La educación debería ser un proyecto nacional, sin partido ni ideología política de por medio, en el que la sociedad y el Estado, por un lado, reconozcan la gran contribución que hacen los maestros al país y los maestros, por el otro, forjen una autoestima como docentes, no solo como sindicalistas.

Que un tinterillo haga leguleyadas para que su caso quede en un juzgado amigable es hasta comprensible, pero que un expresidente recurra a esa artimaña es inaceptable. Peor aún que lo haga el presidente en ejercicio, pues es una ruptura del Estado de derecho que no creo que ningún juez vaya a validar.

La semana pasada, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que procederá con la liquidación de Electricaribe. Se espera que los nuevos operadores del servicio no repitan las malas decisiones del pasado y se logre generar una buena relación entre la prestación del servicio y el usuario.

La entrega de los datos biométricos como requisito para el acceso a los beneficios del Estatuto implica un tratamiento discriminatorio de la población migrante venezolana que no parece tener una clara justificación constitucional. Los datos biométricos no se exigen ni a los colombianos, ni a personas migrantes de otras nacionalidades.

No olvidar a Sergio, a su madre, seguir condenando los actos de discriminación y sus autores será la manera de reivindicar el nombre de Sergio Urrego y de proteger a niñas, niños y adolescentes LGBT en ambientes escolares de la homofobia y la transfobia.

En estas vacaciones tuve la oportunidad de releer un encantador cuento de Roberto Fontanarrosa llamado “Jorge, Daniel y el Gato”. Es un relato no sólo muy divertido –como en general todo lo de Fontanarrosa–, sino que es filosóficamente recomendable pues nos enseña a valorar mejor ciertas críticas, incluso muy duras, que a veces recibimos.

Debo a líderes como Molina, con sus obras y ejemplo, haber abandonado desde temprano cualquier defensa del autoritarismo de izquierda. Comparto además su visión de que un liberalismo genuino requiere asegurar a todas y todos una libertad efectiva igual, lo cual supone la garantía efectiva de los derechos sociales para que las libertades puedan ser efectivamente ejercidas.

Colombia es un país afortunado en su marco jurídico de transparencia. La configuración del derecho de acceso a la información pública es garantista y claro. No hacen falta sesudos ejercicios hermenéuticos, sino seguir la letra de la ley y la voz de la Corte Constitucional.

Si la vacunación por parte del Estado tiene éxito, los privados ni siquiera tendrán necesidad de comprarlas por su cuenta. La realidad es que el mejor negocio para los empresarios es apoyar la vacunación pública.