¿Victoria sobre el incremento del salario mínimo?
Dejusticia diciembre 28, 2022
Si bien las políticas sobre el salario implementadas tienen buenas intenciones sobre el consumo y buscan la recuperación de la economía, se deben analizar al detalle, pues sus efectos no deseados pueden atentar contra lo dispuesto en la Constitución Política sobre la remuneración mínima vital para los trabajadores que garantice estabilidad en el empleo y la seguridad social. | Luis Eduardo Noriega, EFE
Es legítima la preocupación por garantizar un salario que permita satisfacer las necesidades mínimas de los trabajadores, pero debe estar acompañada por análisis claros de los efectos sobre el conjunto total de la sociedad.
Es legítima la preocupación por garantizar un salario que permita satisfacer las necesidades mínimas de los trabajadores, pero debe estar acompañada por análisis claros de los efectos sobre el conjunto total de la sociedad.
En Colombia, el incremento del salario mínimo busca aumentar el ingreso promedio de los trabajadores y de sus hogares para fomentar el consumo y dinamizar la economía. Sin embargo, esta política salarial puede generar efectos inesperados en una economía con alta inflación e informalidad.
El mercado está definido por la cantidad de bienes y/o servicios que un vendedor pone a disposición y que la gente desea adquirir, lo que se conoce como oferta y demanda. La interacción de estas partes se da a través de un sistema de precios, que se expresa en dinero. Con el dinero se refleja el costo de los bienes y/o servicios y del presupuesto con el que las personas cuentan para acceder a ellos y satisfacer las necesidades que les generan bienestar de acuerdo con sus preferencias.
Ahora bien, la gran pregunta es: ¿cuánto dinero es necesario para que las personas puedan satisfacer sus necesidades y generar bienestar? Estados como el colombiano han buscado algunas respuestas a través de la normativa jurídica estableciendo un salario mínimo legal, que se incrementa cada año con el objetivo de que las personas puedan satisfacer sus necesidades, incrementar la demanda de bienes y servicios y alcanzar los niveles de bienestar deseados. Sin embargo, esta solución, no se escapa de problemas, pues aumentar el salario mínimo modifica un monto particular de ingresos, al que pueden acceder solo algunos trabajadores. De acuerdo con los datos presentados en la mesa de concertación salarial de este año, actualmente, el 15,7% de 22 millones de trabajadores perciben un sueldo equivalente al salario mínimo.
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En este sentido, el aumento del salario mínimo busca beneficiar el consumo y recuperar la economía colombiana, pero puede producir resultados inesperados en la economía de las empresas y de las personas, más cuando el país presenta una inflación en lo corrido del año de 11,72%, la más alta en 23 años y además persiste una alta tasa de informalidad, que según el Dane, hoy se ubica en el 58% de los trabajadores. Para las empresas, el aumento del salario mínimo puede significar mayor costo a la hora de contratar personal, lo que impulsa un aumento de los precios finales de bienes y/o servicios para compensar el incremento de los costos laborales, lo que a su vez se traduce en mayor inflación. Esto es especialmente importante para las micro y pequeñas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial de Colombia y generan el 78% de los empleos en el país. Así las cosas, cuando las empresas no logran adaptarse a los nuevos costos laborales, se ven abocadas a aumentar los precios o a destruir empleos formales.
Los efectos de un aumento del salario mínimo los pueden percibir todos los ciudadanos, ya que los servicios que necesitan ampliamente del trabajo operacional de las personas deben incrementar sus costos. Por ejemplo, en el caso del transporte, se estima que un incremento del salario mínimo afecta el 30% de los costos operacionales de Transmilenio, con lo que los crecimientos del salario mínimo inevitablemente se traducen en un aumento del precio final del servicio.
El Banco de la República, en un estudio para Colombia del año 2022, señaló que: (i) un incremento del salario mínimo real en el 1% aumenta la destrucción promedio de 20 mil puestos de trabajo, y reduce las contrataciones de, alrededor, 22.000 empleos; (ii) el bienestar de los trabajadores (medido como la ganancia o pérdida de consumo a largo plazo y del cambio de la incertidumbre); disminuye un 0,7% en promedio, cuando el salario mínimo real aumentó el 1%.
Si bien las políticas sobre el salario implementadas tienen buenas intenciones sobre el consumo y buscan la recuperación de la economía, se deben analizar al detalle, pues sus efectos no deseados pueden atentar contra lo dispuesto en la Constitución Política sobre la remuneración mínima vital para los trabajadores que garantice estabilidad en el empleo y la seguridad social. Esto es más preocupante, cuando las cifras señalan que 12,7 millones de trabajadores devengaban menos de $800 mil pesos en 2021; la tasa de desempleo actual (9,7%) está por encima de los niveles prepandemia; y 12,9 millones de personas son trabajadores informales, es decir que no cuentan con un contrato laboral, por lo que tampoco cuentan con seguridad social.
Es, entonces, legítima la preocupación por garantizar un salario que permita satisfacer las necesidades mínimas de los trabajadores, pero debe estar acompañada por análisis claros de los efectos sobre el conjunto total de la sociedad, y especialmente del 58% de los trabajadores informales y del 9,7% de desempleados que hay en el país. Así, no deberíamos cantar victoria sobre el incremento del salario mínimo del 16% anunciado el pasado 15 de diciembre, que representa un crecimiento real del 3,36% (eliminando la inflación), y que en términos reales es inferior en comparación con el del gobierno anterior (el incremento real en 2022 fue de 4,7%). En un contexto de reducción del crecimiento y de incertidumbre económica, este tipo de subidas podrían tener impactos negativos sobre la población, como lo muestra el estudio del Banco de la República.
Es necesario entonces que se rediseñe la política laboral, basada en aprovechar nuestro bien más abundante y preciado: el trabajo. Por un lado, se debería procurar la disminución de los costos de contratación. Una opción es modificar las tasas de cotización para acceder a los servicios de salud de manera que sean progresivas. A este respecto, Fedesarrollo propone tasas del 0% al 9% de acuerdo con el salario percibido por los empleados, que iniciaría en el salario mínimo. Y permitir la cotización a las pensiones por jornadas de trabajo parcial en las que los ocupados tengan ingresos inferiores a un salario mínimo.
Por otra parte, se debe crear una integración de la política social con la política de empleo. Aun cuando el país ha reforzado un conjunto de programas sociales para combatir la pobreza, estos no están diseñados para incentivar a que los beneficiarios mejoren su situación laboral o para que se integren al sistema productivo.
Finalmente, facilitar la movilidad laboral de ocupaciones de baja remuneración a otras de mayor productividad, promoviendo educación formal, que permita incrementar la productividad y competitividad de los trabajadores. Las anteriores medidas, en conjunto con la política del aumento del salario mínimo, podrían garantizar que los colombianos tengan un empleo de buena calidad, que les permita generar bienestar.