Una de las grandes dificultades para combatir a esos enemigos internos de la democracia es que usan el lenguaje y los instrumentos democráticos, como las elecciones, para minar la democracia. Algo a tener en cuenta al definir por quién votar el próximo domingo.

Todo indica que el gobierno Duque busca convencernos de que el Acuerdo de Escazú es inútil, para no asumir el costo político de su rechazo a los importantes mecanismos de democracia y justicia ambientales previstos en ese tratado.

Con este panorama, se pregunta, ¿cómo pretende el Gobierno impulsar una reforma rural exitosa y socialmente justa si está desfinanciando sus pilares claves?

Si el objetivo del Presidente Duque, como lo menciona reiteradamente en sus viajes al exterior, es cumplir con lo acordado y construir una sociedad más democrática, equitativa y justa ¿dónde están los recursos para lograrlo? No es posible una paz austera, la paz no se construye a punta de buenas intenciones.

No sé si Guillermo Perry y Camilo Castellanos se conocieron, pero conjeturo que hubieran sabido lograr consensos o, al menos, hubieran tramitado civilizadamente sus desacuerdos.

Si compartimos la necesidad de que el Estado funcione en un palacio de cristal, ahora nos encontramos con una cuestión práctica: ¿cómo logramos la transparencia en todas las instituciones públicas?

Como colombianas y colombianos queremos tener voz y voto en las discusiones mundiales y continentales sobre derechos humanos. Eso sí, no queremos que nos represente alguien como Everth Bustamante. Si ese es el perfil, mejor quedarnos sin espacios.

Quiero resaltar que persiste una necesidad apremiante de entregar un marco regulatorio claro que permita suplir, de algún modo, la incertidumbre para aquellos excombatientes comprometidos con la paz.

El gobierno Duque no es consistente al afirmar que tiene un compromiso serio con el cambio climático y al mismo tiempo defender el uso del fracking para explotaciones petroleras, pues ambas posiciones son incompatibles.