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El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, junto a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, durante su primer discurso en Bogotá el domingo 19 de junio de 2022. | EFE

Compartimos 12 acciones con las que buscaremos avanzar por los DD. HH. en el nuevo gobierno de Colombia

Desde Dejusticia identificamos 12 temas con las que habrá que dar pasos adelante por los derechos humanos en la nueva agenda del país.

Por: DejusticiaJune 20, 2022

Según el preconteo de votos adelantado por la Registraduría Nacional, Gustavo Petro Urrego es el presidente electo de Colombia para el periodo 2022-2026, quien junto a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez Mina, prometen trazar nuevas rutas para el país.

La elección de un nuevo gobierno, cualquiera que sea su proyecto político, nos lleva a las organizaciones de la sociedad civil colombiana a estar vigilantes frente al menos dos temas: la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con las garantías que esto ofrece para la democracia, y la garantía de los derechos humanos y la protección de las conquistas en defensa del Estado de derecho y de la Constitución.  

En ese sentido, en la nueva agenda del país hay diversos temas sobre los que habrá oportunidades de avanzar, corregir el camino o ejercer veeduría. Por eso, desde Dejusticia identificamos 12 temas con las que habrá que dar pasos adelante por los derechos humanos en los próximos cuatro años:

Justicia transicional: 

Vigilar los instrumentos de política criminal y sometimiento de actores armados a la justicia estén en línea con los estándares internacionales y constitucionales sobre garantía de los derechos de las víctimas al tiempo que permiten la construcción de paz.

Justicia tributaria

Velar para que el recaudo, la distribución y la ejecución de los recursos públicos cumpla con los principios de transparencia, sostenibilidad y eficiencia.

Justicia socioeconómica: 

Trabajar para que sean realidad las promesas de implementar un etiquetado frontal de advertencia, un impuesto a las bebidas azucaradas y un sistema que garantice la soberanía alimentaria para todas y todos. 

Tierras y campesinado: 

Hacer seguimiento a las promesas de una reforma rural integral amplia para que se materialicen, al cumplimiento de la política pública con protagonismo campesino y a la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Para las regiones:

Promover la implementación de acciones que garanticen la no repetición y la convivencia pacífica en los territorios y que se escuchen las propuestas comunitarias y colectivas de protección y se implemente integralmente la paz territorial.  

Antidiscriminación de género: 

Estar atentos a que el gobierno garantice los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, se cumplan las normas que establecen la representación paritaria de las mujeres en cargos públicos y se implemente del sistema nacional de cuidado

Justicia ambiental: 

Exigir que se cumplan las propuestas sobre el impulso a actividades productivas protectoras de la naturaleza, la transición energética justa y la vinculatoriedad de las decisiones de la ciudadanía en asuntos ambientalesLas autorizaciones ambientales tengan en cuenta el impacto de los proyectos en los derechos humanos. Se adopten normas para la gestión de los desplazamientos climáticos.

Política de drogas: 

Impulsar la reforma a la política de drogas con enfoque de género, salud pública y de reducción de daños, así como la revocatoria o modificación de los actos administrativos que priorizan las acciones de erradicación (terrestre o aérea) sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito, dando cumplimiento a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia.

La protección de líderes y lideresas sociales: 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo Final de Paz que tienen un sustento normativo fuerte, pero que no han sido cumplidas. Estas garantías materializan el enfoque de seguridad humana y tienen el potencial para garantizar #ElDerechoADefenderDerechos y demás derechos fundamentales de líderes y lideresas sociales. 

Justicia étnico-racial: 

Estudiar rutas para la consolidación de la autonomía territorial indígena, a través de los decretos 1953 de 2014 y 632 de 2018 y la reglamentación del artículo 330 de la Constitución Política, sobre las Entidades Territoriales Indígenas. También, el cumplimiento de los objetivos del nuevo Ministerio de la Igualdad para que realmente esté encaminado a superar las discriminaciones y desigualdades étnico raciales con un enfoque interseccional. 

Transparencia y lucha contra la corrupción: 

Insistir en lograr el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, tanto activa como pasiva, de temas centrales En especial, en materia ambiental, fiscal, de seguridad e inteligencia y de lucha contra la corrupción.

En el sistema judicial

Participar en la discusión pública de reformas a la justicia en varios niveles: reformas estructurales que aseguren la independencia judicial y el aumento del acceso a la justicia; la implementación de la justicia restaurativa como alternativa al encarcelamiento en la justicia penal y los planes de prevención y judicialización de la violencia y las reformas para fortalecer la investigación y sanción de la corrupción. 

 

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