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Comunicado de organizaciones de la sociedad civil e internacionales sobre la CICIG

Organizaciones de sociedad civil de la región e internacionales saludamos los logros alcanzados por CICIG e instamos a la comunidad internacional a proteger su legado y a continuar apoyando la lucha contra la impunidad.

Por: agosto 23, 2019

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha demostrado ser un ejemplo pionero de cómo la comunidad internacional puede apoyar a países sumidos en la impunidad. La CICIG ha desplegado significativos esfuerzos para combatir la corrupción de alto nivel arraigada en Guatemala, ha impulsado importantes reformas legales y ha mejorado las capacidades domésticas, ganándose con todo esto, la abrumadora aprobación del pueblo guatemalteco. En otros países, sociedades cansadas de la corrupción se han sentido alentadas por la experiencia guatemalteca, han aprendido de ella y, de hecho, han intentado replicarla en otros lugares. La comunidad internacional debe celebrar y apoyar este éxito.

En sus 12 años, la CICIG desempeñó un papel crucial en el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia de Guatemala, por medio del avance de casos paradigmáticos de corrupción y del procesamiento de criminales poderosos (incluyendo el desmantelamiento de 70 estructuras criminales), brindando apoyo internacional en 34 reformas legales clave, promoviendo la adopción de herramientas y técnicas de investigación modernas y fortaleciendo – e incluso salvaguardando – las instituciones estatales y el sistema democrático en general.

En los últimos años, los países de América Latina – así como muchos otros en todo el mundo – se han visto afectados por grandes casos de corrupción y, como consecuencia, por graves y masivas violaciones de derechos humanos. La infiltración de elementos criminales en el aparato estatal de varios países no solo ha aumentado en dimensiones y alcance, sino que también ha adoptado un mayor nivel de sofisticación y complejidad, inclusive en algunos países hasta las más altas autoridades públicas han sido cómplices de corrupción o cooptadas por el crimen organizado. Esto ha generado un fuerte movimiento ciudadano y exigencias de rendición de cuentas, pero lamentablemente muchos de estos casos se mantienen en la impunidad, y los sistemas de justicia penal resultan insuficientes para enfrentar con efectividad la investigación y persecución de perpetradores poderosos.

Hace doce años, cuando la CICIG comenzó sus operaciones, Guatemala era uno de los ejemplos más extremos de esta aflicción. Éstos eran tiempos en los que desafiar el poder paralelo parecía una tarea imposible, cuando la impunidad corría desenfrenada y se pensaba que ciertas personas de alto perfil eran simplemente intocables. Durante su mandato, la CICIG logró destruir estas percepciones. Trabajando en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, la labor de la CICIG ha resultado en más de 320 investigaciones y en el enjuiciamiento de varios altos funcionarios de gobierno, de docenas de narcotraficantes poderosos, de redes de extorsión, de políticos y de oficiales de seguridad de alto rango. Además, sus investigaciones han expulsado a más de una docena de jueces y miles de policías corruptos. Así es como, de la mano de la CICIG, Guatemala se convirtió en un líder mundial en la lucha contra la corrupción y el enjuiciamiento en tribunales nacionales de crímenes internacionales.

La decisión del gobierno guatemalteco de terminar de manera unilateral el acuerdo con las Naciones Unidas, y la continua violación de sus obligaciones convencionales, no debe ser aquello por lo que se recuerde a CICIG, sino que, por el contrario, estos eventos deben servir como un recordatorio de que aquellos que se benefician de la corrupción harán todo lo que esté en su poder para evitar que tales iniciativas tengan éxito. También deben servirle a la comunidad internacional como una advertencia de que las iniciativas que tienen como objetivo la rendición de cuentas solo tendrán éxito cuando la sed nacional de justicia se vea respaldada por un apoyo internacional consistente y sólido. De hecho, la erosión de este apoyo en los últimos dos años fue lo que permitió que los actores corruptos finalmente lograran socavar el mandato de la CICIG, revertir los logros en el ámbito de independencia procesal y judicial, y lanzar peligrosos y continuos ataques en contra de la Corte Constitucional del país.

