La situación de los afrocolombianos víctimas de la violencia llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 5 de julio. En una audiencia celebrada en Lima, el Observatorio de Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras y Dejusticia, presentaron ante la CIDH sus análisis frente a la exclusión que ha sufrido el pueblo afrocolombiano en la implementación del Acuerdos de Paz, la violenta reacción a la protesta del paro en Buenaventura y la falta de enfoques diferenciales para la atención de mujeres afro en temas de violencia sexual.

Sobre lo ocurrido en la movilización y el paro cívico de Buenaventura, que se extendió por veinte días y se levantó el 7 de junio, las organizaciones denunciaron que “el Estado usó de manera desmedida la fuerza con armas de fuego”, que «la fuerza pública persiguió a las personas que estaban en este escenario y gasearon sus casas», que «muchos niños fueron gaseados” y que el balance de estos hechos es de “más de 347 víctimas, entre ellos 19 casos de heridos de arma de fuego que siguen con los proyectiles dentro”, como detalló Danelly Estipiñán, de la Veeduría del Paro Cívico de Buenaventura/PCN.

«Lo que estábamos exigiendo son cosas que el pueblo se merece. Ya se registró la muerte de uno de los manifestantes”, señalaron las organizaciones en su intervención, y reiteraron que la situación del derecho a la protesta social de las comunidades afro es un problema profundo. Al respecto, Margarette May Macaulay, relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, pidió viajar a Colombia para investigar los casos de violaciones de Derechos Humanos que pudieron presentarse en las movilizaciones de Buenaventura.

Sobre el espacio limitado que ha tenido la comunidad afro en los temas referentes a la paz, se denunció puntualmente que en el fast track no se han hecho procesos de consulta con las comunidades afro y que no existe todavía una reglamentación del capítulo étnico. Los peticionarios le hicieron un llamado a la CIDH para que fuera garante de la creación de las normas relacionadas con los afrodescendientes. “Queremos una ley que reglamente el capítulo étnico de manera consultada con las comunidades afro”, enfatizaron. En este punto, el Estado reconoció que no ha consultado con esta población las normas expedidas en la implementación de la paz.

Y el tercer tema que se puso sobre la mesa, fue la situación de las mujeres afro en el contexto de la guerra. Se denunció que 2.175 mujeres afrodescendientes han sido víctimas de violencia sexual, y se le pidió al Estado que en el informe que elabore la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad  se incluya un apartado sobre las afectaciones que sufrieron las mujeres durante la guerra.

Si bien el Estado no atendió de manera específica a las solicitudes de los peticionarios, se espera que la CIDH le haga un seguimiento a las respuestas que el Gobierno debe entregar.

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