Los registros cuantitativos de la Fiscalía General de la Nación revelan que los esfuerzos de investigación son utilizados de manera irracional. La ausencia de una política de priorización estratégica —en contrapartida de una priorización escondida al arbitrio de los funcionarios que tramitan casos— impide que los esfuerzos de la política criminal se destinen a investigar lo más importante.

Este libro busca contribuir al difícil debate sobre cómo compatibilizar los imperativos de la justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de una negociación de paz.

En este libro se defiende la idea de que las personas que viven en esos territorios tienen un derecho al amparo institucional; es decir un derecho a tener Estado. No a cualquier Estado, por supuesto, sino a un estado social que los proteja en su dignidad y sus derechos.

Con este estudio se pretende hacer una contribución empírica y rigurosa a las investigaciones sobre IVE.