La lucha contra la corrupción y la impunidad son elementos centrales en la protección de los derechos humanos. Combatir la corrupción y el crimen organizado no sólo es de interés del Estado, sino que también constituye una obligación a la luz del derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que los esfuerzos para combatir la corrupción son esenciales para asegurar el disfrute de derechos humanos reconocidos por la Convención Americana, en particular, derechos económicos, sociales y culturales que dependen de una gobernanza transparente y efectiva. La corrupción en el ámbito de la gestión de fondos públicos pone en riesgo la capacidad del gobierno de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos sociales, específicamente, “en materia de alimentación, salud, trabajo, educación, vida digna y justicia”. El sistema interamericano de derechos humanos, como último protector de los derechos de las personas de nuestra región, debe defender sus propias palabras y resguardar estos mecanismos y su trabajo con todas las herramientas que tiene a su disposición.

Expresamos nuestra profunda preocupación por los asesinatos de defensores de derechos humanos y la criminalización de los periodistas, abogados y fiscales que formaron parte de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Instamos al Ministerio Público y a las autoridades del nuevo gobierno guatemalteco a que protejan los avances alcanzados y sigan trabajando en la lucha contra la impunidad. En particular, es esencial facilitar el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, involucrada en varias investigaciones de corrupción de alto nivel actualmente en curso.

Cuando sea el momento oportuno, la comunidad internacional, a través de un apoyo integrado y multilateral, de las instituciones de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, debe estar preparada para ayudar a Guatemala a reanudar su lucha contra la impunidad; así como también debe aprender de estos desafíos para poder responder de manera efectiva a todas esas personas y gobiernos que se han llenado de esperanza e inspiración por el éxito logrado por la CICIG.

Organizaciones que suscriben:

Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica

Buscando desaparecidos México, BUSCAME, México

Caleidoscopio Humano (CH), Venezuela

Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS), México

CARECEN DC, Estados Unidos

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, México

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Venezuela

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Regional

Cepaz, Venezuela

Coalición Contra la impunidad (CCI), Honduras

Comisión Colombiana de Juristas, Colombia

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Ecuador

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú

Cristosal, El Salvador

Defensa en Acción, Venezuela

Dejusticia, Colombia

Desaparecidos del Fuerte y Zona Norte A.C., México

El Archivo de Seguridad Nacional, Estados Unidos

El Día Después, México

El Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), Regional

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Honduras

Foro Internacional de Derechos Laborales, Internacional

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila (FUUNDEC)

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ)

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México (FUUNDEM)

Fundación Aguaclara, Venezuela

Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Ecuador

Fundación Find, México

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Capítulo Salvadoreño de Transparencia Internacional

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Fundación para el Debido Procedo (DPLF), Regional

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), México

Fundación Tribuna Constitucional, Bolivia

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, Colombia

Guatemala Human Rights Commission – Estados Unidos

Heinrich Böll Stiftung Oficina San Salvador

Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., México

Impunity Watch, Internacional

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), México

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), México

Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), México

JASS Mesoamérica (Asociadas por lo Justo), Regional

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Regional

Laboratorio de Innovación para la Paz, México

Laboratorio de Paz, Venezuela

México Unido Contra la Delincuencia, AC, México

Observatorio Designaciones Públicas, México

Observatorio Derechos Humanos y Justicia, Ecuador

Open Society Justice Initiative, Internacional

Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), México

Oxfam América, Internacional

Paz y Esperanza, Perú

Plataforma Contra la Impunidad, Internacional

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Venezuela

Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), Venezuela

Renacer Lagunero, México

Robert F. Kennedy Human Rights, Internacional

Sabuesos Guerreras, México

Servicio Judío Americano Mundial (AJWS), Estados Unidos

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), México

Synergía – Iniciativas por los Derechos Humanos, Regional

Tlachinollán, Centro de Derechos Humanos de la Montana, México

Transparencia Internacional, Capítulo Venezuela

Zacatecanas y zacatecanos por la Paz, México

Y La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Expertos independientes:

Diana C. Iris García.

Daniel Vázquez, profesor el IIJ-UNAM y FLACSO-México.

Alberto Athie.

Eliana García.

Silvano Cantú.

Marcela Villalobos.

Michael Chamberlin.

Mara Gómez Pérez.

Mariclaire Acosta.

Chrístel Rosales.

Nicómedes Fuentes García

Simón Hernández León

Itzel Checa

Jorge Javier Romero

 

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