Argumentamos que el Estado ha incumplido las medidas establecidas en el Acuerdo de paz para garantizar la seguridad de las personas en proceso de reincorporación.

Emitimos un concepto técnico para informar a la Corte sobre el estado de salud de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, a partir del seguimiento realizado en el 2020. En el seguimiento pudimos evidenciar que el impacto del virus en las comunidades indígenas está relacionado con las deficiencias estructurales de disponibilidad, accesibilidad, calidad del servicio de salud y la ausencia de diálogo intercultural.

Argumentamos que la autonomía territorial indígena está basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ampliamente reconocido por la Constitución Política y varios instrumentos internacionales de derechos humanos.

Le pedimos a la Corte Constitucional que ordene la publicidad del código fuente de la aplicación y que declare que descargarla y usarla es voluntario. Es decir, que no puede exigirse como requisito para ejercer derechos.

En nuestra intervención argumentamos que las mujeres trans deben ser reconocidas legalmente frente a todas las figuras jurídicas.

La Corte Constitucional atendió al llamado de más de 90 familias del pueblo raizal y de organizaciones de derechos humanos de revisar la tutela para la protección de los derechos fundamentales de Providencia.

La oferta y publicidad de productos no saludables en las escuelas está asociada a los malos hábitos de consumo que inciden en el sobrepeso y la obesidad infantil.

Argumentamos a la Corte que la Universidad Distrital, la Personería de Bogotá, la Fiscalía y la Procuraduría han omitido sus responsabilidades para prevenir y sancionar la violencia de género.

Argumentamos ante la Corte Constitucional que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia. De lo contrario se estarían vulnerando los derechos de las víctimas y se estaría incumpliendo el Acuerdo de paz.