Alrededor del mundo, se están preguntando por la finalidad de la educación. ¿Será que es solo para preservar y recompensar los intereses que ya están conferidos y privilegiados? O, ¿es el propósito de la educación impactar en equidad, en el acceso, en el enriquecimiento de nuestras sociedades y nuestras vidas con el conocimiento, el descubrimiento y con la comunidad?

Hace algunos meses solicitamos la entrega de la declaración juramentada de bienes y rentas a 20 congresistas. Pero, al igual que Rodrigo Lara Restrepo, otros cuatro congresistas coincidieron en que entregarnos o permitirnos divulgar esa información violaría sus derechos a la intimidad y a la seguridad personal. Esta solicitud la está estudiando la Corte Constitucional.

Escribo esta columna no solo para honrar la memoria de mi hermano sino también por otra razón: aunque suene extraño, sus honras fúnebres, aunque muy dolorosas, fueron bellas.

Las lideresas montemarianas son una muestra del poder de las iniciativas locales. Su trabajo nos muestra que la legalidad también se construye desde abajo y que, en lugares donde el Estado es débil, pueden servir de mediadoras para garantizar los derechos y reconstruir el tejido social.

Entonces 700 votos en Florida definieron el destino del mundo, tal vez para siempre, pues algunos científicos consideran que ya es muy difícil evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados, que es el objetivo mínimo para evitar catástrofes ambientales irreversibles.

La Ley de Víctimas incorporó la noción de territorio como víctima, pues los indígenas tienen vínculos especiales y colectivos con la tierra.

Aunque sea falso, muchos colombianos están convencidos de que la JEP es para favorecer a la guerrilla. Si un aumento razonable del número de magistrados permite eliminar esa falsa creencia y fortalece la legitimidad de la JEP, la reforma podría tener políticamente efectos positivos, a pesar de sus costos y defectos técnicos.

Vivir y morir sin dolor es un ejercicio del derecho a la salud y a una vida digna. Por ello, el Estado tiene la obligación no sólo de remover los obstáculos que limitan el acceso a los medicamentos opioides, sino de promover programas y políticas más flexibles que faciliten su distribución en todos los niveles de atención.

La unificación de las elecciones hace que las fuerzas ganadoras a nivel nacional carezcan de contrapesos locales, pues se trataría probablemente de las mismas fuerzas. Y podríamos correr el riesgo de que cometan abusos.