Presentamos una serie de recomendaciones con base en las experiencias internacionales y lo dicho por diferentes agencias expertas de carácter internacional, para generar una política pública que garantice el derecho fundamental y el acceso continuo y de calidad al agua potable en el marco de la crisis por Covid-19.

Contagiarse o morir de hambre es el dilema de muchas personas cuyo acceso a alimentos se ve seriamente comprometido con la nueva coyuntura sanitaria que, según el informe global sobre crisis alimentarias del Programa Mundial de Alimentos (PMA), arrojaría a unos 130 millones de personas adicionales a la hambruna.

En los últimos dos meses, al menos 112 países restringieron las reuniones públicas, 33 restringieron la libertad de expresión y más de ochenta países han declarado estados de emergencia.

Es momento de que los Estados apliquen políticas fiscales expansivas, con un enfoque progresivo y de derechos humanos, que logren garantizar los DESC de los hogares más vulnerables y, al mismo tiempo, estimular la economía protegiendo el empleo y la liquidez de las pequeñas y medianas empresas.

Como parte de la serie de documentos Del Miedo a la Acción, con la que buscamos comprender los efectos del COVID-19 en los derechos humanos y proponer alternativas para minimizar sus impactos, el CEDD publica este informe sobre la situación del COVID-19 en el sistema penitenciario de 11 países de América Latina.

Este estudio está dirigido a reconstruir y a analizar la evolución de la política de catastro multipropósito y su oscilación entre diversos modelos, y generar recomendaciones en clave de una “justicia transicional económica”

La gran mayoría de las soluciones a los problemas ocasionados por la pandemia depende de la transparencia y del acceso efectivo a la información. Su ausencia nos hace perder oportunidades valiosas, de las cuales en ocasiones depende la vida.

Este artículo explora las categorías jurídicas existentes que pueden otorgarles fuerza vinculante a esos acuerdos en el ámbi- to internacional —un tratado internacional entre el Estado y el grupo insurgente, un tratado firmado por el Estado y terceros estados, un acuerdo especial humanitario, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y una declaración unilateral del Estado—.

Este informe es el resultado de un esfuerzo colaborativo, en el que participó Dejusticia entre otras organizaciones de América Latina, para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Igualmente, pone a disposición de la sociedad civil elementos para incidir en la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, al igual que brinda recomendaciones para los Estados.

In this book, we offer an examination of and recommendations for women’s participation in Colombia’s peace processes, with an eye toward strengthening spaces for participation and, in doing so, ensuring that the peace accord is ultimately translated into long-term social pacts that are inclusive and committed to justice and equity.

El libro analiza las políticas de privacidad de algunas empresas con modelos de negocios basados en datos en cuatro países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia y México. Asimismo, evalúa qué tan preparado se encuentran estos Estados para proteger a sus ciudadanos frente a la explotación de los datos personales y para hacerle frente a los desafíos legales y técnicos del tratamiento automatizado de grandes cantidades de datos (big data) en un contexto trasnacional, en constante transformación y con actores tan o más poderosos que los propios Estados-Nación.

Desde Dejusticia nos propusimos hacer un análisis de cómo están compuestos estos tribunales, cómo deciden y cuáles son sus posibilidades y debilidades para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.