Yamile Salinas y el derecho a la tierra

La sorpresiva y prematura muerte de Yamile Salinas priva a los campesinos, a los indígenas y a los afros de una brillante jurista e investigadora social profundamente comprometida con la defensa de sus derechos.

Pocas personas como Yamile conocían y manejaban con tanta solvencia los vericuetos de la normatividad sobre propiedad, posesión y tenencia de tierras, o la complejidad del régimen de baldíos y su relación con la prescripción adquisitiva, entre muchas otras sutilezas del régimen jurídico rural. Con esos conocimientos y su gran capacidad analítica y de trabajo, Yamile hubiera podido hacerse multimillonaria asesorando a grandes inversionistas rurales. Pero tomó otro camino: entregó sus conocimientos y su talento a la defensa del derecho a la tierra de campesinos, afros e indígenas, lo cual hizo esencialmente por dos vías.

De un lado, Yamile mostró, con gran rigor y enorme valentía, que el despojo de tierras en Colombia no es sólo producto de una violencia bárbara de actores armados, que claro que ha existido, sino que se acompaña de estrategias jurídicas sutiles, que aprovechan los vacíos legales y cierta complicidad de las autoridades, para legalizar la apropiación de las tierras abandonadas. El despojo material por la violencia se consolida con un despojo jurídico, por lo cual es, muchas veces, una “macrocriminalidad con licencia legal”, como se llama el reporte que Yamile presentó a la JEP sobre la región de Urabá-Darién, uno de sus últimos trabajos.

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En esa tarea de documentación del despojo, Yamile participó en algunos de los informes generales más importantes sobre el tema del Centro Nacional de Memoria Histórica (cuando era una institución respetable), como el que sistematiza la evidencia del despojo que se desprendía de las versiones libres de los paramilitares. También, en Indepaz, analizó casos específicos como la acumulación de tierras y aguas por Pacific Rubiales en la altillanura.

De otro lado, Yamile no se limitó a documentar el despojo sino que también se esforzó por proponer instrumentos jurídicos para prevenirlo y revertirlo y para proteger la tierra y los territorios de las poblaciones rurales. Por ejemplo, a partir de la evidencia que surgía de sus investigaciones, Yamile fue de las primeras personas que defendió con vigor que era necesaria una legislación especial para revertir el despojo, con reglas específicas, como la inversión de la carga de la prueba a favor de los desplazados, que finalmente quedó en la Ley 1448. Igualmente Yamile defendió la recuperación del derecho agrario, que es una regulación más protectora del campesinado.

Esta trayectoria de Yamile me recordó al jurista austriaco Anton Menger, quien publicó a inicios del siglo XX su clásico texto “El derecho civil y los pobres”, donde mostró que la legislación civil, a pesar de su aparente neutralidad, tiende a favorecer a los ricos y a los poderosos, pero que son posibles interpretaciones y reformas de la ley civil que protejan a los más pobres y favorezcan una mayor igualdad material. Yamile hizo lo mismo: mostró que el derecho ha sido en muchas ocasiones en Colombia un instrumento usado perversamente por los poderosos para legalizar los despojos y que, por ello, el desafío es convertir el derecho en lo que debe ser en una democracia genuina: un escudo protector para los más débiles. En cierta forma, Yamile fue la Antonia Menger de los desposeídos de la ruralidad colombiana. Y por ello nos hará tanta falta. Queda el consuelo de que con su generosidad formó, en conversaciones informales, a toda una generación de juristas que seguirán sus luchas. Un abrazo solidario a toda su familia y amigos, y en especial a su compañero, Camilo González, y a su hija, Natalia Orduz.