No todas las personas que habitan Bogotá respiran el mismo aire. Mientras algunas personas pueden viajar en su vehículo particular, o resguardarse de la contaminación al teletrabajar desde casa, otras como domiciliarios o conductores de buses transitan cada día, expuestos, por las vías más expuestas a los contaminantes, moviéndose entre calles, respirando el humo de camionetas o buses.

Esta es una de las premisas de La desigualdad que respiramos. Políticas de calidad del aire, pobreza y desigualdad en Bogotá, 2010-2020, uno de nuestros informes de la más reciente colección de desigualdad de Dejusticia y de la autoría de Vanessa Daza Castillo, Diana León Torres y Sebastán Rubiano Galvis.

Esta investigación, que estudió en un rango de 10 años —2010 a 2020— los factores relacionados con la exposición a la mala calidad del aire en Bogotá, enfatiza, entre otras cosas, que el aire que respiramos y la desigualdad socioeconómica tienen todo que ver. La mala calidad del aire afecta principalmente a hogares de ingresos bajos por su ubicación espacial, y a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores por su movilidad diaria a lo largo de la ciudad. En particular, la contaminación atmosférica se centra en los lugares de la ciudad donde habita la población más pobre.

Por ejemplo, en un trayecto en bus las personas se exponen a concentraciones de material particulado PM 2.5 hasta 10 veces más altas que las concentraciones en el aire ambiente. Por eso el riesgo es mayor para los conductores. Las personas más vulnerables son las que habitan en las zonas más contaminadas de la ciudad y se movilizan en medios de transporte que los exponen a más contaminantes e, incluso, laboran en actividades que también los exponen a más aire contaminado.

“Ocurre que, además de ocasionar problemas de salud a la población más expuesta a contaminantes, también se anclan los ciclos de pobreza. Las personas con menores ingresos y más exposición a contaminantes del aire terminan teniendo que gastar sus ingresos en temas de salud, o no pudiendo trabajar porque están enfermos, o incurriendo en mayores gastos de salud a lo largo de su vida”, explicó al respecto Vanessa Daza Castillo, coautora del informe.

Para intentar contrarrestar las desigualdades en un asunto tan esencial como el aire que los ciudadanos respiran, el informe propone rebatir aquella idea que la política ambiental o la resolución de problemas ambientales tiene poco que ver con la forma en la que atendemos problemas sociales y la forma en la que atendemos llamados de justicia social.

Históricamente los problemas ambientales han sido resueltos con un tipo de soluciones que generan o mantienen distribuciones desiguales de beneficios y responsabilidades y que, además, siguen la línea de unos patrones viejos y conocidos: patrones de discriminación por ingresos, o de discriminación por género, orientación sexual, etnia, entre otros. La calidad del aire en Bogotá es una muestra de cómo esto sigue sucediendo en el país. Ahí nace la pregunta por la participación ciudadana inclusiva, activa, eficaz y real.

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“No podemos seguir armando políticas ambientales dejando de lado a las personas que siempre han estado marginalizadas y discriminadas, sino pensando en que no podemos seguir poniendo sobre esas mismas poblaciones todas las cargas de la resolución de cualquier problema, incluyendo los ambientales”, agregó Daza.

Aparecen, entonces, conceptos como justicia ambiental, que exigen poner la mirada sobre aquellas personas o sectores que más se benefician. Es preguntarse, además, por quiénes están representados en la toma de decisiones ambientales y quiénes no; quiénes están en la mesa de conversación construyendo las políticas ambientales en tiempos de crisis climática.

Algunas recomendaciones dirigidas especialmente a tomadores de política pública en relación con la calidad del aire incluyen más y mejores datos para el monitoreo de la calidad del aire y la relación entre la exposición y la desigualdad económica.

Esto implica no solo hacer un seguimiento en tiempo real, como la actual red de monitoreo, sino que incluya mayor cobertura del área del Distrito y un seguimiento a la exposición de los individuos en las áreas. Esto permite que las medidas ambientales complementarias inmediatas sean adecuadas para aliviar y acompañar un plan de descontaminación de mediano y largo plazo.

De forma similar, como ya mencionamos, otra recomendación es atender la distribución de cargas y responsabilidades acorde a una perspectiva de justicia ambiental. Uno de los principales hallazgos de este análisis es que las denominadas “fuentes” de emisiones también son “receptoras”. Quienes se movilizan o emplean usando camiones de carga, motocicletas, transporte público masivo o en la producción artesanal de ladrillo, se enfrentan también a la exposición de contaminantes del aire que afecta su salud.

En este orden de ideas, nos enfrentamos a una distribución de cargas, beneficios y responsabilidades que concentra sobre los más expuestos y vulnerables a la mala calidad del aire la responsabilidad de su mejoramiento.

Por eso, establecer una radiografía completa de los actores involucrados en la política requiere de espacios de participación amplios, representativos y horizontales, que no propendan únicamente por informar a las personas, sino por considerar las implicaciones de la política en sus vidas.

Consulte y descargue nuestro informe de calidad del aire aquí