Esperamos que este sea el comienzo de la materialización normativa del fin de la guerra contra las drogas y de un blindaje jurídico anti-glifosato para asegurarnos de que el glifosato no vuelva nunca más, aún si llegan gobiernos con agendas diferentes.

Le pedimos a la Corte incluir a las accionantes en el PIS, publicar los criterios de selección para acceder a este programa y corregir las fallas institucionales en este procedimiento.

La negación de los servicios de salud reproductiva a las mujeres gestantes y lactantes es una forma de violencia obstétrica y violencia institucional.

Dejusticia intervino en el caso de la demanda presentada por un par de ciudadanos contra el artículo 376 del Código Penal, que penaliza las conductas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Según los demandantes, existe un déficit en la protección constitucional a los derechos de las personas que usan drogas (PQUD), que fue causado incluso…

En nuestro concepto técnico se ofrecen elementos para precisar los límites al ejercicio de la libertad de prensa e información cuando se trata de presuntos casos de acoso y abuso sexual de un personaje público.

El Consejo de Estado concluyó que las políticas estatales le dieron más importancia a la explotación minera que a la conservación ambiental.

Las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconocen la importancia de que se cumpla la Ley de Cuotas y permiten avanzar hacía la consolidación de unas reglas claras para su aplicación en el caso de los ministerios y departamentos administrativos del gobierno nacional.

Con esta demanda proponemos que la Corte Constitucional revise el concepto de seguridad desde una perspectiva feminista, que aborde las situaciones estructurales que generan condiciones de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, y cómo las medidas institucionales frente a la seguridad ciudadana deben adaptarse y responder a los riesgos diferenciales que estas enfrentan.

Intervinimos ante la Corte Constitucional en un caso que analiza el impacto del Censo Nacional de 2018 en la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.