La vigencia del Estado de derecho y la consecución de la paz en Colombia requiere de una justicia que castigue eficazmente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por los distintos actores sociales, incluyendo los agentes estatales. Por esta razón, la independencia y la eficiencia de la labor de investigación de la Fiscalía en relación con las violaciones de derechos humanos deben ser objeto de riguroso análisis empírico y constante discusión pública. En este texto, DJS contribuye a esta tarea mediante un análisis crítico del funcionamiento de la Unidad de Derechos Humanos (UDH) de la Fiscalía durante los últimos años. Para ello, el estudio combina herramientas de análisis empírico cualitativo (estudios de casos) con una propuesta de seguimiento y medición de la labor de la UDH que contribuya a la reducción de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en Colombia.

Helena Alviar García e Isabel Cristina Jaramillo creen que el Estado se contradice al prohibir el aborto.

Mauricio García V. explica las razones del agitado debate político en Francia con motivo del próximo referendo sobre la constitución europea.

Tuve oportunidad de conocer la Carta Abierta que me dirige en este mismo número de Ámbito Jurídico y en la que me invita a iniciar un debate académico sobre interpretación constitucional y el nuevo derecho. Al darle respuesta, quisiera iniciar haciéndole una confesión: durante la época de estudiante leí, estudié y aprecié enormemente su obra “De la responsabilidad civil”. Me pone usted en desventaja, pues, al invitarme a debatir con quien considero un maestro. Sólo lo hago en respuesta a su invitación y con cabal conciencia del angosto camino que debo recorrer entre la delicadeza que le debo como discípulo y la firmeza que me autoriza el estar en desacuerdo con usted.

La reciente crisis ecuatoriana pone en evidencia que no es posible la estabilidad democrática sin un sistema judicial independiente. Una enseñanza para Colombia.

La lucha de las radios comunitarias de Bogotá por el reconocimiento de su derecho a fundar emisoras comunitarias en ciudades capitales.