El reconocimiento y la garantía del derecho a defender los derechos es esencial para la democracia y la justicia. Actualmente en el mundo se debate si el medio ambiente sano debe ser un derecho humano a nivel global, pero ¿quién va a defender ese derecho en Colombia si aquí siguen matando sin pausa a nuestros líderes ambientales?

En este momento, la Corte Constitucional está estudiando una demanda que busca la despenalización total del aborto. La Corte tiene la responsabilidad de garantizar a las mujeres el acceso a un aborto seguro y libre de barreras. Para algunos, esta debería ser una labor del Congreso. Sin embargo, ante su inactividad, los derechos de las mujeres no pueden quedar a la deriva.

Si aspiramos a un tránsito a una sociedad más justa y pacífica, debemos movilizar todos los recursos disponibles (incluidos los recursos fiscales) para lograr avanzar en la Reforma Rural Integral.

Las autoridades ambientales tienen la potestad de ordenar la demolición de infraestructura que afecte las áreas protegidas, pero cuando esta medida entrañe vulneraciones a derechos humanos, está sometida a ciertos límites.

A pesar de que se han mantenido entre las 10 primeras causas de mortalidad durante los últimos años, ¿por qué en Colombia se tratan los "accidentes de tránsito" como circunstanciales y no como un problema de salud pública?

La suspensión temporal de las patentes, o waiver, es una necesidad pues hoy no se están produciendo suficientes vacunas para que puedan ser repartidas equitativamente a toda la población mundial. Sin embargo, el gobierno Duque ha mantenido frente a esa propuesta de waiver una inaceptable ambigüedad.

Las declaraciones coincidentes de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, contra los jueces penales, en especial los jueces de garantías, son lamentables. Los jueces deben poder decidir, en forma independiente y conforme a derecho, sin temor a represalias. De ello dependen nuestras libertades.

Ante la histórica desidia del Congreso Colombiano en temas LGBT la Corte Constitucional ordenó la creación de la política pública LGBT. 10 años después de esa orden la política pública aún no arranca.

El nombramiento de Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco de la República es una bofetada a las protestas y a la responsabilidad política. El estallido social se desencadenó como respuesta a la reforma tributaria de Carrasquilla. Su renuncia era la mínima responsabilidad política por ese garrafal error, pero ahora termina premiado con un alto cargo de cuatro años.