Argumentamos que la autonomía territorial indígena está basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ampliamente reconocido por la Constitución Política y varios instrumentos internacionales de derechos humanos.

Le pedimos a la Corte Constitucional que ordene la publicidad del código fuente de la aplicación y que declare que descargarla y usarla es voluntario. Es decir, que no puede exigirse como requisito para ejercer derechos.

En nuestra intervención argumentamos que las mujeres trans deben ser reconocidas legalmente frente a todas las figuras jurídicas.

La Corte Constitucional atendió al llamado de más de 90 familias del pueblo raizal y de organizaciones de derechos humanos de revisar la tutela para la protección de los derechos fundamentales de Providencia.

La oferta y publicidad de productos no saludables en las escuelas está asociada a los malos hábitos de consumo que inciden en el sobrepeso y la obesidad infantil.

Argumentamos a la Corte que la Universidad Distrital, la Personería de Bogotá, la Fiscalía y la Procuraduría han omitido sus responsabilidades para prevenir y sancionar la violencia de género.

Argumentamos ante la Corte Constitucional que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia. De lo contrario se estarían vulnerando los derechos de las víctimas y se estaría incumpliendo el Acuerdo de paz.

También le pedimos a la Corte Suprema que ordene suspender la asistencia militar, la disolución por la fuerza de las manifestaciones, el uso de armas de fuego y la actuación del ESMAD.

Junto a 22 organizaciones de derechos humanos, le solicitamos al organismo documentar en terreno las denuncias de víctimas y procesos organizativos afectados por expresiones violentas y uso desproporcionado de la fuerza en el marco del paro nacional.