Le explicamos a la Corte que las barreras administrativas constituyen discriminación institucional indirecta e inciden negativamente en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, entre ellos el derecho a la salud.

Le sugerimos a la Corte que ordene a la autoridad agraria que priorice los casos más graves de prescripción con el fin de aclarar si esos predios eran baldíos y, de ser así, los recupere.

Aunque reconocemos que la medida no es suficiente para proteger estos ecosistemas, consideramos que es un precedente positivo hacia la garantía de derechos de generaciones futuras.

El pasado 1 de abril, el investigador de Dejusticia se dirigió a la Cámara de Representantes para aportar al debate de las objeciones gubernamentales al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Hace un año la Corte declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia 4360 de 2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, mientras las amenazas al bosque aumentan.

El 13 de noviembre de 2018, la acción de tutela fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional. Ahora está en las manos del alto tribunal revisar el caso, confirmar esas decisiones y garantizar que no se afecten los derechos ya concedidos.

En una intervención ante el Alto Tribunal, Dejusticia presentó sus argumentos sobre por qué esta acción es inconveniente.