¿Cómo se han garantizado los derechos de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas LGBTIQ+ en la implementación del Acuerdo Final de Paz? Esta pregunta  es lo que ha intentado responder un grupo de organizaciones de la sociedad civil que componen el Grupo de Género en la Paz (GPAZ) conformado por Colombia Diversa, la Red Nacional de Mujeres, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Humanas, Sisma Mujer, Women’s Link y Dejusticia.

Durante más de cinco años, GPAZ ha hecho seguimiento a la implementación de las medidas con enfoque de género en cada uno de los puntos del Acuerdo Final de Paz (AFP): reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas, víctimas del conflicto y verificación. 

Hoy, 31 de agosto de 2023, GPAZ lanza el IV Informe del Grupo Género en la Paz – GPAZ con observaciones sobre los avances durante el año 2021 y el primer semestre de 2022. Periódicamente, GPAZ ha realizado el seguimiento y la incidencia para la adecuada implementación de las medidas de género del AFP y ha aportado elementos clave en cada uno de los puntos de dicho acuerdo con el fin de hacer visibles los efectos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado en la vida de las mujeres, las adolescentes, las niñas y las personas LGBTIQ+. 

GPAZ identificó 122 medidas de género en el AFP, de las cuales ha hecho seguimiento a 109, en este IV informe se analizó que de estas:

• Solamente 2 han sido implementadas completamente 
• 37 están implementadas parcialmente
• 6 existen, pero no se han implementado 
• 20 aún no existen, lo que quiere decir que no está creado el mecanismo para su implementación 
• Y de 44 de esas medidas no hay información 

Finalmente, la red de organizaciones emitió una serie de recomendaciones para avanzar con la implementación de las medidas de género en el actual Gobierno. 

Desde Dejusticia apoyamos el análisis de la implementación del punto 4 del Acuerdo sobre la “solución al problema de las drogas ilícitas”. En este punto, GPAZ identificó 12 medidas con enfoque de género relacionadas con el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (5 medidas) y los programas de prevención del consumo y la salud pública (7 medidas).

Según el informe, si bien el punto 4 del Acuerdo es uno de los que más se ha avanzado, más de cinco años después de la implementación ninguna de las medidas con enfoque de género ha sido cumplida en su totalidad. El 50% de las medidas con enfoque de género del punto 4 se han implementado parcialmente. Por ejemplo, se avanzó en la participación de las mujeres y de sus organización en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en la formación de los equipos territoriales de la Dirección de Sustitución de Cultivos en temas como la participación y el liderazgo femenino, el empoderamiento económico y la atención de Violencias Basadas en Género. 

Sin embargo, medidas más concretas como la formalización del protocolo para la incorporación del enfoque de género se dió solamente hasta abril de 2021 y no hay información concreta sobre la creación del programa de guarderías infantiles rurales en zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito más allá del número de atenciones recibidas por los niños y niñas de 0 a 6 años en estas zonas. 

El 17% de las medidas se han creado formalmente pero no se han implementado. Este es el caso del ajuste participativo de la política pública frente al consumo de drogas que debía tener en cuenta las necesidades de las personas usuarias de drogas según la edad, el género y otras características. Esta política fue expedida en 2019 y busca reducir el consumo y abuso de sustancias psicoactivas. Sin embargo, no establece medidas concretas para la atención de mujeres y personas LGBTIQ+ consumidoras. 

Finalmente, sobre el 25% de las medidas de género en el punto 4, no hay información pública sobre su avance. Es una lástima porque dentro de estas medidas se encuentran algunas muy interesantes como la contratación de organizaciones de mujeres rurales para la ejecución de los planes de sustitución de cultivos y las acciones de reducción de daños que tengan en cuenta la relación entre el consumo de las drogas ilícitas y la violencia de género.

Tras cinco años de implementación del Acuerdo Final de Paz se evidencia, especialmente en el anterior gobierno de Iván Duque, una desaceleración en la implementación de medidas de género. Es urgente que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ponga en marcha un plan que asegure la implementación de las medidas de género del acuerdo como un compromiso de su apuesta por la Paz Total.  

Encuentre el informe publicado en el siguiente enlace: 

https://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2023.pdf