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Yamile y Candelaria son unas de las miles de personas venezolanas que están migrando a otros países del continente. Aunque no existen cifras exactas sobre la magnitud del éxodo venezolano y mucho menos de sus características demográficas, estudios calculan que para este año cerca del 15% de la población habrá dejado el país. ¿Cómo garantiza Colombia los derechos a la educación de los niños y niñas que han llegado?

Yamile y Candelaria son unas de las miles de personas venezolanas que están migrando a otros países del continente. Aunque no existen cifras exactas sobre la magnitud del éxodo venezolano y mucho menos de sus características demográficas, estudios calculan que para este año cerca del 15% de la población habrá dejado el país. ¿Cómo garantiza Colombia los derechos a la educación de los niños y niñas que han llegado?

Por: Lucía Ramírez Bolívar* y Silvia Ruiz**

 

Conocimos a Yamile una noche de sábado en Transmilenio. Nos llamó la atención cómo jugaba con Candelaria, su hija de 2 años, mientras intentaba vender maní en la estación. Yamile es venezolana y hace apenas 15 días llegó a Bogotá. Cuando le preguntamos por qué había decidido migrar, nos miró con sorpresa e incredulidad. “La niña necesita leche y en Venezuela un tarro cuesta más del salario mínimo mensual” respondió. Yamile trabaja en el transporte público, acompañada de Candelaria, pues no tiene con quién dejarla.

Yamile y Candelaria son unas de las miles de personas venezolanas que están migrando a otros países del continente. Aunque no existen cifras exactas sobre la magnitud del éxodo venezolano y mucho menos de sus características demográficas, estudios calculan que para este año cerca del 15% de la población habrá dejado el país. Según el Banco Mundial, en 2016 había cerca de 9 millones de personas en Venezuela entre 0 y 14 años, es decir, es probable que cerca de un millón y medio de ellas hayan tenido que emigrar. Este hecho impone retos importantes para los países receptores en términos de políticas de atención a la niñez migrante y, en particular, en el acceso a la educación.

A los obstáculos que Yamile enfrenta diariamente, se suman los requisitos que le pidieron en un jardín infantil para admitir a Candelaria: múltiples exámenes médicos, un seguro de salud y un certificado laboral. Aunque parecen requisitos razonables, para Yamile y muchos otros padres y madres venezolanos son muy difíciles de cumplir, ya sea por falta de recursos, porque ingresaron irregularmente al país o no cuentan con un trabajo formal. Por lo pronto, Candelaria no podrá iniciar el año escolar.

 

Protesters in front of police line in Caracas, Venezuela. Photo by: andresAzp

 

 

A pesar de que el gobierno colombiano ha llamado la atención sobre la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la educación a las niñas y niños, sin distinción de su nacionalidad y estatus migratorio, en la práctica, la falta de información de muchas de las directivas escolares ha generado que muchas niñas y niños venezolanos se queden sin acceso a la escuela. Muchos establecimientos exigen la presentación de pasaporte, visa de estudiante, certificados de nacimiento y de estudios apostillados, documentos que dada la extrema vulnerabilidad en la que llegan estos niños y sus familias son muy difíciles de conseguir. Sin embargo, no hay una política unificada frente a este tema, ya que en otros colegios no les exigen ningún documento. A esta confusión, se suma la reciente sentencia de la Corte Constitucional que afirmó que la exigencia de visas de estudiante es necesaria para la admisión en una escuela.

Las dificultades para conseguir los documentos se deben al costo de los trámites o a la complejidad de los mismos debido a la crisis institucional por la que atraviesa Venezuela. Así mismo, si los niños y niñas no pueden acreditar sus estudios anteriores, deberán presentar un examen de validación cuyo costo no está regulado, sino que cada institución pública determina discrecionalmente. Si no cumplen con estos requisitos muchos no pueden iniciar sus estudios o, en el caso de que logren ingresar, terminan siendo retirados eventualmente por no cumplirlos dentro de los tiempos establecidos para ello.

A diferencia de Candelaria, otros niños y niñas venezolanos que han migrado a otros países sí han podido acceder a la educación gracias a la existencia de normas o políticas incluyentes para la población migrante de las que Colombia podría aprender. Países como Argentina y Chile han eximido a los niños y niñas de los requisitos de legalización de estudios previos o han creado sistemas de identificación para garantizarles este derecho mientras se regularizan con una visa especialmente creada para atenderlos.

Así mismo, como respuesta al flujo de colombianos de las últimas dos décadas, Ecuador incluyó dentro de la Constitución de 2008 el derecho de los extranjeros al pleno disfrute de los servicios estatales incluyendo la educación y, por ley, reconoció las necesidades especiales de la niñez migrante como población vulnerable por razones de movilidad humana.

En Francia y Estados Unidos, la escolarización de niños y niñas extranjeros se trata de igual manera que la de los nacionales – sin considerar su estatus migratorio – y es obligatoria y gratuita. Además, ambos países cuentan con legislación y programas para apoyar su rendimiento escolar e instruir a sus docentes. De igual forma, en Italia y Bélgica, se les protege este derecho fundamental independientemente de su situación migratoria.  En ninguno de estos países se supedita el acceso a la educación a la presentación de documentos que puede llegar a ser muy difícil de conseguir debido a las circunstancias en las que esta población sale de su país de origen.

 

The Inter-American Commission on Human Rights visits the border between Venezuela and Colombia. Photo credit: CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita la frontera entre Venezuela y Colombia. Crédito de la foto: CIDH

 

El acceso a la educación es un derecho fundamental universal que, además de promover el desarrollo humano, facilita un espacio seguro y estable para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Por eso, las barreras de acceso no sólo reducen las posibilidades de superar la grave situación humanitaria de la niñez migrante, sino que además contravienen las obligaciones internacionales de los estados.

De acuerdo con el Comité DESC, reconocer y respetar el derecho a la educación de la niñez sin discriminación alguna por su nacionalidad o estatus migratorio es una obligación básica del estado. Así mismo, la garantía de este derecho se cumple sólo si hay disponibilidad institucional para que todos los niños puedan entrar a clases, si es accesible material y económicamente y sin discriminación, si los programas pedagógicos son de buena calidad y si se adapta a las necesidades y cambios culturales y sociales. Al no flexibilizar los requisitos para acceder a la educación e ignorar los impedimentos prácticos que enfrenta la niñez migrante, los estados estarían vulnerando su derecho fundamental a la educación.

Su país de origen le cerró las puertas de la escuela a Candelaria. ¿Lo harán también los demás estados? Por deberes jurídicos y mandatos de solidaridad, Colombia y los demás países que están recibiendo población migrante deben garantizarles a los niños y niñas el acceso a la educación y reformular su política educativa para que responda a sus necesidades. Entre otros cambios, una política educativa incluyente debe comprender mecanismos para establecer con claridad el número exacto de niños y niñas migrantes que necesitan ingresar al sistema educativo, flexibilizar los requisitos para ingresar a la escuela, minimizar y estandarizar los costos de los procesos de validación de estudios adelantados en el país de origen y adelantar programas de formación a directivas y docentes para que promuevan un entorno solidario para ellos.

 

* Lucía Ramírez Bolívar es investigadora de Dejusticia – [email protected] / @aydalucia

** Silvia Ruiz es fellow de Dejusticia – [email protected] / @silviaaruizm

Foto destacada: Sebastian Januszevski

 

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