¿Y si Colombia no le cumple a las FARC?

Alejandro Jiménez Ospina

Colombia tiene una oportunidad única de construir un futuro sin conflicto armado. Sin embargo, las estadísticas están en contra del éxito colombiano, ya que el 45% de los acuerdos de paz firmados entre 1989 y 2004 fallaron en los primeros cinco años de implementación. Por lo tanto, no debe haber factores desestabilizadores adicionales como un incumplimiento del acuerdo.

Alejandro Jiménez Ospina

¿Y si Colombia no le cumple a las FARC?

Por: Alejandro Jiménez Ospinaoctubre 2, 2017

Colombia tiene una oportunidad única de construir un futuro sin conflicto armado. Sin embargo, las estadísticas están en contra del éxito colombiano, ya que el 45% de los acuerdos de paz firmados entre 1989 y 2004 fallaron en los primeros cinco años de implementación. Por lo tanto, no debe haber factores desestabilizadores adicionales como un incumplimiento del acuerdo.

En noviembre de 2016, después de cuatro años de negociaciones, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, firmaron un acuerdo de paz para terminar un conflicto armado interno de más de cinco décadas. Para nadie es un secreto que esa paz firmada no es una paz garantizada. Meses después de la firma, voceros de la oposición afirmaban que era necesario “(…) volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo con las FARC” e incluso se ha sabido que un magistrado de la Corte Constitucional sugirió eliminar el texto que en la Constitución obliga al Estado a cumplir lo acordado de buena fe.

Pero, ¿son los riesgos asociados a una decisión de “hacer trizas” un acuerdo de paz que se encuentra en plena implementación? La experiencia de El Salvador, donde la ley de amnistía quedó en el limbo jurídico, puede arrojar algunas luces al respecto; especialmente porque muestra, por lo menos, uno de los riesgos derivados del incumplimiento de acuerdos de paz: No darle un cierre jurídico y político completo a la guerra y que esto se convierta en un factor de desestabilización social y política, especialmente en democracias en consolidación.

En enero de 1992, en la Ciudad de México, el gobierno de El Salvador firmó un acuerdo de paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el que sostuvo un conflicto armado por 12 años. Luego se creó una Comisión de la Verdad y se definió que sólo serían juzgados quienes participaron en graves hechos de violencia que requerían ser conocidos públicamente.

 

Un grupo de colombianos levantan la bandera nacional. Foto: Leon Hernandez

 

En marzo del año siguiente, la Comisión de la Verdad presentó un informe que recogía estos hechos. Para sorpresa de todos, cinco días después la Asamblea Legislativa de El Salvador expidió una ley que impedía investigar, juzgar y sancionar incluso a las personas mencionadas en ese informe, fueran agentes estatales o guerrilleros.

Indignadas, las víctimas comenzaron a insistir que se hiciera justicia y acudieron al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Treinta y cinco años después de ocurridas las Masacres de El Mozote, y tras veinte años en que las investigación permanecieron cerradas, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bandera de quienes habían sufrido graves violaciones a derechos humanos en el conflicto salvadoreño.

Estos son los hechos del caso. En 1981 las fuerzas armadas de El Salvador desarrollaron una operación militar en el caserío El Mozote y otros lugares cercanos; allí ejecutaron extrajudicialmente y de forma masiva, colectiva e indiscriminada a aproximadamente 440 personas. Estas masacres respondieron a una conocida práctica de lucha contra las guerrillas denominada “tierra arrasada”, con la que se buscaba debilitar la base social del FMLN. El problema con las víctimas: Los responsables de esas atrocidades no serían sancionados porque estaban cubiertos por la segunda versión de la ley de amnistía.

 

Marcha en Colombia en contra del grupo guerrillero FARC. Foto: AlCortés

 

En 2013, al pronunciarse sobre el caso, la Corte Interamericana determinó que las leyes que impedían investigar, juzgar y sancionar a los militares responsables por estas masacres no permitían que las víctimas accedieran a la justicia. Por lo tanto, le ordenó al Estado salvadoreño dejar de aplicar las leyes de amnistía que protegían a los victimarios, tanto de las Masacres de El Mozote, como de otras graves violaciones a derechos humanos cometidas en el conflicto armado.

Luego, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que la ley de amnistía no estaba de acuerdo con la Constitución salvadoreña, eliminándola definitivamente del mundo jurídico, por impedir el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado frente al acceso a las justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Para marzo de este año, Salvador Sánchez Cerén, miembro del FMLN y presidente del país centroamericano, comenzó la búsqueda de un nuevo esquema de justicia penal transicional que se adaptara a las órdenes de ambas cortes, pero que no significara necesariamente llevar a la cárcel a los victimarios. Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil han denunciado la pasividad del gobierno salvadoreño para investigar, juzgar y sancionar los crímenes relacionados con el conflicto armado.

 

The El Salvador Civil War Memorial - more than 70,000 names of children, women, and men who died during the internal armed conflict are inscribed on the memorial. Photo: j h

The El Salvador Civil War Memorial – more than 70,000 names of children, women, and men who died during the internal armed conflict are inscribed on the memorial. Photo: j h

 

Veinticinco años después de los Acuerdos de Paz, El Salvador sigue sin dar por terminado su proceso de justicia transicional. Esta constante incertidumbre es consecuencia, por lo menos parcialmente, del incumplimiento de lo pactado; algo que se ha visto reflejado en condenas recientes a exmilitares y órdenes de captura emitidas contra exguerrilleros del FMLN.

Si se entiende que el objetivo final de todo acuerdo de paz es la terminación del conflicto armado, la falta de certeza sobre las decisiones relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a derechos humanos cometidas durante los enfrentamientos pueden significar graves riesgos para la sostenibilidad de la paz. Especialmente en un caso como el de El Salvador, que incumplió un acuerdo que, en principio, era más garantista de los derechos de las víctimas que la amnistía posterior.

Estadísticas del Uppsala Conflict Data Program muestran que el 45% de los acuerdos de paz firmados entre 1989 y 2004 fracasaron dentro de los primeros cinco años de implementación. Mientras que el Human Security Report 2012 refleja que el 32% de los acuerdos de paz firmados entre 1950 y 2004 para terminar conflictos armados internos estuvieron seguidos de violencias residuales o recurrentes.

En la misma línea, Jasmine-Kim Westendorf, ha afirmado que los países tienen un 40% de probabilidades de retornar al conflicto luego de la firma de un acuerdo de paz. Además, en cerca del 50% de los casos, los Estados tienden a recaer en sus guerras civiles dentro de los cinco años siguientes a las negociaciones.

Si frases como “volver trizas el maldito papel” se combinan con este panorama, pareciera difícil que la implementación del proceso de paz con las FARC llegue a buen término. Colombia tiene una posibilidad única de construir un futuro sin conflicto armado; las estadísticas están contra del éxito colombiano, no deberían sumarse factores desestabilizadores como el incumplimiento de lo pactado.

 

Foto destacada:  Adam Cohn

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