El glifosato causó daños irreversibles a los campesinos del sur de Bolívar y el Estado debe repararlos. Así lo argumentamos en una intervención ante el Consejo de Estado.

En este momento, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado estudia, en segunda instancia, una tutela que interpuso la mujer indígena Awá, Paknam Kɨma Pai, contra la Registraduría Nacional por impedir que su nombre fuese cambiado en su cédula.

Presentamos un amicus ante la Corte IDH para insistir en la obligación de los estados de regular en relación con la contaminación.

Esperamos que este sea el comienzo de la materialización normativa del fin de la guerra contra las drogas y de un blindaje jurídico anti-glifosato para asegurarnos de que el glifosato no vuelva nunca más, aún si llegan gobiernos con agendas diferentes.

Le pedimos a la Corte incluir a las accionantes en el PIS, publicar los criterios de selección para acceder a este programa y corregir las fallas institucionales en este procedimiento.

La negación de los servicios de salud reproductiva a las mujeres gestantes y lactantes es una forma de violencia obstétrica y violencia institucional.

Dejusticia intervino en el caso de la demanda presentada por un par de ciudadanos contra el artículo 376 del Código Penal, que penaliza las conductas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Según los demandantes, existe un déficit en la protección constitucional a los derechos de las personas que usan drogas (PQUD), que fue causado incluso…