palacio de cristal

Al obligar a las entidades públicas a que entreguen cualquier tipo de información en su poder, la idea de un palacio de cristal parece posible. No habría procedimientos secretos ni decisiones ocultas. | Javier Roibás Veiga, EFE

Si compartimos la necesidad de que el Estado funcione en un palacio de cristal, ahora nos encontramos con una cuestión práctica: ¿cómo logramos la transparencia en todas las instituciones públicas?

Si compartimos la necesidad de que el Estado funcione en un palacio de cristal, ahora nos encontramos con una cuestión práctica: ¿cómo logramos la transparencia en todas las instituciones públicas?

Cuando uno camina por el Parque del Retiro, en Madrid, encuentra un palacio cuyas paredes y techo son completamente de vidrio. A menudo utilizado para albergar instancias artísticas, permite que desde afuera se vea todo. Más allá de su belleza arquitectónica, este edificio nos anima a cuestionar algunas prácticas estatales: ¿no debería ser así el Estado? ¿No deberíamos tener un Estado cuyas oficinas (metafóricamente, claro) o, dado que la tecnología digital nos rodea, su sitio web sean como un palacio de cristal? Un Estado transparente, abierto y cristalino es un estado más justo y eficiente.

Si compartimos la necesidad de que el Estado funcione en un palacio de cristal, ahora nos encontramos con una cuestión práctica: ¿cómo, sin construir oficinas hechas de vidrio pues tal vez no sea tan cómodo para trabajar, logramos efectivamente la transparencia en todas las instituciones públicas? Una forma de iluminar un Estado hecho de cemento, gris, oscuro y frío es utilizar tecnologías digitales y procedimientos estandarizados para garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información que tiene el Estado (datos, reportes, estudios, razones, etc.).

Al obligar a las entidades públicas a que entreguen cualquier tipo de información en su poder, la idea de un palacio de cristal parece posible. No habría procedimientos secretos ni decisiones ocultas: ¿Por qué la Administración nacional, departamental o municipal toma una decisión y no otra? ¿Cómo el Ministerio de Educación decide si los recursos públicos los invierte en alimentación escolar o en educación superior? ¿Qué porcentaje de los recursos estatales se dedican al fomento de la educación? ¿Cuántos procesos disciplinarios se han abierto contra funcionarios del ESMAD como resultado de “abuso de la fuerza”?

En Colombia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a las entidades a poner a disposición de la ciudadanía cierta información en su página web. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el acceso a la información pública en la construcción de un Estado más justo, en Dejusticia creamos MOTA, una herramienta que analiza si los sitios web del Estado realmente cumplen con la ley y con los estándares de buenas prácticas digitales. Este tipo de estándares se encaminan a permitir el acceso fácil y efectivo por parte de diferentes grupos de ciudadanos, desde investigadores o científicos de datos hasta personas y ciudadanos con diferentes idiomas o niveles de alfabetización, a la información. Por ejemplo, ¿qué tan fácil es encontrar la información? ¿Los sitios web del Estado están estandarizados o cada uno es distinto y nos toca “aprender” a navegarlo? ¿Qué tan estable o qué tan rápido carga un sitio web si usamos un celular común territorios con velocidades lentas de Internet? ¿Los documentos están en formato abierto para que puedan descargarse fácilmente? ¿Se pueden leer de forma automatizada? ¿Se describe la información de manera simple y clara?

En el marco de la celebración del día del acceso a la información pública (28 de septiembre) la Alianza Más Información Más Derechos publicó su revista DesTápate: contra la opacidad del poder. En ella, analizamos 32 entidades públicas con MOTA y encontramos que si bien muchas entidades comprenden la importancia de la transparencia para construir un país más justo y se esfuerzan por tener mayor información disponible, todavía hay mucho camino por recorrer en aras de lograr una efectiva transparencia activa dado que ninguna cumple a cabalidad con la ley.

De hecho, en una escala de 0 (incumplimiento total) a 100 (cumplimiento perfecto) el promedio de las entidades públicas estudiadas fue de 25,8. Lo más preocupante es que no es necesario invertir mucho dinero y/o tiempo para mejorar la calidad de acceso a la información. Mucha de las soluciones no sólo son sencillas, sino también económicas, como destacamos en el siguiente link. Estos son algunos ejemplo:

1. subir los archivos en formato abierto y padronizados, utilizando los modelos y patrones publicados por e Departamento de Función Pública ( https://www.funcionpublica.gov.co/)

2. Evitar generar archivos PDFs escaneados. Mejor generar el PDF directamente desde el programa en el que se creó  el documento (e.g. Word o Excel). Si no es posible, optimizar las imágenes escaneadas.

3. Optimizar las imágenes antes de subirlas al sistema para que no sean demasiado pesadas. Se pueden utilizar aplicaciones gratuitas para Windows, MacOs, Linux, etc.

4. Organizar la información de forma lógica y clara entre los sitios web.

Estas son sólo algunas de las medidas que se podrían tomar para mejorar efectivamente la calidad de acceso a la información en el Estado. Creemos que se trata de una cuestión de voluntad política en la que “se cumple por cumplir”, mas no para efectivamente darle acceso a la ciudadanía a la información que es de todos. Por eso, depende de nosotros, de toda la ciudadanía, presionar a las entidades públicas para que garanticen efectivamente el acceso a la información. Somos nosotros quienes debemos velar por construir un Estado que habite en un palacio de cristal. De otra forma, estaríamos condenados a vivir bajo un gobierno en el que todo sucede en buhardillas oscuras, tal como pasa en El Proceso, el famoso libro de Kafka sobre la opacidad e incoherencia estatal.

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