¿Y el seguimiento fiscal y económico a las zonas francas?
Dejusticia enero 2, 2024
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Colombia es el país de América Latina y el Caribe con el mayor número de Zonas Francas, sin embargo no hay herramientas adecuadas para evaluar su eficacia. En esta columna investigadoras y expertos económicos indagan sobre la necesidad de la información pública.
Colombia es el país de América Latina y el Caribe con el mayor número de Zonas Francas, sin embargo no hay herramientas adecuadas para evaluar su eficacia. En esta columna investigadoras y expertos económicos indagan sobre la necesidad de la información pública.
En Colombia, las zonas francas (ZF) se concibieron como áreas geográficas con regímenes especiales, destinadas a simplificar los procedimientos de comercio, estimular la transformación productiva, promover la competitividad de las regiones, atraer inversiones, crear empleo e impulsar la participación en los mercados internacionales. Para incentivar estas iniciativas, se les han otorgado beneficios aduaneros, exenciones en impuestos indirectos como el IVA y aranceles, además de una tasa reducida en el impuesto de renta.
No obstante, en la actualidad no hay herramientas adecuadas para evaluar la eficacia de las zonas francas en alcanzar los objetivos económicos para los que fueron creadas. Sin información para hacerle el seguimiento, se corre el riesgo de que estas zonas se conviertan en áreas con privilegios fiscales que no generan beneficios importantes a la economía, pero que sí pueden estar afectando el recaudo tributario del Estado y, por tanto, la justicia redistributiva.
Hoy en día, Colombia es el país de América Latina y el Caribe con el mayor número de ZF, pues alberga un total de 124 ZF, compuestas por 42 permanentes (donde se instalan múltiples empresas del sector industrial o comercial) y 82 permanentes especiales (con una única empresa industrial), estas últimas aún envueltas en un velo de escasa información debido a que las entidades gubernamentales publican sus estadísticas de manera general y sin ningún detalle.
Por un lado, los informes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se limitan a presentar las exportaciones e importaciones mensuales de las zonas francas, basándose en las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Estadísticas que ofrecen una visión general de las compras y ventas de las diferentes zonas francas permanentes, y un simple consolidado total para las zonas francas que cuentan con una sola empresa instalada.
Por otro lado, la Dian publica un resumen de las declaraciones de renta y de IVA de los tipos de zonas francas que, aunque arroja indicios sobre los beneficios fiscales del régimen, no proporciona una imagen completa de la realidad tributaria del sector.
A pesar de las solicitudes de la academia y la sociedad civil para obtener estadísticas desglosadas que permitan comparar los requisitos impuestos a las zonas francas con la realidad económica, las entidades gubernamentales se resisten a compartir esta información bajo el argumento de “reserva estadística”.
Esta falta de transparencia dificulta llevar a cabo un análisis exhaustivo del comportamiento económico y tributario del régimen de zonas francas, y no permite identificar si este tipo de áreas geográficas incentiva o no la inversión, las exportaciones y el desarrollo regional.
En este contexto, ¿cómo podemos evaluar la eficiencia, la equidad y el impacto económico y fiscal generado por este régimen sin acceso a información estadística detallada? Es necesario que las entidades gubernamentales permitan el acceso a datos desagregados o elaboren reportes de monitoreo completos que permitan evaluar las características que el régimen franco debería mantener para justificar la continuidad de los incentivos tributarios.
Entonces, si aún no podemos evaluar si las zonas francas son fuentes significativas de inversión, empleo, si son promotoras de la industria nacional hacia el extranjero, al final, ¿se podría justificar la existencia de esta política?, ¿podríamos mejorarla?, ¿estarían solo beneficiando a las grandes empresas, desincentivando la competencia de las pequeñas? Hasta no tener información pública completa estas preguntas no podrán ser respondidas.
Una columna de: Mariana Matamoros y Randy Villalba, de Dejusticia / Liliana Heredia y Oliver Pardo, profesores de la Universidad Javeriana de Cali y de Bogotá / Mariana Álvarez Cano, estudiante de la Universidad Javeriana de Cali.
