Dejusticia había intervenido ante tribunal ecuatoriano que protegió los derechos de las comunidades indígenas de Molleturo y de la naturaleza frente a los intereses del gobierno ecuatoriano y la trasnacional china Ecuagoldmining.

Dejusticia (Colombia) y Provea (Venezuela) reunieron a diez periodistas venezolanos y a tres colombianos para contar, a través de siete historias de migración reunidas en la frontera con Colombia, cómo la crisis sociopolítica de Venezuela le está cambiando la vida a millones de personas. Esta semana podrá leer una historia por día.

La Corte Constitucional invitó a Dejusticia entregar su concepto jurídico frente a dos casos que actualmente están siendo estudiados por el tribunal relativos al derecho a la salud de personas provenientes de Venezuela.

La Comunidad de Juristas Akubadaura y Dejusticia describen ante Naciones Unidas los más recientes ataques a líderes y pueblos indígenas en Colombia. El fortalecimiento de la Guardia Indígena y la implementación de protocolos para proteger colectivamente territorios podrían ayudar a contrarrestar estos riesgos.

Este curso trata de la doctrina, práctica y estrategia para la implementación de las protecciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. El curso ofrece una introducción intensiva a los conceptos claves y jurisprudencia emergente en este campo.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín utilizaron fuerza militar para acallar protestas contra políticas del gobierno en el 2003. En ese momento las fuerzas de seguridad asesinaron a 58 personas e hirieron a más de 400, la mayoría de la comunidad indígena Aymara.

Este viernes 2 de marzo, Dejusticia y Conectas Human Rights (Brasil), participarán en una audiencia convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Empresas y derechos humanos: insumos para la construcción de lineamientos interamericanos.”

Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un Jefe de Estado será sometido a un Juicio de Derechos Humanos frente a sus acusadores.

Durante 2012 y 2013 el Ministerio de Energía y Minas otorgó licencias para la explotación a la minera Escobal sin consultar a los indígenas. Ocho organizaciones internacionales presentaron un amicus para apoyar a las comunidades.