El grupo Acciones por el Cambio, del que Dejusticia hace parte, lanza un informe que revela las fallas en la implementación de una estrategia antinarcóticos: muy costosa, inefectiva y en detrimento de los derechos humanos.

Desde Dejusticia y la Red Nacional de Agricultura Familiar celebramos la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

El Observatorio de Discriminación Racial otorgará dos o tres becas para cursar maestrías o para adelantar estudios de inglés en Estados Unidos. Comprobar un historial de luchas contra la discriminación racial es fundamental. El plazo para participar vence el 26 de noviembre.

Dejusticia había intervenido ante tribunal ecuatoriano que protegió los derechos de las comunidades indígenas de Molleturo y de la naturaleza frente a los intereses del gobierno ecuatoriano y la trasnacional china Ecuagoldmining.

Dejusticia (Colombia) y Provea (Venezuela) reunieron a diez periodistas venezolanos y a tres colombianos para contar, a través de siete historias de migración reunidas en la frontera con Colombia, cómo la crisis sociopolítica de Venezuela le está cambiando la vida a millones de personas. Esta semana podrá leer una historia por día.

La Corte Constitucional invitó a Dejusticia entregar su concepto jurídico frente a dos casos que actualmente están siendo estudiados por el tribunal relativos al derecho a la salud de personas provenientes de Venezuela.

La Comunidad de Juristas Akubadaura y Dejusticia describen ante Naciones Unidas los más recientes ataques a líderes y pueblos indígenas en Colombia. El fortalecimiento de la Guardia Indígena y la implementación de protocolos para proteger colectivamente territorios podrían ayudar a contrarrestar estos riesgos.

Este curso trata de la doctrina, práctica y estrategia para la implementación de las protecciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. El curso ofrece una introducción intensiva a los conceptos claves y jurisprudencia emergente en este campo.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín utilizaron fuerza militar para acallar protestas contra políticas del gobierno en el 2003. En ese momento las fuerzas de seguridad asesinaron a 58 personas e hirieron a más de 400, la mayoría de la comunidad indígena Aymara.