Relatar, contar y archivar la experiencia humana no es tarea fácil. Cada ejercicio de registro implica reflexionar sobre cómo nos aproximamos a los hechos; traducimos las emociones de palabras, y dignificamos a las personas. Esta documentación toma nuevos desafíos cuando se trata de registrar las vivencias de la población LGBT+. Por ejemplo, cómo escribir/hablar sin caer en prejuicios; cómo reconocer todas las experiencias sin invisibilizar otras, y cómo llevar un registro estadístico o cuantitativo de esta población. Reconociendo que cada una de las anteriores interrogantes merece un análisis particular, dedico este texto a reflexionar alrededor del último punto: ¿cómo es contada a la población LGBT+?

Hasta la fecha, las personas LGBT+ no hemos existido como categoría demográfica en los censos poblacionales de los países de América Latina, con excepción de Argentina y Ecuador. El registro por medio de encuestas o diagnósticos gubernamentales, por su parte, es reciente y varia entre/dentro de los Estados. Frente a esta falta de información, organizaciones de la sociedad civil han realizado diversos esfuerzos por recopilar datos de la población LGBT+. A causa de la inmensidad de la tarea, estos informes se enfocan en registrar las experiencias en ciudades capitales, en un sector particular o en demandas específicas. Incluso, los esfuerzos terminan siendo recopilación de testimonios y, frecuentemente, sus datos carecen de representatividad estadística.

En los últimos cinco años, el movimiento LGBT+ ha logrado, a punta de negociaciones y presión, que algunas dependencias gubernamentales empiecen a contar a las personas de la diversidad sexual y de género que pasan por ellas. Este registro consiste en el deber de los funcionarios en preguntarle a las personas con que identidad de género y/o sector poblacional se autoidentifican, garantizándoles que su respuesta es confidencial y que será resguardada para proteger su privacidad. El objetivo común de estas acciones es que exista un registro de las personas LGBT+, al menos, en los archivos administrativos del gobierno. Algunas instituciones que han adoptado esta práctica son las fiscalías en México, los centros penitenciarios en Colombia y las clínicas de salud en Argentina.

El uso del registro administrativo para generar datos numéricos y estadísticos es un logro significativo porque reduce los costos para recopilar y sistematizar información. Cada dependencia registra al día y realiza acción afirmativas de acuerdo con su contexto, sin la necesidad de remitirse a encuestas del gobierno nacional o de esperar resultados censales. Sin embargo, esta nueva herramienta, como cualquier otra inédita, tiene fallas y, por ende, posibilidades de mejora. En mi experiencia haciendo trabajo investigativo con datos de la población trans en América Latina, detecto que el registro administrativo por dependencias gubernamentales enfrenta problemas en tres materias: agregación de datos, coordinación con otras agencias y acceso a la información.

Primero, las dependencias gubernamentales agregan los datos recopilados en la etiqueta “LGBT”. Esta agregación, si bien resulta positivo porque es un primer paso para visibiliza a la población, impide aislar la información de cada uno de los sectores que la conformamos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia ha reportado, desde 2017, cuántas personas LGBT+ se encuentran en cada centro de reclusión; sin embargo, la entidad no señala cuántas de ellas son por orientación sexual (gais, lesbianas, etc.) o por identidad de género (trans, transgénero, transexual, etc.). Esto es un problema porque cada sector de la diversidad sexual y de género tenemos demandas y necesidades distintas. Solo hablar de “LGBT” impide conocer cuántas personas trans están en centros penitenciarios que no corresponden con su identidad o cuántos hombres gais requieren medidas de protección especiales. Así, la agregación de información limita la capacidad de diseñar acciones particulares para cada sector. 

Segundo, el problema que solo algunas dependencias registren información provoca desafíos de coordinación con otras agencias que no han integrado el uso de registros administrativos. Un ejemplo de la falta de armonización de datos ocurre en el sistema penal de Paraguay. Desde 2015, los centros de reclusión deben registrar a las personas trans privadas de la libertad, siendo la única instancia del proceso penal que recopila esa información. Sin datos por parte de las comisarías, fiscalías o tribunales, se desconoce cuántas de las personas trans arrestadas reciben sentencia condenatoria ni cómo fue su trato con agentes policiales, fiscales o jueces. Este vacío impide conocer las experiencias LGBT+ a lo largo del sistema penal y diseñar las acciones necesarias para mejorar sus condiciones de vida.  

Tercero, las dependencias gubernamentales son poco transparentes y, por ende, niegan el acceso a la información que tienen sobre población LGBT+. En el caso de México, los tribunales y fiscalías —que tienen la responsabilidad de recopilar esos datos desde 2014 y 2018, respectivamente— argumentan que ese material sobre identidad de género y orientación sexual son confidenciales, lo que les imposibilita entregar estadísticas o datos. Si bien es cierto que el registro de personas LGBT debe estar guiado por los principios de no discriminación y confidencialidad, esto no implica que las dependencias están exentas de cumplir con su obligación de generar estadísticas y versiones de los datos anonimizados. Sin acceso a esa información, organizaciones de la sociedad civil y academia carecen de insumos para hacer un seguimiento de labores y emitir recomendaciones de política pública.

Para que estas limitaciones, que tiene el registro administrativo, sean tres posibilidades de mejora es necesario la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, academia y gobierno. Un trabajo tripartito que no solo motive a más entidades a recopilar material sobre población LGBT+, sino a producir mejores técnicas de recolección, sistematización y presentación de datos. Con mejor información estadística y numérica —que sea desagregada, armonizada y transparente—, contar las experiencias de la diversidad sexual y de género se vuelve una tarea menos difícil. Abre el camino a que las personas de esa población seamos estadísticas y números que les tomadores de decisiones puedan utilizar para reconocer y motivar los cambios necesarios.