Esta investigación busca contribuir al conocimiento sobre PretorIA, un proyecto de inteligencia artificial adelantado por la Corte Constitucional, que busca hacer más eficiente el proceso de selección de tutelas.

Este artículo explora las categorías jurídicas existentes que pueden otorgarles fuerza vinculante a esos acuerdos en el ámbi- to internacional —un tratado internacional entre el Estado y el grupo insurgente, un tratado firmado por el Estado y terceros estados, un acuerdo especial humanitario, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y una declaración unilateral del Estado—.

Este informe es el resultado de un esfuerzo colaborativo, en el que participó Dejusticia entre otras organizaciones de América Latina, para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Igualmente, pone a disposición de la sociedad civil elementos para incidir en la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, al igual que brinda recomendaciones para los Estados.

El derecho, los pueblos indígenas y la lucha contra el extractivismo y la crisis climática.

A lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros.

Los autores y autoras de los trabajos que componen este libro son activistas-investigadores que pertenecen a organizaciones de derechos humanos de países tan disímiles como Rusia, México, Argentina, Líbano, Brasil e India.