El 13 de noviembre de 2018, la acción de tutela fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional. Ahora está en las manos del alto tribunal revisar el caso, confirmar esas decisiones y garantizar que no se afecten los derechos ya concedidos.

En una intervención ante el Alto Tribunal, Dejusticia presentó sus argumentos sobre por qué esta acción es inconveniente.

Las organizaciones presentaron un documento que busca proteger los derechos de un menor de 8 meses de nacido, de padres migrantes, quien no ha sido inscrito en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y a quien no se le ha aplicado la encuesta del SISBEN pese a ser colombiano.

Sabemos que las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley de Procedimiento de la JEP pretenden realizar cambios constitucionales. Por eso, consideramos necesario que la Corte Constitucional se pronuncie.

Al decidir una demanda que fue presentada por Dejusticia y la CCJ, la Corte resolvió definitivamente las dudas que motivaron las objeciones del Presidente Duque frente a la extradición y aclaró que el nuevo tribunal tiene plena competencia para juzgar casos de Fuerza Pública.

En el recurso ahondaremos en los argumentos según los cuales, dadas las circunstancias especiales del caso, la acción no había caducado al momento de interponerse.

Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo demandamos la elección del Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Consideramos que durante ese proceso de selección, Martínez omitió información sustancial sobre el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia, que pudo haber cambiado la decisión de la Corte de elegirlo sobre los otros dos candidatos.

A pesar de que los derechos de los niños como consumidores se vieron vulnerados, los jueces en primera y segunda instancia decidieron rechazar las peticiones de Red Papaz. La decisión que tome la Corte podría crear un precedente que haga efectivos estos derechos.

Para proteger los derechos y la seguridad de los hombres trans, le solicitamos a la Corte Constitucional establecer una medida afirmativa que reconozca el contexto y los problemas que la legislación actual acarrea para esta población, de modo que puedan acceder a la libreta militar sin tener que realizar el servicio militar obligatorio.