Argumentamos que existe un claro y reciente precedente que protegió el derecho de acceder a información pública sobre posibles casos de pederastia en la Iglesia.

Varias autoridades presentaron solicitudes de nulidad para tumbar la sentencia T-413 de 2021. Desde Dejusticia enviamos un oficio a la Corte rechazando estas solicitudes.

A pocos días de que la JEP cierre el plazo para la entrega de informes que den cuenta de los daños sufridos por las víctimas del conflicto armado, organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos pedimos que se extienda el período de entrega por, al menos, seis meses más.

Se necesitan medidas urgentes para salvaguardar tres derechos de la población raizal: el acceso a la información, el territorio y la consulta previa.

En la Sentencia T 413 de 2021, la Corte protegió los derechos fundamentales a la consulta previa y a la participación en materia ambiental de las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes potencialmente afectadas por la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato.

Argumentamos que el Estado ha incumplido las medidas establecidas en el Acuerdo de paz para garantizar la seguridad de las personas en proceso de reincorporación.

Emitimos un concepto técnico para informar a la Corte sobre el estado de salud de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, a partir del seguimiento realizado en el 2020. En el seguimiento pudimos evidenciar que el impacto del virus en las comunidades indígenas está relacionado con las deficiencias estructurales de disponibilidad, accesibilidad, calidad del servicio de salud y la ausencia de diálogo intercultural.

Argumentamos que la autonomía territorial indígena está basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ampliamente reconocido por la Constitución Política y varios instrumentos internacionales de derechos humanos.

Le pedimos a la Corte Constitucional que ordene la publicidad del código fuente de la aplicación y que declare que descargarla y usarla es voluntario. Es decir, que no puede exigirse como requisito para ejercer derechos.