Violencia contra los prisioneros

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El asesinato de 56 presos en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Manaos) y la masacre de los 33 prisioneros en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo (Boa Vista) eran una tragedia anunciada. Desde mediados de junio del 2016 se rompió la tregua que por dos décadas habían sostenido las principales bandas del crimen organizado de Brasil: el Primer Comando de la Capital (PCC) de origen paulista y el Comando Rojo de origen carioca. Del asesinato del narcotraficante Jorge Rafaat en la zona fronteriza con Paraguay, surgió una guerra entre carteles del narcotráfico que tiene por botín las rutas de drogas en el norte y occidente del país. En medio de este conflicto por el dominio territorial, el PCC dio la orden de asesinar a todos los miembros del Comando Rojo en las prisiones del país.

En respuesta a las amenazas del PCC, el 31 de diciembre pasado la Familia del Norte, un cartel que opera en el estado de Amazonas y que es aliado del Comando Rojo, ejecutó una operación coordinada en los centros de reclusión que se encuentran en Manaos. Mientras las autoridades atendían la fuga de 72 presos que se había presentado en la mañana en el Instituto Penal Antônio Trindade, los reclusos del Complejo Penitenciario Anísio Jobim iniciaron un motín que resultó en la muerte de 56 personas y 112 fugas. La Familia del Norte propinó un golpe planificado, con alegada complicidad comprada de las directivas del complejo penitenciario. Era imposible entrar armas de fuego a un centro de reclusión fuertemente custodiado sin la omisión del personal de guardia. La cadena de retaliaciones continuó con el asesinato, a manos de integrantes del PCC de 33 presos que podrían pertenecer al Comando Rojo en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo. La tragedia no terminará pronto.  

Jobim durante el motín del 31 de diciembre del 2016 y primero de enero del 2017.

Los sistemas penitenciarios de países como México, Guatemala, Brasil o El Salvador, entre otros de América Latina, permanecen en una situación crítica desde hace más de dos décadas. Los amotinamientos y las escenas de violencia entre presos que se presentaron durante la primera semana del año en esas cárceles de Brasil no son nuevos en la región. Este tipo de hechos evidencian que los carteles de la droga, han convertido a las prisiones en un escenario más de la cruel guerra que adelantan.

Brasil no es el único país que sufrió motines y enfrentamientos entre bandas durante el 2016. En cárceles de México y Guatemala ha sido muy difícil mantener las disputas entre los diferentes grupos narcotraficantes por fuera de los penales. En febrero, estalló un disputa entre carteles en la Cárcel Topo Chico, ubicada en el estado de Nuevo León, que dejó como saldo 52 personas muertas. Según algunas fuentes se trató de una confrontación entre grupos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, alias “el Credo”, considerado el cabecilla del Cartel del Golfo que controlaba el Centro penitenciario, y Juan Pedro Salvador Saldívar Farías “el Z27” el jefe regional de los Zetas. En Guatemala, durante el mes de julio, en la Cárcel de Pavón cercana a la ciudad capital, se presentó un motín con un resultado de 13 muertos, en un enfrentamiento entre los grupos de Byron Lima, quien estaba siendo investigado por liderar una red de enriquecimiento ilícito en el sistema carcelario, y un grupo vinculado al narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias el Taquero.

En El Salvador, luego de un motín en el que murieron 32 reclusos del Centro Penal La Esperanza en septiembre de 2004, para evitar enfrentamientos, el gobierno segregó a los miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) en diferentes cárceles. Aunque el experimento parecía imprescindible para mantener el control de la violencia al interior de las prisiones, terminó convirtiendo a los centros de reclusión en comandos de operación de las pandillas, con escuelas del crimen, regímenes de disciplina y normas que se imponen desde el exterior. Las prisiones se volvieron así en lugares de extorsión y narcotráfico a distancia.

Los casos de Brasil, Guatemala, México y El Salvador reflejan las debilidades que tienen los Estados e instituciones a la hora de construir sistemas penitenciarios dignos y seguros. Aunque los problemas de hacinamiento y acceso a servicios sanitarios son viejos y estructurales, hoy ha estallado un reto de igual importancia: luchar contra los grupos narcotraficantes que promueven la violencia dentro de los centros de reclusión. La corrupción, la falta de personal capacitado para manejar población reclusa, las condiciones laborales de la guardia y las presiones que ejerce el crimen organizado sobre los penales, son algunas debilidades de los Estados para controlar lo que pasa al interior. Sin embargo el poder económico, militar y político de los carteles de la droga ha demostrado ser la principal piedra en el zapato para fortalecer la seguridad de los sistemas penitenciarios.

Quizá las instituciones penitenciarias no han reconocido del todo la profunda influencia que tienen estas bandas, así como tampoco la importancia que las cárceles tienen para el funcionamiento del grupo. De acuerdo con Camila Dias, profesora de la Universidad Federal del ABC, si el PCC y el Comando Rojo se están disputando a sangre y fuego los centros penitenciarios es porque en Brasil, así como en otros contextos de América Latina,  se han convertido en el centro de actuación del crimen organizado.

Las autoridades deben salir de la idea que las prisiones están separadas de la realidad exterior y asumir que en la actualidad una parte del crimen surge allí mismo. Las extorsiones, los secuestros, el tráfico de drogas, entre otras actividades, son coordinadas desde las reclusiones. De allí que para controlar la violencia las autoridades deben no sólo fortificar el control perimetral de las prisiones, también deben evitar que los encarcelados sean los que impongan sus condiciones al interior de las cárceles. No es la primera vez que el crimen organizado se siente con el poder suficiente de desafiar al Estado y las instituciones y burlar el régimen penitenciario, la cuestión es si el Estado puede responder con acciones  estratégicas que reduzcan la violencia y respeten los derechos de las personas recluidas.

Nota: La situación en Brasil es muy grave. Al final de la redacción de este artículo se conoció un nuevo motín, esta vez en la Cárcel de Alcaçuz, en Natal (Río Grande del Norte) donde murieron 26 presos el pasado fin de semana. Esta es una prolongación del conflicto entre el PCC y el Comando Rojo.