a la sentencia T-025, la discusión social pública sobre el desplazamiento se ha fortalecido pues muchas de las audiencias de seguimiento son públicas y participativas.

Uno de esos ejemplos fue precisamente la audiencia del lunes en donde participaron la Corte, nueve ministros, todos los jefes de organismos de control y los medios de información. Frente a ellos, el coordinador de la mesa nacional de víctimas, Odorico Guerra, en una excelente intervención, resaltó las deficiencias que persisten en la política frente al desplazamiento y todos lo escucharon con atención. El Gobierno expresó su compromiso de fortalecer sus esfuerzos en este campo. Y ahí vienen los sentimientos encontrados: que en Colombia hayamos permitido seis millones de desplazados es algo que debe avergonzarnos; pero estas audiencias, la labor de la Corte, la respuesta gubernamental y la movilización de los desplazados, dan algunas esperanzas de que podamos salir democráticamente de esta tragedia humanitaria.