Indígenas, afros y campesinos que viven en zonas apartadas siguen teniendo serias dificultades de prevención, acceso a tratamiento y a medicamentos. Este fue uno de los hallazgos que presentamos a la Corte Constitucional, en seguimiento a la sentencia T-760 de 2008.

Desde Dejusticia consideramos que la Corte Constitucional desconoció, en su fallo más reciente, su propio precedente. En 2016, con otra sentencia, la Corte había respaldado las consultas populares como mecanismos válidos para que las comunidades se pronuncien sobre la presencia de actividades mineras y petroleras en sus territorios.

La norma debería permitir a las entidades territoriales regular y, dado el caso, prohibir el consumo en espacios determinados, pero todo esto, respetando el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y la diversidad cultural.

Dejusticia interviene a favor de la demanda de la Comisión Colombiana de Juristas que buscar evitar que impongan plazos a víctimas en restitución de tierras.

La falta de acciones del Estado para controlar la publicidad engañosa con la que la industria de bebidas y comida chatarra incentiva a niños y niñas a consumir productos no saludables llevó a Red PaPaz a presentar una acción de tutela. Dejusticia acompañó el proceso.

El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.

Siete organizaciones latinoamericanas, entre ellas Dejusticia, intervinieron ante la Suprema Corte de Justicia mexicana para apoyar una demanda que busca proteger los derechos de los consumidores, pues solo el 2% de los mexicanos entiende los etiquetados de alimentos y bebidas. Sin embargo, el tribunal aplazó la discusión.